Amnistia Internacional http://www.derechos.org/amnesty/doc COLOMBIA Se agrava la crisis de derechos humanos Febrero de 1996 Indice de AI: AMR 23/02/96/s Distr: SC/CO SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO COLOMBIA Se agrava la crisis de derechos humanos La prolongada crisis de derechos humanos que viene asolando Colombia se agravo durante 1995 al alcanzar proporciones alarmantes en varias regiones del pais un conflicto civil que se libra con cinico desprecio por los derechos humanos y los principios humanitarios internacionales. El optimismo y la esperanza que genero inicialmente la politica de derechos humanos anunciada por el presidente Ernesto Samper no se han visto justificados por los hechos, y cada vez es mayor el escepticismo sobre la voluntad politica del gobierno de poner fin a las sistematicas violaciones de derechos humanos que continuan registrandose en Colombia. En 1995, mas de 2.500 personas fueron victimas de asesinatos que obedecieron a motivos politicos. La tortura se practico de forma generalizada, y se registraron mas de 150 "desapariciones". Varios cientos de personas perdieron la vida durante enfrentamientos violentos entre las fuerzas armadas, sus aliados paramilitares y los grupos armados de oposicion. La gran mayoria de las victimas, como anteriormente, fueron civiles que no participaban en el combate, escogidos por sus simpatias politicas reales o supuestas. Decenas de miles de personas quedaron sin hogar, sumandose a las aproximadamente 600.000 ya desplazadas internamente por la violencia politica de la decada precedente. No prospero la propuesta del gobierno sobre conversaciones de paz con los principales grupos armados de oposicion --las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejercito Popular de Liberacion (EPL) y el Ejercito de Liberacion Nacional (ELN). La idea fue abandonada en julio como resultado de la resistencia presentada por los altos mandos militares y de la renuncia del Alto Comisionado para la Paz, quien no fue reemplazado.[1] Los tres grupos continuaron su campan~a de oposicion armada a lo largo del an~o. Ante el fracaso de su iniciativa de paz, el gobierno reacciono aumentando el presupuesto militar e introduciendo, mediante decretos ejecutivos de excepcion, medidas que aumentaban la capacidad contrainsurgente de las fuerzas armadas reduciendo los controles judiciales que pesaban sobre tales operaciones. El gobierno declaro estados de excepcion en dos ocasiones. La primera, en agosto, coincidio con una grave crisis politica desencadenada por la investigacion de acusaciones de que la campan~a electoral realizada en 1994 por el presidente Samper habia recibido aportes monetarios de organizaciones de narcotraficantes. Ante la decision de la Corte Constitucional de anular la declaracion del estado de excepcion por considerar que no era justificada, en noviembre el gobierno recurrio a la medida de declarar un estado de <> tras el asesinato, en la ciudad de Bogota, de Alvaro Gomez Hurtado, miembro destacado del Partido Conservador. Amparandose en ambos estados de excepcion, el gobierno instituyo, por decreto del Poder Ejecutivo, una serie de medidas autoritarias que posteriormente remitio al Congreso para que este organo las convirtiera en disposiciones legislativas permanentes. Entre las medidas intoducidas figuraron la autorizacion para realizar registros domiciliarios sin la orden judicial pertinente, la reduccion de la edad minima de responsabilidad penal a 14 an~os, la censura parcial a la prensa y el permiso otorgado a las autoridades civiles y militares para proceder a la evacuacion forzada de civiles de las zonas donde se desarrollaran operaciones contrainsurgentes. En enero, la Corte Constitucional declaro exequible el decreto de noviembre por el que el presidente Samper habia declarado el estado de excepcion, que despues el gobierno prorrogo por otros 90 dias. El presidente Samper manifesto que ciertos hechos como la fuga de la carcel de un presunto narcotraficante <>. El prolongado conflicto civil se recrudecio en varias zonas del pais con las ofensivas que lanzaron las fuerzas paramilitares, apoyadas, a menudo, por sectores del ejercito, para extender su control de territorio. Durante el ultimo an~o, las fuerzas guerrilleras tambien parecen haber incrementado considerablemente su capacidad belica, y han cometido numerosos abusos contra el derecho humanitario internacional, incluyendo cientos de homicidios deliberados y arbitrarios y el secuestro y la retencion de centenares de rehenes. Todos los principales grupos guerrilleros colombianos han cometido homicidios deliberados y arbitrarios de civiles. Entre las victimas se han contado personas asesinadas cuando se resistian a ser secuestradas, desertores de organizaciones guerrilleras, funcionarios del gobierno local acusados de corrupcion, personas a quienes se imputaba colaboracionismo con los militares, ladrones y narcotraficantes de zonas urbanas, y miembros de Esperanza, Paz y Libertad, partido politico formado por ex-miembros del EPL, grupo guerrillero desmovilizado tras un acuerdo de paz con el gobierno. La captura y retencion de rehenes se ha ido generalizando, y los fondos devengados por los rescates se han convertido en uno de los principales ingresos de los grupos guerrilleros. Otras