ABRIL DE 1996 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 25/14/96/s
DISTR: SC/CO/GR
Este documento describe las medidas tomadas por el gobierno de Cuba en los últimos meses para impedir que grupos no oficiales de diversa naturaleza ejerzan libremente su derecho a la libertad de asociación, reunión y expresión. En particular, sigue la historia de Concilio Cubano, coalición integrada por unos 140 grupos no oficiales, constituida en octubre de 1995, contra la cual las autoridades iniciaron en febrero de 1996 una operación de envergadura como consecuencia de la cual dos de sus dirigentes fueron encarcelados. Otros dos miembros de agrupaciones pertenecientes a Concilio Cubano podrían ser sometidos a juicio.
Concilio Cubano aglutinó a grupos no oficiales de muchos tipos, entre ellos defensores de los derechos humanos, grupos políticos y grupos de abogados, periodistas, mujeres, sindicalistas, ecologistas, jóvenes y economistas. Pese a que en muchos casos han solicitado el reconocimiento oficial, nunca se ha permitido que estos grupos actúen oficialmente, aun cuando no estén prohibidos formalmente. Como consecuencia de su condición de organización no oficial, sus integrantes vienen padeciendo problemas desde hace varios años, incluida la intimidación frecuente y, en algunos casos, el encarcelamiento durante largos periodos. En 1995 fueron elegidos especialmente como blanco los abogados pertenecientes a la Corriente Agramontista y los periodistas que trabajaban en las agencias de prensa independientes que en septiembre de 1995 se unieron para formar el Buró de Periodistas Independientes de Cuba (BPIC). Abogados como el doctor René Gómez Manzano y el doctor Leonel Morejón Almagro, que después ocuparían posiciones destacadas en Concilio Cubano, fueron despedidos de su trabajo de abogados, aparentemente por razones disciplinarias. Sin embargo, Amnistía Internacional cree que sus despidos estuvieron motivados por su empeño en defender a los presos políticos y por hablar sin ambages acerca de los derechos humanos y de cuestiones relacionadas con el proceso judicial. En los casos de índole política, a la defensa sólo se le permite un acceso limitado tanto a sus clientes como a la información oficial sobre el caso, y los letrados suelen limitarse a presentar alegaciones de carácter técnico, ya sea por falta de información o por miedo a represalias.
Los miembros de las agencias de prensa independientes sufrieron constantes detenciones de corta duración en el segundo semestre de 1995. Fueron amenazados con ser encarcelados por diversos cargos si no dejaban de escribir artículos o abandonaban el país. Rafael Solano, director de Habana Press, fue detenido al menos en ocho ocasiones entre julio de 1995 y febrero de 1996. Fue detenido de nuevo el 27 de febrero, y cuando se redactaban estas páginas estaba recluido en las dependencias del Departamento de Seguridad del Estado, según los informes en espera de juicio por «asociación para delinquir».
A pesar de los fines manifiestamente pacíficos de Concilio Cubano, las autoridades del país comenzaron inmediatamente a tomar medidas contra la coalición. Sus miembros fueron advertidos en muchas ocasiones, mientras sufrían reclusiones de corta duración, de que podían ser acusados de la comisión de diversos delitos, como «asociación ilícita», «desacato», «peligrosidad», «propaganda enemiga» e incluso terrorismo y narcotráfico, si no ponían fin a sus actividades o se marchaban del país. Existían pruebas de una campaña orquestada por las autoridades para tratar de desprestigiar a los líderes de la coalición, algunos de cuyos miembros fueron amenazados con la violencia física o se vieron involucrados en accidentes de tráfico sospechosos, aunque no sufrieron lesiones graves. En diciembre de 1995, Concilio Cubano solicitó autorización oficial para organizar una conferencia nacional los días 24 a 29 de febrero. No se recibió ninguna respuesta formal, aunque a algunos miembros de la agrupación se les dijo verbalmente que no se permitiría que la conferencia saliera adelante. A medida que la fecha de la conferencia se acercaba, la represión se intensificó aun cuando la coalición decidió aplazarla. Entre el 15 y el 24 de febrero, decenas de miembros del Concilio fueron detenidos, a veces en más de una ocasión y principalmente en La Habana, aunque algunos también fueron detenidos en Villa Clara, Pinar del Río y Santiago de Cuba. La mayoría fueron puestos en libertad al cabo de unas horas o unos días. Sin embargo, el doctor Leonel Morejón Almagro, delegado nacional de Concilio Cubano, y Lázaro González Valdés, uno de los cuatro vice-delegados nacionales, fueron enjuiciados por delitos penales insignificantes y condenados a seis y catorce meses de prisión, respectivamente.
Amnistía Internacional cree que el doctor Morejón, Lázaro González y Rafael Solano son presos de conciencia y solicita su libertad inmediata e incondicional. A comienzos de marzo, al menos otros dos miembros de Concilio Cubano permanecían recluidos y podían ser procesados, mientras que otros tres habían quedado en libertad en espera de juicio. No se conocía con certeza la situación de muchos otros detenidos. Amnistía Internacional cree que los miembros de Concilio Cubano que permanezcan recluidos son presos de conciencia que deben ser puestos en libertad de inmediato a menos que existan pruebas sustanciales de que han cometido delitos penales tipificados, y que deben concedérseles plenas garantías judiciales, incluido el acceso inmediato a un abogado de su elección. La organización insta además al gobierno de Cuba a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y a garantizar el derecho de todos los ciudadanos cubanos a ejercitar libremente sus derechos civiles y políticos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Amnistía Internacional no toma partido en relación con los fines políticos de Concilio Cubano, pero respalda el derecho de sus miembros, y de todos los ciudadanos cubanos, a ejercitar su derecho legítimo a la libertad de expresión, asociación y reunión sin injerencia indebida de las autoridades cubanas.
Este texto resume el documento titulado Cuba: Ofensiva del gobierno contra la disidencia (Índice AI: AMR 25/14/96/s), publicado por Amnistía Internacional en abril de 1996. Quienes deseen más información o emprender acciones al respecto deben leer el documento completo.
Abril 1996
Índice AI: AMR 25/14/96/s
Distr: SC/CO/GR
ÍNDICE
LOS PROBLEMAS DE LOS ABOGADOS DISIDENTES
HOSTIGAMIENTO DE PERIODISTAS INDEPENDIENTES
CONCILIO CUBANO
PREOCUPACIONES GENERALES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN CUBA
APÉNDICE
La libertad de asociación, reunión y expresión están severamente limitadas, de hecho y de derecho, en Cuba. La Constitución cubana de 1976, según el texto revisado en 1992, estipula que Cuba es un Estado socialista y que el Partido Comunista de Cuba [único partido político permitido] es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. En su artículo 7, «... reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.» El artículo 53 reconoce la libertad de expresión y de prensa pero sólo «... conforme a los fines de la sociedad socialista. [...] La prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad.» El artículo 54 afirma: «Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y la crítica.»
En la práctica, estas limitaciones, que vulneran los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, significan que quienes intentan expresar opiniones, organizar reuniones o fundar organizaciones que entran en conflicto con la política del gobierno o con los fines del Estado socialista pueden ser objeto de medidas punitivas como la pérdida de empleo, el hostigamiento o la intimidación, y a menudo el encarcelamiento. Amnistía Internacional cree que actualmente hay en Cuba unas 600 personas encarceladas por haber intentado ejercitar pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
La Ley de Asociaciones, Ley 54 de 27 de diciembre de 1985, que no es de aplicación a las organizaciones sociales y de masas ni a los grupos religiosos, establece procedimientos en virtud de los cuales pueden constituirse ciertos tipos de asociaciones. Las permitidas se enumeran como: científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad y cualesquiera otras que, de conformidad con la Constitución y esta ley, sean de interés social. Es competencia del Ministerio de Justicia decidir si se acepta una solicitud. Las solicitudes deben presentarse en el Ministerio de Justicia a través del organismo estatal que guarde una relación más estrecha con los fines y actividades de la asociación propuesta. Salvo en casos excepcionales, la asociación propuesta debe contar al menos con 30 miembros. El Ministerio de Justicia dispone de 60 días para tomar una decisión. Las solicitudes pueden ser rechazadas por razones de procedimiento o por no facilitar información suficiente, así como «... cuando sus actividades pudieran resultar lesivas al interés social» y «... cuando aparezca inscripta otra con idénticos o similares objetivos o denominación a la que se pretende constituir». En caso de ser reconocida, la asociación es sometida a inspecciones periódicas y debe proporcionar información sobre sus actividades al organismo estatal pertinente.