victimas son secuestradas por moviles politicos, ya sea para presionar a las autoridades a fin de que acepten propuestas de los guerrilleros o para exigir publicidad para las politicas de estos. Algunos rehenes han sido asesinados por no haberse pagado el rescate exigido. Los grupos paramilitares, declarados ilegales en 1989, han continuado cometiendo abusos generalizados contra los derechos humanos, incluyendo cientos de homicidios politicos de civiles a quienes consideraban subversivos o colaboradores de los guerrilleros. Entre las victimas ha habido dirigentes populares, educadores, sindicalistas y defensores de los derechos humanos. El gobierno no tomo medida alguna para cumplir su promesa de desmovilizar a los grupos paramilitares y llevar ante la justicia a los responsables de abusos graves y sistematicos. Pese a que se detuvo a un reducido numero de miembros de grupos paramilitares, los lideres mas conocidos siguieron libres, protegidos por altos mandos de las fuerzas armadas. La ofensiva paramilitar cobro fuerza a finales de 1994 cuando una reunion cumbre de grupos de "autodefensa" decidio desarrollar una estrategia coordinada a nivel nacional para <>. Entre las decisiones de esta cumbre figuraron <> y exigir que el gobierno reconociese el estatus politico de las organizaciones paramilitares. En investigaciones oficiales e independientes salieron a la luz pruebas del continuo apoyo de las fuerzas armadas a las organizaciones paramilitares. Varias regiones del pais se vieron especialmente afectadas por la ofensiva combinada de las fuerzas militares y paramilitares, entre ellas la region central del Magdalena Medio, los departamentos del Meta, Norte de Santander y Cesar y la region de Uraba, en el departamento de Antioquia. Las operaciones militares realizadas por las fuerzas armadas regulares fueron directamente causantes de graves violaciones de derechos humanos, al escogerse deliberadamente a civiles como blanco de homicidios indiscriminados. La expansion y consolidacion de las actividades paramilitares ilegales se ha ido acelerando palpablemente durante el gobierno del presidente Samper, pese a sus promesas de disolver tales grupos. Es mas: las autoridades no solo no han cumplido su promesa de erradicar a las organizaciones paramilitares sino que, por an~adidura, es indudable que ciertas decisiones politicas adoptadas por el gobierno del presidente Samper han contribuido a la proliferacion de estos grupos. Causa inquietud, en especial, el programa gubernamental para la creacion de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR), grupos civiles de vigilantes encargados de ayudar a las fuerzas armadas y de seguridad en tareas de recoleccion de inteligencia relacionadas con las actividades de contrainsurgencia. Segun las autoridades, ya funcionan mas de un centenar de estos grupos en todo el pais, en su mayoria en zonas rurales, bajo el control directo de los comandantes regionales del ejercito. El control civil de la creacion y actividades de estas Asociaciones es del todo inadecuado. Amnistia Internacional esta seriamente preocupada que estos grupos de vigilantes civiles podrian ser empleados por elementos de las fuerzas armadas y de seguridad para desarrollar nuevas estructuras paramilitares a fin de perpetuar y extender practicas de contrainsurgencia ilegales, como las ejecuciones extrajudiciales y las "desapariciones". La impunidad continuo reinando en los casos de violaciones de derechos humanos. En la gran mayoria de los casos de ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones" y torturas, los responsables no fueron puestos en manos de la justicia. En algunos casos, las investigaciones disciplinarias llevadas a cabo por la Procuraduria General de la Nacion dieron lugar a la imposicion de sanciones --incluyendo la destitucion-- de miembros de las fuerzas armadas responsables de violaciones de derechos humanos de caracter grave. Tras una decision sin precedentes del Procurador Delegado para los Derechos Humanos, en septiembre de 1995 se destituyo a un general de brigada por responsabilidad en el secuestro, tortura y muerte de la activista politica Nydia Erica Bautista, ocurrido en 1987. La destitucion del general de brigada Alvaro Velandia Hurtado suscito la vigorosa oposicion de altos mandos militares y sectores del Congreso colombiano que intentaron, sin exito, que se lo restituyera a su cargo. Tras el llamamiento inicial del Procurador Delegado para que se destituyera al general de brigada Velandia, este fue condecorado por el comandante de las fuerzas armadas, por orden del presidente Samper. El Procurador Delegado para los Derechos Humanos dimitio de su cargo y abandono el pais tras recibir repetidas amenazas de muerte. En este clima de obstruccionismo e intimidacion, las sanciones disciplinarias siguieron siendo una excepcion y la impunidad en las investigaciones criminales fue practicamente total, ya que los tribunales militares, que siguieron reclamando jurisdiccion, no hicieron responder ante la ley a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que habian cometido violaciones de derechos humanos. Aun en aquellos casos en que miembros de las fuerzas armadas fueron declarados responsables de graves violaciones de derechos humanos tras investigaciones disciplinarias, los tribunales militares invariablemente retiraron los cargos o absolvieron a los perpetradores. En febrero de 1996, el Procurador General de la Nacion publico su informe sobre el periodo comprendido entre julio de 1994 y julio de 1995, en el que se indicaba que <>. Durante estos 12 meses se habian iniciado casi 2.000 investigaciones. Los casos mas frecuentes de violaciones de derechos humanos bajo investigacion se relacionaban con lesiones, torturas (incluyendo abusos sexuales) y ataques contra la poblacion civil. El Procurador General pidio que se adoptaran medidas encaminadas a depurar a las fuerzas armadas. El gobierno colombiano ha afirmado repetidamente su compromiso con la mejora del respeto por los derechos humanos en su pais. No obstante, han faltado medidas efectivas para cumplir las promesas que el presidente Samper formulo en 1994 al asumir su cargo. La voluntad politica del gobierno de llevar a la practica su programa de derechos humanos parece haber sufrido un grave embate en 1995 al desencadenarse la crisis politica que amenazo su continuidad en el poder. Frente a una amenaza grave y prolongada a su legitimidad y credibilidad, el gobierno ha escogido dar prioridad absoluta a su propia supervivencia a expensas de muchos de los propios programas a los que inicialmente habia asignado un lugar prioritario, incluyendo su promesa de poner fin a los abusos contra los derechos humanos. La voluntad politica del gobierno de tomar medidas efectivas para erradicar los abusos graves y sistematicos ha sido puesta en tela de juicio de modo creciente por las medidas y politicas instituidas en 1995, que son claramente incompatibles con el programa oficial de derechos humanos. Por otra parte, no se han puesto en practica las recomendaciones formuladas por los relatores especiales de las Naciones Unidas tras sus visitas a Colombia en 1994. Dada la falta de disposicion del gobierno colombiano a dar pasos efectivos para poner punto final a la prolongada crisis de derechos humanos, Amnistia Internacional considera que la Comision de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deberia, conforme a las recomendaciones de los relatores especiales sobre la cuestion de la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, nombrar un relator especial en virtud del tema 10 de su programa. URABA: UNA REGION EN CRISIS La region mas gravemente afectada por la intensificacion del conflicto militar en los ultimos meses es Uraba, en el noroeste del departamento de Antioquia, que se ha visto arrastrada por un torbellino de violencia que la ha sumido en una grave y persistente crisis de derechos humanos. Ya hace tiempo que la region de Uraba, centro de la industria bananera de Colombia, viene siendo foco de un encarnizado conflicto politico que ha costado la vida a muchos centenares de personas. Los tres principales grupos armados de oposicion --las FARC, el EPL y el ELN-- establecieron una fuerte presencia en la region durante la decada de los 70 y, en la practica, detentaron el poder militar y politico en la region durante varios an~os. El incremento de la militarizacion de Uraba a mediados de la decada de los 80 y la creciente fuerza de los grupos paramilitares apoyados por el ejercito desencadenaron una escalada de la violencia politica en la que se generalizaron las violaciones de derechos humanos en la region. A finales de la decada de los 80, las fuerzas armadas colombianas y sus aliados paramilitares fueron responsables de una serie de matanzas de sindicalistas de la industria bananera y activistas politicos y populares que supuestamente apoyaban a las organizaciones subversivas. Aunque el acuerdo de paz de 1990 con el sector mayoritario del EPL dio lugar a un periodo inicial de reducida violencia politica, desde 1992 ha crecido progresivamente el numero de asesinatos por motivos politicos. De los aproximadamente 600 miembros del EPL que se desmovilizaron en Uraba y se afiliaron al nuevo partido politico Esperanza, Paz y Libertad, casi la mitad han sido asesinados. Muchas de estas muertes se han atribuido a la faccion del EPL que continuo la oposicion armada y al V frente de las FARC. Otros han sido asesinados por las fuerzas armadas colombianas y por grupos paramilitares. Los miembros del Partido Comunista de Colombia (PCC) y del partido Union Patriotica (UP) tambien han sido victimas de una campan~a sistematica de eliminacion emprendida por las fuerzas armadas, los grupos paramilitares y los "Comandos Populares" --rama militar clandestina del partido Esperanza, Paz y Libertad. La violencia politica se exacerbo en 1994 con el lanzamiento de una ofensiva paramilitar destinada a ganar el control militar y politico de la region. La inaccion del gobierno a la hora de mantener el control de la zona e impedir que las organizaciones paramilitares y los grupos guerrilleros ataquen a civiles ha causado una oleada de violencia y un quebrantamiento casi completo del orden publico. La poblacion civil se vio atrapada entre varios fuegos en la lucha de los grupos paramilitares y los guerrilleros de las FARC y el EPL para ganar el control del territorio. Los encuentros violentos entre los grupos armados fueron poco comunes; en la mayoria de los casos, las fuerzas paramilitares y el V frente de las FARC dirigieron sus ataques contra sectores de la