En los últimos 10 años, las personas que deseaban ejercer diversos derechos civiles y políticos, como defensores de los derechos humanos, oponentes del gobierno, abogados, periodistas, sindicalistas, ecologistas y otras, se han unido para formar grupos, y muchas han intentado inscribirse en el Ministerio de Justicia. La mayoría simplemente no ha recibido respuesta, ni afirmativa ni negativa. Amnistía Internacional sólo tiene constancia de un caso en el que se haya recibido respuesta. En diciembre de 1995, 10 años después de haber presentado la documentación pertinente, que según los informes incluía 3.000 firmas en apoyo del grupo, el abogado doctor Leonel Morejón Almagro recibió una respuesta del Ministerio de Justicia por la que se rechazaba su solicitud de inscripción de una organización ecológica llamada NaturPaz, de la que es presidente. La razón aducida era que ya existía otra organización con fines semejantes. Según el doctor Morejón, la organización oficial a la que hacía referencia la carta no se constituyó hasta 1993. Amnistía Internacional cree que no fue una coincidencia el que la denegación se produjese en las fechas en que tuvo lugar. Desde octubre de 1995, el doctor Morejón era uno de los líderes de una nueva coalición de grupos no oficiales llamada Concilio Cubano, y de hecho ha sido encarcelado después por sus actividades con la coalición (véase más abajo). Según los informes, el doctor Morejón estuvo recluido durante un breve periodo en 1991, junto con otra persona, después de que ambos organizasen una manifestación en nombre de NaturPaz frente a la oficina de la Unesco en La Habana, para protestar por la invasión de Kuwait por Iraq. El doctor Morejón afirmó que en aquella ocasión se le había indicado que no se permitiría la existencia de grupos independientes, y que incumbía al Partido Comunista de Cuba fijar las políticas relacionadas con la paz y los asuntos ecológicos.
Nunca se ha declarado formalmente la ilegalidad de tales grupos no oficiales, cuyas actividades han sido toleradas hasta cierto punto en algunas ocasiones. Muchos miembros de estos grupos han sido encarcelados en el pasado, a menudo durante varios años, por cargos como «asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas» (artículo 208 del Código Penal), «clandestinidad de impresos» (artículo 210), «propaganda enemiga» (artículo 103) o «rebelión» (artículos 98-99). Amnistía Internacional considera que las personas encarceladas por tales actividades son presos de conciencia, siempre que no hayan utilizado la violencia ni abogado por ella. Sin embargo, a partir de mediados de 1994, cuando miles de cubanos huyeron del país en barcos y balsas1, las autoridades cubanas parecieron cambiar de táctica en su relación con tales personas. En vez de detenerlas y enjuiciarlas, la tendencia ha sido recluirlas reiteradamente durante breves periodos y amenazarlas con la cárcel si no ponían fin a sus actividades o se marchaban del país. El nivel de este tipo de hostigamiento aumentó tras la constitución de Concilio Cubano en octubre de 1985, y fueron perceptibles signos de una campaña deliberada de desprestigio contra los integrantes del grupo por parte de las autoridades. El 15 de febrero de 1996 comenzó una amplia redada de miembros de grupos pertenecientes a Concilio Cubano, en el curso de la cual decenas de personas quedaron recluidas durante breves periodos y fueron amenazadas con el encarcelamiento y la violencia física. Dos de los líderes principales fueron juzgados y condenados a penas de prisión. Sin embargo, en vez de presentar cargos abiertamente políticos en su contra, las autoridades optaron por encarcelarlos acusándolos de delitos penales. Amnistía Internacional cree que son presos de conciencia. Los pormenores de las acciones emprendidas contra los miembros de Concilio Cubano se exponen en detalle más adelante.
Amnistía Internacional cree que la razón de la nueva ofensiva contra unas actividades que hasta ahora han sido totalmente pacíficas radica en que se trata de la primera vez que el gobierno del presidente Fidel Castro, que lleva en el poder desde la Revolución cubana de 1959, debe hacer frente a cierto grado de oposición seria, de naturaleza organizada y pacífica. En 1995 se registraron tres acontecimientos modestos pero importantes. Varios abogados, pertenecientes en su mayor parte a un grupo no oficial llamado Corriente Agramontista, y en particular su presidente, doctor René Gómez Manzano, que después sería uno de los fundadores de Concilio Cubano, comenzaron a manifestarse con mayor audacia acerca de cuestiones relacionadas con el sistema de justicia. En segundo lugar, los periodistas se unieron para fundar varias agencias de prensa independientes, que también se incorporaron después a Concilio Cubano. Y en tercer lugar, en octubre se constituyó Concilio Cubano con la unión de unos 40 grupos no oficiales. En poco tiempo el número de grupos pertenecientes a Concilio Cubano había aumentado hasta superar el centenar. Es evidente que este súbito florecimiento de grupos y actividad desconcertó al gobierno cubano en un momento en el que buscaba ayuda extranjera para resolver sus graves problemas económicos y era presionado por la Unión Europea y otras instancias para que mejorase su historial en relación con los derechos humanos.
LOS PROBLEMAS DE LOS ABOGADOS DISIDENTES
De acuerdo con la legislación cubana, los abogados, que trabajan en su totalidad para el Estado, tienen la obligación de respetar la legalidad socialista y contribuir a su afianzamiento. Todos los servicios jurídicos a la población en general se prestan a través de los "bufetes colectivos", organizados y supervisados por el Ministerio de Justicia. La nueva reglamentación promulgada en 1984 hace hincapié en la independencia del abogado y en la obligación de defender los intereses de sus clientes con la máxima diligencia. En la práctica, sin embargo, en casos de naturaleza política, el papel del abogado defensor está severamente limitado. En casos de delitos contra la seguridad del Estado, no les está permitido mantener contacto directo alguno con el cliente durante las primeras semanas o meses de reclusión preventiva mientras la acusación prepara sus alegaciones. Incluso después, lo habitual es que sólo mantenga una o dos breves entrevistas con el cliente antes del juicio, por lo que se reducen las posibilidades de ofrecer una defensa adecuada. Cuando se trata de delitos que se juzgan en los tribunales municipales populares, los juicios se celebran en algunas ocasiones en el plazo de días o incluso de horas a partir de la detención, sin que tampoco en estos casos el abogado disponga de acceso suficiente al acusado ni al expediente. En los casos de índole política, sólo en contadas ocasiones intentan los abogados defensores cubanos refutar con razonamientos detallados los argumentos esgrimidos por la acusación, ya sea por falta de información o por miedo a represalias. Con escasas excepciones, suelen limitarse a presentar alegaciones en las que se solicita clemencia o se pide que el cargo se cambie por otro que lleve aparejada una sentencia menor. En los últimos años, los contados abogados defensores que se han manifestado con mayor claridad se han visto penalizados en términos profesionales y a veces han sido despedidos o amenazados con la violencia física.
En julio de 1994, en el juicio del preso de conciencia Domiciano Torres Roca2, acusado de «propaganda enemiga», el abogado defensor, doctor Leonel Morejón Almagro, en la actualidad encarcelado por sus actividades con el Concilio Cubano (véase más abajo), afirmó que su cliente era inocente y pidió su libertad inmediata. Según los informes, fue amenazado con la violencia física por uno de los agentes del Departamento de Seguridad del Estado que había detenido al acusado. En enero de 1985 fue despedido del bufete colectivo de Marianao por la Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos por supuestas «deficiencias técnicas». Además de defender a Domiciano Torres Roca, en aquellas fechas participaba en la defensa de al menos otros dos presos políticos, entre ellos la ex presa de conciencia Marta María Vega Cabrera.