poblacion civil que sospechaban prestaban apoyo a grupos armados rivales. Solo en 1995, la lucha por el control del territorio costo la vida a mas de 600 personas que, en su gran mayoria, eran civiles ajenos al conflicto armado. Al menos 15.000 personas, principalmente mujeres y nin~os, abandonaron sus hogares huyendo de la embestida paramilitar y de las represalias de las FARC. Pese a que la region de Uraba esta fuertemente militarizada por la presencia de las XVII, XI y IV Brigadas del ejercito, las fuerzas armadas y de seguridad han tomado poca o ninguna medida para proteger a la poblacion civil o combatir a los grupos paramilitares y grupos armados de oposicion. Las entidades oficiales de derechos humanos como la Defensoria del Pueblo y los Personeros locales han recibido informes convincentes y unanimes de que las fuerzas armadas regulares no solo han tolerado la actividad paramilitar en la region sino que, en numerosas ocasiones, la han apoyado directamente y han cooperado con los grupos paramilitares en operaciones conjuntas. Los resultados de una investigacion realizada por la Comision Verificadora,[2] publicados en septiembre de 1995, confirman la existencia en esta region de una alianza entre las fuerzas paramilitares y las fuerzas armadas ordinarias. Refiriendose a las acciones de las fuerzas paramilitares, la Comision considero que: <>. En una serie de matanzas ocurridas en agosto y septiembre perdieron la vida decenas de civiles. Dieciocho personas, entre ellas cuatro mujeres y dos menores de edad, fueron asesinadas el 12 de agosto por fuerzas paramilitares que irrumpieron en el bar El Aracatazzo, en el vecindario de El Bosque, de la localidad de Chigorodo, en Uraba. Al parecer, los pistoleros declararon que <>. Muchos de los residentes de El Bosque son miembros o simpatizantes de la UP, partido legal de orientacion izquierdista. Los homicidios fueron atribuidos a los Comandos de Alternativa Popular, grupo paramilitar que declaro que el ataque era represalia por el asesinato de tres soldados y tres civiles, ocurrido unas horas antes en la localidad de Apartado, presuntamente a manos de milicias urbanas de las FARC. En una serie de ataques que aparentemente se lanzaron como represalia, las FARC dieron muerte a decenas de simpatizantes de Esperanza, Paz y Libertad, a cuyos miembros acusan de apoyar los ataques paramilitares contra el PCC y la UP. Muchas de las victimas de las acciones de las FARC eran guerrilleros desmovilizados del EPL a quienes las fuerzas de seguridad habian reclutado como agentes o informantes. Otras eran trabajadores bananeros, entre ellos mujeres, de quienes no se tenia informacion de que participaran en actividades militares o politicas. Ademas de las matanzas perpetradas como represalia, que recibieron gran publicidad, decenas de personas fueron escogidas individualmente como blanco de asesinatos, especialmente en los barrios pobres de las zonas rurales. Es dificil atribuir responsabilidades por los asesinatos individuales, pero se cree que muchas de las victimas eran miembros de milicias urbanas apoyadas por los guerrilleros, informantes de las fuerzas de seguridad o colaboracionistas con los grupos paramilitares.[3] Si bien es cierto que el esfuerzo militar por alcanzar la supremacia y dominar el territorio de la region ha sido la causa directa de muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas, tambien es verdad que el conflicto armado se ha visto exacerbado por la lucha politica que se viene librando por el control de los concejos locales de la region, lucha en la que estan enzarzados Esperanza, Paz y Libertad, la UP y un cierto numero de candidatos que cuentan con el apoyo de los grupos paramilitares. Mision Internacional de Observadores para Uraba Numerosas organizaciones civiles y politicas, entre ellas la Comision Verificadora, consideran que las iniciativas nacionales para resolver el conflicto en Uraba han resultado inadecuadas, y han solicitado la presencia de un destacamento internacional de observadores de derechos humanos. En octubre de 1995, una delegacion oficial encabezada por el gobernador de Antioquia, la alcaldesa de Apartado y un representante del gobierno nacional solicitaron oficialmente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a varias organizaciones no gubernamentales europeas que establecieran una mision permanente de observadores internacionales en Uraba; propusieron que se encargase a dicha mision vigilar la observancia de las normas humanitarias internacionales y estudiar la manera de conseguir que todos los grupos armados de la region llegasen a un acuerdo sobre la aplicacion del derecho humanitario internacional. Amnistia Internacional cree que la presencia de observadores civiles internacionales en Uraba podria contribuir considerablemente a la mejora del respeto por los derechos humanos en la region. LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Los miembros de las organizaciones no gubernamentales y otras personas que se esfuerzan por fomentar el respeto por los derechos humanos se han convertido de modo creciente en blanco de amenazas, intimidaciones y atentados contra sus vidas. Varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Comite de Solidaridad con Presos Politicos (CSPP), la Asociacion