Desde agosto de 1990, el abogado doctor René Gómez Manzano ha solicitado reiteradamente la inscripción en el Ministerio de Justicia de un grupo de abogados independientes, llamado primero Unión Agramontista y después Corriente Agramontista. La agrupación está integrada principalmente por abogados dispuestos a hacerse cargo de casos políticos. La solicitud de inscripción no ha recibido contestación alguna en más de cinco años, si se exceptúa una respuesta en la que se detallaban requisitos. En varias ocasiones se ha impedido o interrumpido la celebración de las reuniones del grupo. En abril de 1995, el grupo intentaba celebrar una reunión en el domicilio del abogado jubilado Jorge Bacallao, de 79 años de edad, cuando tres individuos irrumpieron en la vivienda y comenzaron a atacarles físicamente. Según los informes, otros individuos hostiles observaron los hechos desde el exterior de la casa. Antes de marcharse, los agresores se apoderaron de documentos y amenazaron con atacarles de nuevo si continuaban «defendiendo a criminales». Esta clase de ataques, a los que suele darse el nombre de «actos de repudio», los realizan, a instigación de las autoridades, partidarios del gobierno organizados a veces en las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, cuya labor consiste en «defender la Patria, la Revolución y el Socialismo en cualesquiera circunstancias, enfrentando y liquidando toda manifestación contrarrevolucionaria o delictiva que se produzca»3. Las actividades de estas brigadas, cuya creación data de 1991, se han reducido en cierta medida como consecuencia de las críticas internacionales. Sin embargo, Amnistía Internacional continúa recibiendo informes esporádicos de incidentes que indican que siguen existiendo.
En octubre de 1995, el doctor Gómez Manzano, que había sido uno de los fundadores de Concilio Cubano ese mismo mes, fue expulsado del bufete colectivo al que pertenecía tras remitir una carta a la Asamblea Nacional de Bufetes Colectivos en la que formulaba graves denuncias acerca de la dirección del organismo. En diciembre de 1995, respondiendo a un recurso, el Ministerio de Justicia confirmó por escrito su despido. Según los informes, la carta decía que «la conducta del doctor Gómez Manzano no es acorde con los lineamientos oficiales, lo cual hace incompatible su participación en los bufetes colectivos». Además de sus actividades con Corriente Agramontista y Concilio Cubano, el doctor Gómez Manzano se había pronunciado sin ambages en los meses anteriores en relación con varios casos delicados desde el punto de vista político. En abril de 1995 declaró a un periodista de Miami que el juicio del preso de conciencia Francisco Chaviano González y otras personas había sido «muy arbitrario» y «lleno de irregularidades». Luego de asistir a la vista en su condición de abogado defensor de uno de los acusados, Abel del Valle Díez, afirmó que se había impedido a los abogados defensores presentar sus propios testigos y que no se les había permitido cotejar los supuestos «documentos secretos» que constituyeron la base fundamental de las alegaciones de la acusación. Otros pormenores del juicio fueron divulgados en un artículo redactado por el propio doctor Gómez Manzano y publicado en el mismo periódico de Miami.
En julio de 1995, el doctor Gómez Manzano y otros nueve abogados, entre ellos el doctor Morejón, se habían dirigido por carta al Ministerio de Justicia preguntando qué acciones legales tenían intención de tomar las autoridades contra los responsables del hundimiento de un remolcador, llamado «13 de marzo», el 13 de julio de 1994, como consecuencia del cual perdieron la vida unas 40 personas. Los supervivientes denunciaron que otros remolcadores, cumpliendo órdenes oficiales, embistieron contra el «13 de mayo» y provocaron su hundimiento4. Las autoridades sostuvieron que los hechos habían sido el resultado de un trágico accidente, aunque declararon que se investigaría el caso. Sin embargo, las conclusiones de esa investigación, si es que llegó a efectuarse, no se han hecho públicas.
El doctor Gómez Manzano y el doctor Morejón fueron detenidos en la posterior ofensiva contra Concilio Cubano, de la que se ofrecen más detalles en las páginas siguientes. Según los informes, el abogado que defendía al doctor Morejón, doctor José Luis Izquierdo González, también miembro de Corriente Agramontista, calificó el juicio de «simulado», por lo que fue multado. Se temía que también pudiera ser objeto de medidas disciplinarias.
HOSTIGAMIENTO DE PERIODISTAS INDEPENDIENTES
En 1989, un grupo de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, algunos de los cuales habían sido despedidos de sus empleos en medios de titularidad estatal por «incompatibilidad ideológica», fundaron la Asociación de Periodistas Independientes de Cuba (APIC), con la intención de publicar informaciones sobre muchos aspectos de la vida cubana, entre ellos las violaciones de derechos humanos. Uno de estos periodistas era Yndamiro Restano Díaz, que fue detenido posteriormente en 1991 en relación con sus actividades políticas. A pesar de la naturaleza pacífica de sus actividades, fue acusado de «rebelión», por lo que fue condenado a 10 años de prisión5. APIC continuó publicando informaciones esporádicas, y al parecer en 1994 contaba con unos 60 miembros. APIC intentó obtener desde el principio el reconocimiento oficial del Ministerio de Justicia, pero nunca recibió respuesta. Dado que no tienen acceso a los medios de comunicación oficiales de Cuba, los periodistas independientes intentan buscar una salida para sus informaciones vendiéndolas a periódicos y emisoras de radio extranjeras, algunas de las cuales emiten para Cuba. Los parámetros dentro de los cuales pueden actuar con seguridad sin miedo a sanciones del gobierno no están claros, y a menudo son arbitrarios. Yndamiro Restano afirmó recientemente que ser periodista independiente en Cuba significa «vivir entre la autocensura y la prisión».
A comienzos de julio de 1995, tres miembros de APIC ÄÄOrlando Fondevilla, Luis López Prendes y Lázaro LazoÄÄ permanecieron detenidos durante varias horas, según los informes, en relación con informaciones de prensa que habían publicado. El 10 de julio de 1995, la policía del Departamento de Seguridad del Estado detuvo a Néstor Baguer, presidente de APIC, tras irrumpir en su domicilio, y se llevó un aparato de fax y varios documentos. El teléfono también fue cortado. El periodista fue puesto en libertad poco después sin cargos. Sin embargo, el 18 de agosto de 1995, la policía del Departamento de Seguridad del Estado volvió a confiscar un aparato de fax de su casa y a cortar la línea telefónica.
En 1995 existían ya otros grupos de periodistas independientes, entre ellos Habana Press, Cuba Press, Círculo de Periodistas de La Habana y Patria. En julio de 1995, varios periodistas independientes tuvieron problemas con las autoridades, que en aquellas fechas estaban claramente preocupadas por la posibilidad de que estallaran protestas populares con motivo del primer aniversario del hundimiento del remolcador «13 de marzo» (véase más arriba). El 12 de julio de 1995, víspera del aniversario, Rafael Solano, director de Habana Press, fue detenido para ser interrogado por agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Mientras estuvo recluido, fue acusado de escribir «artículos nocivos sobre el sistema para emisoras y periódicos subversivos» y se le notificó la apertura de una investigación oficial sobre su persona por difundir «propaganda enemiga». Según los informes, también fue acusado de incitar a la población a participar en una protesta relacionada con el hundimiento del remolcador, que estaba prevista para el 13 de julio. Fue llevado a su casa unas 11 horas después, y se le ordenó que no saliera de la vivienda. A la mañana siguiente, sin que hubiera tenido tiempo de encontrar un abogado, dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado lo llevaron de nuevo a la estación de policía, donde se le entregó un «acta de advertencia» en la que se decía que sería acusado de difundir «propaganda enemiga» si continuaba transmitiendo información a medios de comunicación extranjeros.
Héctor Peraza Linares, coordinador de Habana Press, y José Rivero García, director del Círculo de Periodistas de La Habana, fueron interrogados y sus casas fueron registradas hacia el 12 de julio de 1995. En el caso de José Rivero García, le confiscaron un aparato de fax, una cámara de vídeo y material fotográfico. También le desconectaron el teléfono. El 18 de julio, agentes del Departamento de Seguridad del Estado se presentaron en su domicilio y le hicieron entrega de un «acta de advertencia» en la que se indicaba que, de seguir con sus actividades, sería acusado de difundir «propaganda enemiga». Ese mismo día, un miembro de la ejecutiva de Habana Press, Raúl Rivero, fue abordado en la calle por un extraño que le robó el portafolios. Según los informes, la cartera contenía varios artículos que esperaba publicar en el extranjero. Aunque no se conoció la identidad del atacante, teniendo en cuenta que los hechos sucedieron en el contexto de una ofensiva oficial contra las actividades de los periodistas independientes, había razones para creer que las autoridades podían haber estado detrás del ataque.
El 19 de septiembre de 1995 se constituyó el Buró de Periodistas Independientes de Cuba (BPIC) para aglutinar a la mayoría de los grupos existentes6. Su creador fue Yndemiro Restano Díaz, uno de los miembros fundadores de APIC, que había sido excarcelado en mayo de 1995, y al parecer la agrupación contaba con unos 50 miembros en octubre. Unos días antes de que el BPIC iniciase sus actividades, Yndamiro Restano y Rafael Solano fueron detenidos e interrogados acerca de sus actividades por agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Según los informes, se notificó a los familiares de Yndemiro Restano que éste sería recluido de nuevo y que el Estado no se responsabilizaría de ninguna acción violenta futura contra su persona que pudieran provocar las actividades ilegales del BPIC en las que estaba implicado.
En las semanas siguientes, varios periodistas independientes que trabajaban con grupos pertenecientes al BPIC fueron citados a declarar y apercibidos acerca de sus actividades. El 3 de octubre de 1995, Roxana Valdivia Castilla, periodista que un año antes había fundado Patria en Ciego de Ávila, fue detenida en La Habana junto con su esposo por agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Según los informes, había viajado a la capital para hablar con Yndamiro Restano sobre su función de coordinadora del BPIC en la provincia de Ciego de Ávila. Las autoridades la mantuvieron recluida durante 28 horas y después la obligaron a regresar a su domicilio de Ciego de Ávila, donde se la ordenó permanecer. Le advirtieron que podía ser encarcelada si regresaba a La Habana o mantenía contacto con Yndamiro Restano. El 23 de noviembre de 1995, Roxana Valdivia permaneció detenida a disposición policial durante dos días en una pequeña población llamada Venezuela, en Ciego de Ávila. Fue advertida de que podía ser acusada de «desacato». Le dijeron que cuatro personas estaban dispuestas a testificar que había insultado a miembros de las fuerzas de seguridad en la escuela a la que asiste su hijo, imputación que ella niega. Según los informes, le advirtieron que se formularían cargos en su contra si no se marchaba del país lo antes posible, sin su familia. Sin embargo, las autoridades parecen haber dicho también que estaban dispuestas a suspender temporalmente las medidas emprendidas contra ella para darle la oportunidad de hacer los preparativos para su salida de Cuba. Según los informes, había sido detenida previamente en diciembre de 1993 y cumplió cuatro meses de una condena de un año de prisión por difundir «propaganda enemiga».
El 7 de octubre de 1995, Olance Nogueras Roce, corresponsal del BPIC en Cienfuegos, fue detenido en la provincia de Cienfuegos por agentes del Departamento de Seguridad del Estado, quienes le advirtieron que tenía 30 días para encontrar un empleo en una entidad estatal, o de lo contrario podía ser acusado de «peligrosidad». «El Estado Peligroso y las Medidas de Seguridad» es una sección del Código Penal, redactada en términos muy generales, al amparo de la cual cualquier persona puede ser encarcelada hasta por cuatro años, con unas garantías judiciales mínimas, basándose en la creencia de las autoridades en «la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos», aun cuando de hecho pueda no haber cometido delito alguno7. Olance Nogueras fue interrogado, según los informes, en relación con un artículo del que era autor y en el que se reseñaba la existencia de temores relativos a la seguridad de la central nuclear de Jaragua, en Cienfuegos. El 20 de octubre fue detenido de nuevo en La Habana, donde había viajado para asistir a la conferencia de prensa semanal del ministro de Relaciones Exteriores. Permaneció recluido varios días, sin que su familia fuese informada de su paradero. Según los informes, fue trasladado a la prisión de Ariza, un establecimiento penitenciario de alta seguridad de Cienfuegos, y mientras estaba encarcelado le dijeron que si no abandonaba el país antes del 7 de noviembre sería detenido de nuevo y enjuiciado. Al ponerlo en libertad le advirtieron que no saliera de Cienfuegos. Sin embargo, hizo caso omiso de la advertencia y el 26 de octubre se desplazó a la capital para celebrar una reunión con colegas del BPIC en el domicilio de Yndamiro Restano, lugar que también hace las veces de oficina del BPIC. Olance Nogueras volvió a ser detenido cuando salía de la reunión y fue trasladado finalmente a las dependencias del Departamento de Seguridad del Estado en Cienfuegos. Fue puesto en libertad el 31 de octubre, nuevamente con la advertencia de no salir de Cienfuegos ni mantener contactos con otros periodistas independientes.
El 10 de octubre de 1995, Héctor Peraza fue citado por la policía en la ciudad de Quivicán, provincia de La Habana, y se le obligó a firmar un «acta de advertencia» por la que se le daban 10 días de plazo para dejar de trabajar en Habana Press y encontrar otro empleo, o de lo contrario sería acusado de «peligrosidad».
El 12 de octubre de 1995, María de los Ángeles Gutiérrez González fue citada por la policía del Departamento de Seguridad del Estado de La Habana y apercibida de que renunciase a su trabajo de contadora del BPIC. Había estado detenida previamente durante cuatro horas el 4 de octubre, y también se le hizo la misma advertencia. Según los informes, agentes del Departamento de Seguridad del Estado se presentaron en su casa el 16 de octubre y le dijeron que perdería la custodia de su hija de corta edad si continuaba trabajando en el BPIC.
El 23 de diciembre de 1995, tras un registro en su domicilio, Orlando Bordón Gálvez, periodista que trabajaba con Cuba Press, estuvo detenido durante 24 horas en San José de las Lajas, provincia de La Habana, y al ser puesto en libertad se le advirtió que pusiera fin a sus actividades.
El 10 de enero de 1996, los ancianos padres de Yndamiro Restano ÄÄJulio Restano Suárez, de 75 años de edad, y Aurora Díaz, de 70ÄÄ permanecieron detenidos durante siete horas en la 5¦ Unidad de Policía de La Habana. Ninguno de los dos es periodista, pero la oficina del BPIC está situada en su domicilio. Les comunicaron que la oficina debía cerrarse y que su hijo, que había viajado fuera de Cuba provisto de un visado de salida temporal, no podría regresar. Yndamiro Restano, que desde noviembre de 1995 había visitado varios países tratando de conseguir apoyo para las actividades del BPIC, tenía previsto regresar a Cuba por esas fechas. Las autoridades dijeron a sus padres que era un agente a sueldo de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE UU) y que no se le permitiría regresar. Hasta el momento no se le ha permitido regresar, aunque cuando se redactan estas páginas continúa solicitando autorización para hacerlo. Ha reconocido que recibió dinero de organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos, entre ellas el PEN Club y el premio de periodismo Lilian Hellmann, para apoyar las actividades del BPIC.