de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) y el Comite Civico de Derechos Humanos del Meta se han visto obligadas a cerrar sus oficinas en distintas zonas del pais debido a las continuas amenazas y, en algunos casos, ataques, que han sufrido sus miembros. Los funcionarios de entidades estatales como la Procuraduria General de la Nacion tambien han sido blanco de amenazas e intimidaciones como resultado directo de sus esfuerzos por identificar y sancionar a los agentes del Estado responsables de violaciones de derechos humanos. Varios defensores de los derechos humanos han abandonado el pais debido a la falta de garantias para su seguridad personal en el desempen~o de actividades legitimas. Javier Barriga Vergel, abogado que se ocupaba de casos relacionados con derechos humanos, fue abatido a tiros frente a su domicilio de Cucuta, departamento de Norte de Santander, en junio de 1995. Trabajaba con el CSPP y con el Colectivo de Abogados, y habia sido amenazado de muerte por el grupo paramilitar Colombia Sin Guerrilla porque representaba a presos politicos. Desde su creacion en 1991, el Comite Civico de Derechos Humanos del Meta ha sufrido numerosos ataques. A principios de 1995 se multiplicaron las amenazas contra sus miembros y se recibio anonimamente una advertencia de que se preparaba un ataque contra la hermana Nohemy Palencia, monja catolica y destacado miembro del Comite. En abril de 1995, el Comite cerro sus oficinas en Villavicencio, la capital del departamento, y continuo su labor de derechos humanos desde Bogota. Las amenazas contra sus miembros no cesaron. En agosto, bajo los auspicios del gobierno de Alemania, se creo una comision integrada por representantes del gobierno y de organizaciones de derechos humanos no gubernamentales a la que se encargo documentar las violaciones cometidas contra los derechos humanos y el derecho humanitario en el departamento del Meta desde 1985, analizar las causas de la violencia politica en la region y, en un plazo de tres meses, recomendar a las instituciones judiciales y gubernamentales pertinentes las medidas que estimase necesarias para superar la impunidad que desvirtua las investigaciones. Con excepcion de dicha comision, poco ha hecho el gobierno para investigar el cuadro de amenazas, hostigamientos y ataques contra los defensores de los derechos humanos o para introducir mecanismos efectivos encaminados a proteger a quienes corren peligro. El gobierno colombiano debe reiterar publicamente que reconoce la legitimidad de las actividades de defensa de los derechos humanos y debe velar por que todos los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad respeten y protejan la integridad fisica de los defensores de los derechos humanos. LA ACCION INTERNACIONAL Durante la ultima decada ha aumentado progresivamente la preocupacion internacional ante la escalada de la crisis de derechos humanos en Colombia. Numerosas delegaciones no gubernamentales internacionales han visitado Colombia y han publicado informes que critican energicamente la falta de accion de sucesivos gobiernos colombianos a la hora de combatir las violaciones de derechos humanos generalizadas en este pais. La situacion en Colombia tambien ha causado creciente inquietud en las estructuras de derechos humanos de las Naciones Unidas. Los informes que publicaron tras sus visitas a Colombia en 1989 y 1990 respectivamente el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias[4] y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias[5] expresan honda inquietud ante la situacion y recomiendan una serie de medidas pertinentes con miras a poner fin a los abusos. En noviembre de 1994, el relator especial sobre ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias visito Colombia nuevamente en una mision conjunta con el relator especial sobre la cuestion de la tortura. El informe conjunto sobre esta visita,[6] que fue elevado a la Comision de Derechos Humanos durante su 51er periodo de sesiones, advierte: <>. Entre otras medidas, los relatores especiales recomendaron que: þ Se excluyeran las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones" y la tortura del ambito de la justicia militar. Esta exclusion debe puntualizarse claramente en disposiciones legislativas. þ Se reforzara el sistema de justicia civil. þ Se dejara de aceptar la defensa de obediencia a ordenes superiores en relacion con delitos tipificados por el derecho internacional como son las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la tortura y las desapariciones forzadas. þ Se suspendiera del servicio activo a los miembros de las fuerzas de seguridad contra quienes la Procuraduria General de la Nacion o la Fiscalia General de la Nacion hubieran iniciado oficialmente investigaciones disciplinarias o penales en casos relacionados con violaciones de derechos humanos. þ Se adoptara una serie de medidas (enunciadas por los relatores especiales en sus informes) para proteger a los grupos de derechos humanos, las personas desplazadas, los nin~os de la calle, los sindicalistas y los grupos indigenas. þ Se exigiera a las fuerzas armadas que aceptaran como prioridad la adopcion de medidas efectivas para desarmar y dispersar a los grupos armados, especialmente los grupos paramilitares, muchos de los cuales han sido creados por ellas o han recibido su apoyo. Reconociendo la gravedad de la situacion de los derechos humanos en Colombia, los relatores especiales manifestaron: <>.