El 14 de enero de 1996, Rafael Solano y Julio Martínez, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Habana Press, fueron detenidos por la policía en Cojímar, La Habana, y trasladados con las manos esposadas a una estación de policía de San Miguel del Padrón. Acababan de regresar de mantener una entrevista con Raúl Rivero, presidente de Cuba Press, y Juan Antonio Sánchez, corresponsal de Cuba Press en Pinar del Río, que le hacía una visita. Según los informes, fueron interrogados extensamente por agentes del Departamento de Seguridad del Estado en relación con las imputaciones de que habían transmitido a contactos en el extranjero el contenido de octavillas arrojadas sobre La Habana desde una avioneta por un grupo de cubanos exiliados. Según los informes, Rafael Solano contó después que le habían amenazado con enviarlo a la cárcel y que le habían dicho «que nos iban a tirar el pueblo encima». Rafael Solano afirmó asimismo que les habían animado vivamente a abandonar el país, y que de no hacerlo serían objeto de «actos de repudio». Los dos quedaron en libertad al cabo de unas horas, pero fueron citados para regresar al día siguiente. La libreta de direcciones de Julio Martínez quedó confiscada, y a Rafael Solano le quitaron un aparato de radio de onda corta. A ambos se les retiraron asimismo sus carnets de identidad.
Ese mismo día, agentes del Departamento de Seguridad del Estado detuvieron también a Raúl Rivero y Juan Antonio Sánchez. A Raúl Rivero le dijeron que Cuba Press debía cerrarse porque era una organización ilegal, y que si no se cerraba el Ministerio del Interior les perseguiría hasta que lo hicieran. Raúl Rivero afirmó que se le había dicho «que se dedicara a escribir poesías, y que si deseaba escribir sobre otros asuntos, debía marcharse del país». Los dos detenidos quedaron en libertad al día siguiente, pero les dijeron que se marcharan del país.
En enero de 1996, Luis Solar Hernández, del BPIC, fue detenido en Ciego de Ávila cuando se disponía a regresar a La Habana después de visitar a Roxana Valdivia (véase más arriba). Fue llevado a las dependencias del Departamento de Seguridad del Estado, pero quedó en libertad poco después. Tras la detención de Luis Solar Hernández, Roxana Valdivia fue citada para ser interrogada en las dependencias del Departamento de Seguridad del Estado, donde fue amonestada por haberse entrevistado con él en su domicilio, que está sometido a vigilancia permanente.
El 15 de enero de 1996, Bernardo Fuentes Cambor, periodista independiente que colabora con Patria, permaneció detenido durante cuatro horas en Camagüey, según los informes, antes de ser puesto en libertad bajo la amenaza de ser acusado de difundir «propaganda enemiga». Le dijeron que pusiera fin a sus actividades y que no saliera de la provincia de Camagüey. Según los informes, había sido detenido en varias ocasiones anteriores y le habían exhortado vivamente a abandonar el país.
Los periodistas pertenecientes a las agencias de prensa independientes que forman parte del BPIC se encontraban entre las personas elegidas como blanco en la posterior ofensiva contra grupos pertenecientes a Concilio Cubano, de la que se ofrecen pormenores a continuación. Cuando se redactan estas páginas, Rafael Solano está privado de libertad y se teme que pueda ser enjuiciado por «asociación para delinquir».
La fundación de Concilio Cubano
Concilio Cubano nació el 10 de octubre de 1995 con la unión de unos 40 grupos no oficiales, entre los que figuraban grupos de derechos humanos, grupos de oposición política y grupos de periodistas, abogados, mujeres, jóvenes, economistas, ingenieros, ecologistas y sindicalistas, varios de los cuales se definen específicamente como cristianos8. Según los informes, el número de grupos había aumentado hasta unos 140 en febrero de 1996. Según las declaraciones publicadas por la coalición, cada uno de los grupos que la integran conserva su propia identidad, y el fin de la coalición es encontrar una estrategia común, aun cuando cada grupo adopte una táctica diferente. Los fines declarados de la coalición son: «1) Amnistía general para los presos políticos; 2) Respeto integral a la constitución vigente; 3) Que el gobierno de Cuba cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos; 4) Que el gobierno de Cuba adopte las medidas necesarias para que todos los cubanos puedan trabajar libremente en el comercio, la industria, la agricultura, en otros sectores de la economía y que puedan organizar empresas cubanas, o cooperativas, de manera libre; 5) Que el gobierno de Cuba dé los pasos pertinentes para organizar elecciones libres y directas sobre la base de la naturaleza plural de la sociedad.» Una declaración redactada por Concilio Cubano en noviembre afirmaba su intención de emplear únicamente medios pacíficos para alcanzar sus fines: «La determinación de trabajar por una transición absolutamente pacífica hacia un estado democrático de derecho que no albergue violencias, odios o sentimientos de revanchas y que incluya por igual a todos los cubanos. Por consiguiente, Concilio Cubano excluye toda forma de violencia y en particular el terrorismo.»
Las autoridades cubanas comenzaron a tomar medidas contra los miembros de Concilio Cubano de manera casi inmediata. El 14 de noviembre, el doctor Leonel Morejón, secretario ejecutivo del comité gestor provisional, permaneció detenido durante 12 horas, junto con su esposa, en La Habana. Fueron llevados a las dependencias del Departamento de Seguridad del Estado de Villa Marista, donde los interrogaron en relación con dos amenazas telefónicas de bomba que, según las autoridades, habían sido efectuadas en nombre de Concilio Cubano. Los agentes les dijeron que no se permitiría la existencia del grupo, y que si tenían que encarcelar a todos sus integrantes, así lo harían. Les advirtieron que todos los miembros del grupo serían encarcelados por «asociación ilícita». Al doctor Morejón le ordenaron que no se comunicase con profesionales de prensa escrita o radio extranjeros, ni con grupos de exiliados cubanos, y que no se reuniera con otros disidentes en Cuba. A pesar de las supuestas amenazas de bomba, hasta el momento no se ha tomado medida alguna contra ellos ni contra ningún otro miembro de Concilio Cubano por ese motivo.
El 15 de noviembre de 1995, Aída Rosa Jiménez, presidenta de la Asociación Cívica Democrática y representante nacional del Movimiento de Madres Cubanas por la Solidaridad, grupos no oficiales pertenecientes a Concilio Cubano, recibió la orden de presentarse en las dependencias del Departamento de Seguridad del Estado en La Habana. Según los informes, desde allí fue llevada a un domicilio particular de Cubanacán, un suburbio de la capital, donde fue interrogada por agentes del Departamento de Seguridad del Estado antes de ser puesta en libertad esa misma noche. Le hicieron advertencias del mismo tenor que las formuladas al doctor Morejón, y le dijeron que no viajase fuera de La Habana.
Más o menos al mismo tiempo, miembros de Concilio Cubano tenían previsto celebrar una reunión en el domicilio del abogado Jorge Bacallao, de Corriente Agramontista. Sin embargo, dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado se presentaron sin previo aviso en la casa, e insistieron en que Jorge Bacallao los acompañase a un hospital para someterse a un reconocimiento médico debido a su avanzada edad y a su delicada salud. Permaneció varias horas en el centro hospitalario, mientras se realizaban diversas pruebas. Mientras estaba en el hospital, agentes del Departamento de Seguridad del Estado le advirtieron que pusiera fin a sus actividades en el Concilio. Debido a su ausencia, la reunión del grupo hubo de celebrarse en otro lugar, aunque sin la presencia de Oswaldo Payá Sardiñas, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, que fue citado misteriosamente en el Ministerio de Salud Pública, donde agentes del Departamento de Seguridad del Estado le interrogaron acerca de sus actividades con el Concilio y le advirtieron que las abandonase.
En la tercera semana de noviembre, varios líderes de Concilio Cubano fueron citados para ser interrogados o fueron detenidos durante breves periodos. María Valdés Rosado, presidenta del Movimiento Demócrata Cristiano, fue citada por la policía para hacerle entrega de un «acta de advertencia» en la que se afirmaba que corría el riesgo de ser acusada de «peligrosidad» si no ponía fin a sus actividades. Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) y ex preso de conciencia, fue emplazado a presentarse en la fiscalía de Playa, La Habana, y apercibido acerca de su participación en el Concilio. Más tarde afirmó que le habían comunicado que se le consideraría responsable de cualquier acto terrorista presuntamente cometido por Concilio Cubano. Cuando pidió pruebas de tales intenciones, le respondieron que se trataba de una simple advertencia. Asimismo, le recordaron que podía reabrirse fácilmente una causa instruida contra él en diciembre de 1992 por «desacato» y que fue archivada después. Félix Bonne Carcacés, presidente de la Corriente Cívica Cubana, fue detenido en su domicilio el 23 de noviembre y permaneció recluido durante 12 horas en una estación de policía de La Habana. Fue puesto en libertad con la advertencia de que podría ser acusado de asociación ilícita, terrorismo y otras actividades delictivas si continuaba con sus actividades en el Concilio. María Beatriz Roque, directora del Instituto Cubano de Economistas Independientes, recibió, según los informes, llamadas telefónicas anónimas supuestamente realizadas en nombre de grupos de exiliados cubanos, en las que se decían cosas como: «¡Viva Concilio Cubano que es para poner bombas en los círculos infantiles!» Según los informes, otros miembros de la coalición recibieron por correo declaraciones supuestamente efectuadas en nombre de grupos de exiliados cubanos que, según el doctor Morejón, se contradecían claramente con el espíritu del Concilio y pretendían socavar su unidad.
El 1 de diciembre de 1995 se impidió la celebración en La Habana de una reunión de la comisión juvenil de Concilio Cubano, cuando miembros de las fuerzas de seguridad rodearon el edificio donde debía celebrarse. Los residentes, Lázaro Miguel Rivero de Quesada y su madre, Dulce María de Quesada, fueron detenidos y llevados a una oficina perteneciente a la autoridad educativa local, donde según los informes agentes del Departamento de Seguridad del Estado intentaron que implicaran a dirigentes del Concilio, y en particular al doctor Morejón, en narcotráfico. Quedaron en libertad unas horas después. Otras tres personas fueron detenidas cuando salían para dirigirse a la reunión: María Caridad Salazar Ramírez y Luis Felipe Lorens Nodal, portavoz y presidente, respectivamente, de la Organización Juvenil Martiana, y Leonardo Reinoso Rodríguez, presidente del Movimiento Juvenil Cubano, grupos juveniles no oficiales pertenecientes al Concilio. El ex preso de conciencia Luis Felipe Lorens había sido encarcelado con anterioridad por «peligrosidad»9, y mientras estuvo privado de libertad en esta ocasión le advirtieron que podía ser encarcelado de nuevo por el mismo cargo. Según los informes, entre los documentos confiscados a Luis Felipe Torres se encontraba una carta que Concilio Cubano tenía previsto presentar a las autoridades solicitando autorización para celebrar una reunión de ámbito nacional a comienzos de 1996. A los tres les dijeron que eran terroristas, y les advirtieron que pasarían 20 años en la cárcel si no ponían fin a sus actividades políticas. Luis Felipe Lorens afirmó después que les habían mostrado panfletos, supuestamente firmados por Concilio Cubano, que convocaban a actos de protesta, y añadió que los panfletos eran falsificaciones.
Ese mismo día, varias personas también relacionadas con Concilio Cubano fueron recluidas durante breves periodos, entre ellas Amado González Paso, Nery Goriziza Campos y Marta Ramírez Jerez. Según los informes, los agentes del Departamento de Seguridad del Estado hablaron a los dos últimos, miembros de la Alianza Democrática Popular (ADEPO), de supuestos actos de terrorismo planeados por Concilio Cubano en conjunción con Alpha 66, grupo de exiliados cubanos radicado en los Estados Unidos que ha reivindicado la atuoría de ataques violentos en Cuba en el pasado, y les advirtieron que muchos de los signatarios del Concilio podían caer abatidos a tiros si continuaban con sus actividades. Seis líderes del Concilio, entre los que se encontraban el doctor Gómez Manzano y Gustavo Arcos Bergnes, secretario general del Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH), también recibieron cartas supuestamente escritas por Alpha 66.
En tres ocasiones entre el 1 y el 8 de diciembre de 1995, personas que decían ser familiares de presos políticos se presentaron en el domicilio de Elizardo Sánchez, afirmando haber recibido cartas del extranjero en las que se decía que éste había recibido dinero para ellas. En las tres ocasiones los visitantes se comportaron agresivamente, y la tercera vez destrozaron dos sillas de madera que encontraron en el exterior de la casa. Elizardo Sánchez afirmó después del incidente que creía que éste formaba parte de una «guerra sucia» contra los disidentes pacíficos. El dinero le había sido supuestamente remitido por el Instituto Puebla, una organización de derechos humanos de carácter religioso con sede en Washington, EE UU, aunque en las supuestas cartas figuraba la dirección de un grupo de exiliados cubanos radicado en Miami. Ambos grupos afirman que las cartas en cuestión son falsificaciones y niegan haber enviado fondos a Elizardo Sánchez.
El 9 de diciembre de 1995, agentes del Departamento de Seguridad del Estado detuvieron en Santa Clara, provincia de Villa Clara, a Librado Linares García, secretario general del Movimiento Reflexión, después de efectuar un registro en su domicilio. Fue llevado a las dependencias del organismo de seguridad en la ciudad. Cecilio Monteagudo Sánchez y otros cuatro activistas de la zona también fueron citados para ser interrogados. La operación se desarrolló inmediatamente después del regreso de Librado Linares y Cecilio Monteagudo de La Habana, donde habían firmado documentos relacionados con Concilio Cubano en nombre de su grupo.
El 17 de diciembre de 1995, 11 miembros del Movimiento Maceísta por la Dignidad permanecieron detenidos durante varias horas para ser interrogados. Al día siguiente, varios integrantes del mismo grupo también estuvieron recluidos durante breves periodos.
El 18 de diciembre de 1995, Arnaldo Nelson de Varona, presidente del Movimiento 13 de Julio, fue llevado a una estación de policía de La Habana, donde se le hizo entrega de un «acta de advertencia» en la que se decía que podía ser acusado de «peligrosidad» si continuaba con sus actividades disidentes. Arnaldo Nelson de Varona denunció que, mientras estaba privado de libertad, agentes del Departamento de Seguridad del Estado intentaron convencerlo de que trabajara para ellos.
Concilio Cubano solicita autorización para celebrar una reunión nacional
A mediados de diciembre de 1995, Concilio Cubano hizo pública la petición formal que había presentado al gobierno de Cuba, en la que se solicitaba autorización para celebrar una reunión de ámbito nacional entre el 24 y el 29 de febrero de 1996. La petición solicitaba ayuda del Estado o de una organización no gubernamental con el fin de encontrar locales para celebrar la reunión en el centro de La Habana. Apelaba además a la mediación y la ayuda de las Naciones Unidas, a nivel internacional, y del cardenal católico Jaime Ortega y Alamino, a nivel nacional.
El 22 de diciembre de 1995, dos líderes de Concilio Cubano se vieron implicados en sendos accidentes de tráfico sospechosos. Eugenio Rodríguez Chaple, presidente del Bloque Democrático José Martí, y su esposa, Lázara Herrera Portelles, estuvieron a punto de sufrir graves lesiones cuando fueron derribados de la bicicleta en la que viajaban en Cotorro, La Habana, por un automóvil blanco que les golpeó viniendo desde atrás y se alejó sin detenerse. La familia viene siendo objeto de reiterado hostigamiento desde hace dos o tres años, incluidos ataques de las Brigadas de Respuesta Rápida, y ha recibido amenazas de violencia física10. El mismo día, Aída Rosa Jiménez viajaba en un automóvil que fue embestido por otro vehículo, y otro pasajero sufrió heridas leves. Según los informes, el automóvil infractor continuó su marcha sin detenerse. Ambos incidentes fueron denunciados a las autoridades, pero por lo que Amnistía Internacional sabe, no se abrió investigación alguna.
El 27 de diciembre de 1995, Antonio Femenía, delegado del CCPDH en Ciego de Ávila, fue atacado en su casa por cinco o seis hombres que fueron a verlo para pedirle un dinero que, según dijeron, había sido enviado desde el extranjero para los presos. Según los informes, le agredieron y le insultaron. Cuando llegó la policía, todos, incluido Antonio Femenía, fueron detenidos. Sin embargo, los agresores quedaron en libertad poco después, mientras que Antonio Femenía permaneció recluido durante 72 horas.