[7] El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visito Colombia en diciembre de 1994. En su informe[8] al 51er periodo de sesiones de la Comision, el Alto Comisionado sen~alo que en sus conversaciones con las autoridades colombianas habia hecho hincapie en la necesidad de combatir la impunidad, mejorar la infraestructura de proteccion de los derechos humanos y trabajar para la prevencion de las violaciones de derechos humanos. En agosto de 1995, el Alto Comisionado envio una delegacion a Colombia con el cometido de estudiar e informar sobre la situacion de los derechos humanos en el pais y formular recomendaciones para el establecimiento de una oficina permanente en el pais. No se ha hecho publico un informe sobre dicha visita, y Amnistia Internacional no tiene conocimiento de decision alguna que pueda haber tomado el Alto Comisionado en base a las recomendaciones formuladas. En noviembre de 1995, el Comite de las Naciones Unidas contra la Tortura estudio el segundo informe periodico de Colombia. El Comite expreso suma preocupacion ante la persistencia de un considerable numero de muertes violentas y casos de tortura y malos tratos atribuidos a miembros del ejercito y la policia y cometidos en una escala que pareceria indicar la presencia de una practica sistematica en algunas regiones del pais. Entre sus recomendaciones, el Comite exhorto al gobierno colombiano a que adoptase las necesarias enmiendas legislativas y administrativas para velar por que los tribunales militares solo enjuicien violaciones de reglamentos militares y a que formulase una declaracion, conforme al articulo 22 de la Convencion contra la Tortura, reconociendo la competencia del Comite para recibir y estudiar denuncias presentadas por particulares. El gobierno de Colombia ha declarado en repetidas ocasiones que esta dispuesto a aceptar observadores internacionales y, en una carta dirigida en febrero de 1995 al jefe del Servicio de Procedimientos Especiales del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno reitero su invitacion a los mecanismos tematicos de esta organizacion para que visitasen Colombia, y sugirio que sus visitas se efectuasen en forma periodica. La invitacion se extendio tambien a los relatores especiales que visitaron Colombia en 1994: el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el relator especial sobre la cuestion de la tortura y el representante del secretario general de la ONU sobre personas desplazadas internamente, asi como a <>. No obstante, no se han efectuado visitas a Colombia de los representantes de mecanismos tematicos durante 1995 ni durante el primer trimestre de 1996. En julio, se creo por decreto-ley una comision interministerial <>. Sin embargo, a finales de 1995 el gobierno colombiano no habia proporcionado ninguna informacion sobre las medidas que se pudieran haber adoptado para poner en ejecucion las recomendaciones hechas por los mecanismos tematicos. En una visita realizada a Colombia en octubre de 1995, una delegacion de Amnistia Internacional verifico que no se habian hecho avances sustantivos en la aplicacion de las principales recomendaciones enunciadas mas arriba. La Subcomision de Prevencion de Discriminaciones y Proteccion a las Minorias, en una resolucion adoptada durante su 47. periodo de sesiones, tambien expreso suma inquietud ante la situacion de los derechos humanos en Colombia y la falta de accion de los sucesivos gobiernos colombianos a la hora de llevar a la practica las recomendaciones formuladas por los diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que han visitado Colombia desde 1987. La resolucion exhortaba al gobierno de Colombia a que llevase a efecto las recomendaciones hechas por los relatores tematicos y por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y a que presentase un informe a la Comision de Derechos Humanos durante su 52. periodo de sesiones sobre las medidas adoptadas a tal fin. Asimismo, la resolucion recomendaba que la Comision de Derechos Humanos estudiase, durante su 52. periodo de sesiones, la situacion en Colombia analizando las medidas adoptadas por el gobierno para aplicar las recomendaciones hechas por los relatores tematicos y por el Grupo de Trabajo.[9] LA FALTA DE APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES CLAVE La jurisdiccion militar: piedra angular de la impunidad El gobierno del presidente Samper ha reconocido en varias ocasiones el papel clave que desempen~a la impunidad en la perpetuacion de las violaciones de derechos humanos. En el programa de derechos humanos que presento a la nacion en septiembre de 1994, el presidente manifesto: <>. El programa anunciaba una serie de medidas dirigidas concretamente a atacar la impunidad; entre ellas figuraba la creacion de una unidad especial de derechos humanos dentro de la Fiscalia General de la Republica y la reforma del Codigo Penal Militar. La unidad de derechos humanos de la Fiscalia General entro en funcionamiento en septiembre de 1995; su cometido, concentrar recursos en la investigacion de un reducido numero de graves violaciones de derechos humanos. No obstante, su capacidad para obtener la condena de los responsables de ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos se ve seriamente limitada por la practica del sistema de justicia militar de reclamar jurisdiccion sobre las investigaciones de casos en los que se imputan delitos por motivos politicos a miembros de las fuerzas armadas. El sistema de justicia militar es la piedra angular de la impunidad en Colombia. Una y otra vez, los tribunales militares han evitado que los responsables de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos rindieran cuentas de sus actos ante la justicia. A la hora de hacer cumplir la disciplina militar en casos de delitos e infracciones no relacionados con las operaciones de contrainsurgencia, los tribunales militares no se muestran faltos de dinamismo y han actuado en forma pronta y efectiva para investigar y castigar delitos de caracter no politico cometidos por personal de las fuerzas armadas. Pero los militares responsables de homicidios cometidos por moviles politicos y otras violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco del conflicto civil han sido sistematicamente escudados de la justicia. Varias organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas, y numerosas organizaciones no gubernamentales de caracter nacional e internacional, han coincidido en recomendar al gobierno colombiano que, en vista de la actitud sistematica del sistema de justicia militar de no enjuiciar a los perpetradores, las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas por los tribunales civiles. En su informe sobre la visita que realizaron a Colombia, los relatores especiales sobre la cuestion de la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias manifestaron: <> "El actual sistema de justicia militar garantiza la impunidad de actos como la ejecucion sumaria, la tortura y la desaparicion forzada... Por lo tanto, la unica medida apropiada seria la eliminacion de esos actos del ambito de la justicia militar. Habria que puntualizar esto claramente en disposiciones legislativas.>>[10] En febrero de 1995, el gobierno colombiano creo por decreto del Poder Ejecutivo una Comision Redactora del Codigo Penal Militar. Dicha Comision, integrada por ocho civiles y ocho miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, presento sus propuestas al gobierno en octubre de 1995. Muchas de las reformas propuestas al Codigo Penal Militar contaban con el consenso de los miembros de la Comision; entre ellas figuraban la atribucion de funciones de supervision al Ministerio Publico y la aceptacion de parte civil. Pero no tardaron en surgir disensiones entre los miembros civiles y militares en varios aspectos de cuestiones clave directamente relacionadas con la aplicacion de las recomendaciones de los relatores especiales; entre ellas, la sustraccion de las violaciones de derechos humanos al fuero militar y la cuestion de la "obediencia debida". Los miembros civiles de la Comision argumentaron que las violaciones de derechos humanos de caracter grave como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las "desapariciones" no podian considerarse actos de servicio ni actos cometidos en relacion con el servicio militar y, en consecuencia, propusieron que el Codigo Penal Militar excluyera especificamente estos delitos de la jurisdiccion militar. Esta propuesta seria conforme con la recomendacion de los relatores especiales sobre la cuestion de la tortura y sobre ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias.[11] Los miembros militares de la Comision, por su parte, sostuvieron que la exclusion de las violaciones de derechos humanos seria inconstitucional. En relacion con la cuestion de la "obediencia debida", los miembros civiles de la Comision mantuvieron que el concepto no se aplicaba a casos de violaciones de derechos humanos de caracter grave. Los miembros militares disintieron, fundando una vez mas su posicion en la presunta inconstitucionalidad de la inclusion de tal disposicion en el Codigo Penal Militar.[12] En el momento de redactarse este informe (finales de enero de 1996), el gobierno aun no habia revelado si se proponia ceder a la presion militar para que el fuero castrense retuviera la jurisdiccion sobre todos los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas o si tenia la intencion de aceptar la propuesta de los miembros civiles de la Comision y la recomendacion de los relatores especiales de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en el sentido de que los delitos como ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y "desapariciones" no pueden considerarse actos de servicio y deben excluirse especificamente del ambito de la justicia militar. No obstante, en las declaraciones publicas formuladas por el presidente Samper en octubre de 1995 al recibir oficialmente los resultados de las deliberaciones de la Comision puede observarse un aparente cambio de politica del gobierno frente a la necesidad de atacar la impunidad: <>. La suspension del servicio activo del personal de las fuerzas armadas involucrado en violaciones de derechos humanos Amnistia Internacional no tiene conocimiento de un solo caso en que se haya suspendido del servicio activo a miembros de las fuerzas armadas que esten siendo investigados oficialmente por la Procuraduria General de la Nacion o por la Fiscalia General de la Nacion por