A finales de diciembre de 1995, el comité gestor provisional de Concilio Cubano quedó disuelto y se hicieron públicos los planes para sustituirlo por un consejo nacional integrado por 26 personas, elegidas a razón de dos por cada una de las 13 comisiones que se habían constituido en diferentes zonas del país.
En enero de 1996, el doctor Morejón recibió una carta del jefe del Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, de fecha 3 de enero de 1996, en la que se acusaba recibo de una carta suya en la que solicitaba autorización para que Concilio Cubano celebrase una conferencia nacional en febrero, pero no se daba una respuesta significativa.
El 10 de enero de 1996, al menos cuatro miembros de la comisión del Concilio de la provincia de Villa Clara fueron detenidos en la ciudad de Santa Clara cuando intentaban celebrar una reunión para elegir a sus dos representantes para el consejo nacional. Entre los detenidos se hallaban Abel de Jesús Acosta Amaneiro, delegado provincial del Partido Pro Derechos Humanos en Cuba (PPDHC), y Librado Linares, a quien se le confiscaron papeletas de votación para la elección. La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad al cabo de unas horas, tras ser informados por el Departamento de Seguridad del Estado de que no se permitiría la existencia del Concilio en la provincia.
Más o menos en la misma fecha, la policía impidió la celebración de una reunión de la Comisión 2, que debía tener lugar en el domicilio de Jorge Bacallao, en La Habana, rodeando la zona y manteniendo detenido durante un breve periodo a Fernando Sánchez y otras personas.
El 12 de enero de 1996, 10 miembros de la Comisión 1 fueron detenidos en La Habana cuando intentaban celebrar una reunión con el fin de elegir a sus dos representantes para el consejo nacional. Según los informes, las autoridades les dijeron que eran sospechosos de venta ilícita de carne. Entre los detenidos se encontraban el doctor Morejón y Lázaro González Valdés. Todos quedaron en libertad poco después, y al parecer realizaron la votación a la puerta de la estación de policía a la que habían sido llevados.
A mediados de enero, todas las comisiones del Concilio excepto dos habían logrado elegir a sus representantes nacionales. Sin embargo, agentes del Departamento de Seguridad del Estado impidieron que se reuniese la comisión del Concilio radicada en Santiago de Cuba al rodear la casa de María Antonia Suárez, en la que estaba prevista la reunión. El 19 de enero, ocho miembros del Concilio de Camagüey permanecieron detenidos durante un breve periodo para impedir que se reunieran.
El 16 de enero de 1996 se impidió la celebración de una reunión de siete destacados fundadores del Concilio, que se habían constituido en el llamado Grupo de los Siete, un grupo de apoyo y asesoramiento del consejo nacional. Decenas de policías rodearon la casa del doctor Gómez Manzano, donde debía celebrarse la reunión, y amenazaron a éste y a Elizardo Sánchez, Félix Bonne y Marta Beatriz Roque con detenerlos si seguían adelante con la reunión.
El 27 de enero de 1996, en La Habana y otros puntos del país, varios dirigentes de grupos disidentes, entre ellos miembros del Consejo Coordinador Nacional (CCN) del Concilio, que acababa de constituirse, recibieron la visita de agentes del Departamento de Seguridad del Estado, que les advirtieron que serían atacados por «turbas» progubernamentales si intentaban realizar cualquier actividad el 28 de enero de 1996, aniversario del nacimiento del héroe nacional cubano José Martí. Se puso vigilancia policial en sus domicilios y no se les permitió salir ni recibir visitas. No obstante, al día siguiente algunos grupos intentaron llevar adelante sus planes. Unos 30 miembros del Frente Pro Derechos Humanos Máximo Gómez (FPDHMG) fueron detenidos en la ciudad de Pinar del Río cuando intentaban celebrar una ceremonia en honor de José Martí. Todos quedaron en libertad al cabo de unas horas excepto José Ángel Chente Herrera, presidente del grupo, que permaneció recluido aproximadamente 24 horas. Varias mujeres pertenecientes al Movimiento de Madres Cubanas por la Solidaridad también permanecieron detenidas durante breves periodos en la misma ciudad tras haber intentado depositar flores en un monumento a José Martí. En La Habana, la policía impidió por la fuerza que Luis Felipe Lorens y su esposa, María Caridad Salazar, colocaran flores en un monumento semejante.
El 9 de febrero, delegados de la Unión Europea que visitaban Cuba pudieron entrevistarse con dirigentes del Concilio en la residencia del embajador de Italia en Cuba, en La Habana. Según los informes, la delegación les aseguró que instaría al gobierno de Cuba a que la conferencia continuase adelante. Según los informes, el jefe de la delegación, Manuel Marín, presentó la petición directamente al presidente Fidel Castro ese mismo día.
Al día siguiente, los 26 miembros del CCN, del que forman parte los representantes de las 13 comisiones, eligió a las cinco personas que integrarían el secretariado y actuarían como portavoces del grupo. El doctor Morejón fue elegido delegado nacional, junto con cuatro vice-delegados: Mercedes Paradas Antúnez, presidenta de ADEPO y miembro ejecutivo del Movimiento de Madres Cubanas por la Solidaridad; Héctor Palacio Ruiz, presidente del Partido Solidaridad Democrático (PSD); Lázaro González Valdés, presidente del PPDHC, y Reinaldo Cosano Alén, presidente de la Coalición Democrática Cubana (CDC). Se eligió asimismo a tres miembros honorarios, con voz pero sin voto en las reuniones: Elizardo Sánchez, Gustavo Arcos y Oswaldo Payá Sardiñas. También se constituyeron comisiones de trabajo específicas para las siguientes áreas: cuestiones sindicales, derechos humanos, asuntos familiares, economía, ética, finanzas y relaciones internacionales. El CCN decidió seguir adelante con la conferencia nacional programada para los días 24-27 de febrero, aunque no se había recibido ninguna respuesta significativa de las autoridades.
El jueves 15 de febrero señaló el comienzo de una amplia operación contra los miembros del Concilio, encabezada por el Departamento de Seguridad del Estado. La mañana de ese día, cuatro delegados nacionales fueron detenidos en La Habana. El doctor Morejón fue detenido a su llegada a la oficina del BPIC, donde tenía lugar una reunión del Concilio. Según los informes, las fuerzas de seguridad tenían acordonada la zona desde unas horas antes. Mercedes Paradas y Lázaro González fueron detenidos después de que miembros de las fuerzas de seguridad entrasen por la fuerza en sus casas. A todos ellos les confiscaron documentos pertenecientes al Concilio. También fue detenido el periodista Luis López Prendes en la oficina del BPIC, junto con otro hombre de apellido Orio. Ambos fueron puestos en libertad poco después, tras ser despojados de las informaciones de prensa que habían recopilado. Cuatro miembros del PPDHC también fueron detenidos en el transcurso de ese mismo día, entre ellos Lázaro García Cernuda y Antonio Báez Alemán, miembros de la ejecutiva del PPDHC, que fueron puestos en libertad dos días después.
El doctor Morejón fue conducido a una estación de policía de Centro Habana, donde su madre pudo visitarlo brevemente el 17 de febrero. Ésta informó que su hijo había iniciado una huelga de hambre y que estaba siendo presionado por las autoridades para que firmase declaraciones incriminatorias. Al parecer, Lázaro González, que había sido llevado a una estación de policía de Arroyo Naranjo, La Habana, también estaba en huelga de hambre. El doctor Morejón y Lázaro González fueron trasladados más tarde a las dependencias del Departamento Técnico de Investigaciones, en La Habana. Mercedes Paradas, que al parecer padecía fibromas e hipertensión en el momento de ser detenida, fue trasladada el 16 de febrero desde una estación de policía al Hospital Hermanos Ameijeiras de La Habana, donde quedó ingresada bajo vigilancia policial. Según los informes, le dijeron que sería enjuiciada finalmente por varios cargos, entre ellos «propaganda enemiga», «asociación ilícita» e «instar a la desobediencia civil».