presuntas violaciones de derechos humanos. Por el contrario, muchos han sido ascendidos o condecorados mientras estaba en curso su investigacion e incluso, en algunos casos, cuando las investigaciones disciplinarias ya habian determinado su responsabilidad en la comision de ejecuciones extrajudiciales y otros graves abusos. La cinica inaccion a la hora de poner en practica las recomendaciones de los relatores especiales de las Naciones Unidas es aun mas incomprensible por cuanto que el personal militar y policial sospechoso de participacion en el narcotrafico y otros delitos de caracter no politico ha sido suspendido de inmediato a la espera del resultado de las investigaciones. El alarmante contraste entre la politica oficial hacia el personal de las fuerzas armadas sospechoso de haber violado los derechos humanos y la que se adopta con el personal sospechoso de delitos de caracter no politico solo puede explicarse como instancia de la falta de voluntad politica de las autoridades colombianas para abandonar las declaraciones retoricas y tomar medidas concretas y efectivas para poner punto final a la crisis de derechos humanos. RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS Amnistia Internacional cree que la Comision de Derechos Humanos tiene la obligacion de abordar la cuestion de la persistente crisis de derechos humanos en Colombia y la inactividad del gobierno colombiano a la hora de llevar a efecto las recomendaciones de los mecanismos tematicos de las Naciones Unidas mediante el nombramiento de un relator especial en virtud del tema 10 de su programa. El mandato especifico del relator especial debe incluir: - Observar la situacion de los derechos humanos en Colombia e informar de ella a la Comision. En las tareas de observacion e informacion debe prestarse especial atencion a la situacion existente en la region de Uraba, departamento de Antioquia, y las otras regiones principalmente afectadas por el conflicto civil. - Observar la puesta en ejecucion de las recomendaciones hechas por los mecanismos tematicos e informar a la Comision sobre su aplicacion. - Prestar especial atencion a los problemas persistentes de la impunidad y de la necesidad de erradicar las organizaciones paramilitares. - Asesorar a las autoridades colombianas sobre el desarrollo de medidas y programas encaminados a mejorar el respeto por los derechos humanos y a asegurar la consulta efectiva con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y la participacion de estas en tales programas. Amnistia Internacional tambien solicita a la Comision que exhorte al gobierno de Colombia a que aplique enteramente todas las recomendaciones hechas por los mecanismos tematicos de la Comision, y en especial a que: - cumpla su promesa de poner fin a la impunidad excluyendo la investigacion de violaciones de derechos humanos y el enjuiciamiento de los perpetradores de violaciones de derechos humanos del ambito de la justicia militar; - suspenda del servicio activo a los miembros de las fuerzas de seguridad sujetos a investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones" o actos de tortura hasta el momento en que se hayan dirimido las responsabilidades del caso; - adopte todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de familiares, testigos, abogados y otras personas que cooperen con investigaciones de violaciones de derechos humanos; - cumpla su promesa de disolver las fuerzas paramilitares ilegales y de llevar ante la justicia a los miembros de dichas fuerzas que hayan cometido homicidios politicos, torturas, "desapariciones" u otras violaciones de derechos humanos; - de todos los pasos necesarios para velar por que se respeten los derechos humanos fundamentales de las personas que han quedado desplazadas de sus hogares como consecuencia del conflicto. Notas Finales 1. En octubre de 1995 se iniciaron conversaciones entre representantes del gobierno y del Comando Jaime Bateman, una pequena faccion disidente de la antigua organizacion guerrillera Movimiento 19 de Abril (M-19), desmovilizada en 1990. A finales del ano aun no habian llegado a un acuerdo. 2. La Comision Verificadora fue creada en marzo de 1995 con el cometido de analizar y dirimir responsabilidades por la escalada de la violencia politica en Uraba y recomendar al gobierno un programa de accion para combatirla. La Comision se compuso de representantes de la Defensoria del Pueblo, la Procuraduria General de la Nacion, la Fiscalia General de la Nacion, la Iglesia Catolica, el gobierno del departamento y CINEP (Centro de Investigacion y Educacion Popular), una organizacion nacional de derechos humanos. 3. El cuadro de asesinatos individuales, aparentemente cometidos por motivos politicos, se repitio en las zonas urbanas de todo el pais, especialmente en Barrancabermeja, Medellin y Bogota, donde han establecido baluartes las milicias urbanas. 4. E/CN.4/1989/18/add.1 5. E/CN.4/1990/22/add.1 6. E/CN.4/1995/111 7. E/CN.4/1995/111, parr. 131 y 132. 8. CN.4/1995/98, parr. 26. 9. E/CN.4/Sub.2/1995/51 Resol. 1995/6. 10. E/CN.4/1995/111, parr. 115 y 116. 11. Op. cit. 12. En noviembre de 1995, la Corte Constitucional dictamino que los miembros de las fuerzas armadas tienen el derecho y el deber de negarse a cumplir ordenes que los obliguen a violar los derechos humanos fundamentales.