Prohibición de la conferencia nacional por las autoridades
El 16 de febrero, un alto funcionario del Ministerio del Interior se personó en el domicilio de Gustavo Arcos y le informó verbalmente de que las autoridades no tenían intención de permitir que la conferencia del Concilio siguiera adelante. En un boletín informativo firmado por Gustavo Arcos y otros cinco líderes del Concilio, hablando como grupo minoritario dentro de la coalición, se indicaba su intención de acatar la prohibición «para evitar incidentes y un enfrentamiento violento». Poco después, una declaración firmada por el CCN del Concilio confirmaba el aplazamiento de la reunión.
Mientras tanto, las detenciones de miembros de grupos pertenecientes a Concilio Cubano continuaban en todo el país. El 16 de febrero, Néstor Rodríguez Lovaina, presidente del Movimiento de Jóvenes Cubanos por la Democracia, y Eriberto Leyva, presidente del Instituto de Estudios Alternativos, fueron detenidos cuando salían de la oficina de la Sección de Intereses de EE UU en La Habana11. La policía registró la casa de Héctor Palacio, confiscó documentos y le ordenó presentarse más tarde en una estación de policía, pero poco antes de la comparecencia dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado le detuvieron a él y a Jesús Zúñiga, portavoz del PSD. Jesús Zúñiga quedó en libertad poco después, pero Héctor Palacio permaneció recluido cuatro días y finalmente fue puesto en libertad sin cargos. Entre las personas que también fueron detenidas entre el 15 y el 17 de febrero figuraban Horacio Casanova Carrera, miembro de la ejecutiva del PPDHC; Agustín Sosa Moya, presidente de la Comisión Humanitaria del Presidio Político; Alberto Perera Martínez, delegado de la Comisión 6 de Concilio Cubano y presidente del Comité Paz, Progreso y Libertad; José García Reyes, del Movimiento Ignacio Agramonte; Miguel Granda Oliver, de Agenda Nacionalista; y Pedro Labrador Gilimas, miembro de la ejecutiva del Consejo Nacional por los Derechos Civiles; José Miguel Acosta Meyer, miembro de la ejecutiva de la Asociación Pro Arte Libre (APAL); y Mercedes Rineri Carrión, delegada provincial de la Organización Juvenil Martiana. La mayoría de los detenidos quedaron en libertad poco después, pero Alberto Perera Martínez, José Miguel Acosta y Miguel Granda Oliver no quedaron en libertad hasta el 29 de febrero, según los informes tras ser multados por «desacato». No se sabe con certeza si Agustín Sosa Moya permaneció recluido.
Otras personas detenidas durante breves periodos o citadas para ser interrogadas en torno al 16 de febrero fueron Iosvani Pérez Díaz, Miguel Palenque, Isabel del Pino Sotolongo, Aída Rosa Jiménez, Marta Parga, Vicky Ruiz Labrit, Marta Yenis Ramírez y María Antonia Escobedo Yaser, quien fue enviada a su domicilio de Santiago de Cuba con la advertencia de que no saliera de la casa. Según los informes, las autoridades se quedaron con los carnets de identidad de María Antonia Escobedo Yaser y otros detenidos. La ley estipula la obligatoriedad de que los ciudadanos cubanos lleven consigo su carnet de identidad en todo momento. Armando Hernández Corrales recibió la orden de regresar a Pinar del Río, y a Eduardo Blanco Tolosa y Aurelio Sánchez Salazar les ordenaron regresar a Camagüey.
Cinco miembros de Concilio Cubano, entre ellos Librado Linares, coordinador de la Comisión 11 del Concilio, fueron detenidos en la provincia de Villa Clara en torno al 18 de febrero. Todos quedaron en libertad poco después.
En este periodo, Nicolás Rosario Rosabal, corresponsal del BPIC en Santiago de Cuba, recibió la orden de no salir de su domicilio de Santiago de Cuba. Se cree que fue detenido algún tiempo después en La Habana y seguía sin saberse con certeza si continuaba privado de libertad al término del mes.
El 17 de febrero, tres individuos armados con cuchillos se presentaron en las oficinas del BPIC buscando a Rafael Solano, director de Habana Press, que no se encontraba en el local en esos momentos. Según los informes, estas personas mostraron una actitud intimidatoria hacia Julio Restano, en cuya vivienda está situada la oficina. El 19 de febrero, Rafael Solano estuvo recluido una vez más durante varias horas, y fue puesto en libertad con las habituales advertencias de que pusiera fin a sus actividades, y en particular de que podía ser acusado de «desacato».
A medianoche del 17 de febrero, tras un registro policial en su domicilio, el doctor Gómez Manzano, coordinador del Grupo de los Siete, fue detenido y conducido a las dependencias del Departamento Técnico de Investigaciones en La Habana. Quedó en libertad el 21 de febrero, aunque fue detenido de nuevo durante un breve periodo el 24 de febrero.
El 18 de febrero, Ana Luisa López Baeza y Juan Antonio Sánchez, ambos de Cuba Press, fueron detenidos en el domicilio de Iraída de León León, vicepresidenta del Colegio Médico Independiente de Cuba, que también quedó bajo custodia. Los tres fueron puestos en libertad poco después. Según los informes, Juan Antonio Sánchez y otra periodista, María de los Ángeles González, recibieron la orden de presentarse ante la policía al día siguiente. Sin embargo, según los informes, Juan Antonio Sánchez fue detenido de nuevo ese mismo día y no quedó en libertad hasta el día siguiente, en esta ocasión con una advertencia oficial. Algunos informes señalaban que se le había ordenado regresar a su domicilio de Pinar del Río. Norma Brito, portavoz del BPIC, fue detenida hacia el 18 de febrero tras ser registrada su casa, pero fue puesta en libertad unas horas después. José Antonio Fornaris, presidente del Frente de Unidad Nacional, fue detenido el 18 de febrero cuando salía de la vivienda de otro disidente y fue puesto en libertad poco después. Lázaro Santana Mezquia, secretario general del Movimiento Maceísta por la Dignidad, también fue detenido el 18 de febrero. Maricela Pompa Espinoza, de ADEPO, fue detenida el 19 de febrero y llevada a las dependencias del Departamento Técnico de Investigaciones.
El 20 de febrero, Lázaro Lazo y Orlando Fondevila, del BPIC, fueron citados para ser interrogados en La Habana, pero quedaron en libertad unas horas después. Marta Beatriz Roque, directora del Instituto Cubano de Economistas Independientes, estuvo detenida durante varias horas tras efectuarse un registro en su domicilio. Fue puesta en libertad con la advertencia oficial de que pusiera fin a sus actividades. Osmel Lugo Gutiérrez, vicepresidente del Partido Democrático 30 de Noviembre, fue detenido y llevado a una estación de policía de San Miguel del Padrón, La Habana, donde según los informes había iniciado una huelga de hambre.
Hasta el 21 de febrero, las autoridades cubanas no habían hecho pública declaración alguna sobre las detenciones. Sin embargo, según informaciones publicadas en la prensa internacional, diplomáticos extranjeros habían recibido presiones de las autoridades cubanas para que no se entrevistaran con miembros del Concilio, aduciendo que tales contactos serían interpretados como injerencias en los asuntos internos de Cuba. La agencia de prensa oficial de Cuba, Prensa Latina, aludía a una campaña de propaganda en el extranjero, principalmente con el respaldo de los Estados Unidos, en relación con la constitución de algún tipo de consejo político por oponentes del gobierno. La agencia citaba a Elizardo Sánchez y Gustavo Arcos como ex convictos de delitos contra la seguridad del Estado12, y afirmaba que los grupos de la oposición eran desconocidos para la población. Ese mismo día, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la prohibición de la conferencia y afirmó que estaba organizada, planeada, patrocinada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos. La funcionaria agregó que no se permitiría ningún intento de injerencia en los asuntos internos, ningún intento de gobernar despóticamente sobre la soberanía del pueblo cubano. Mientras tanto, varios líderes del Concilio, en un comunicado entregado a la Embajada de Italia, instaban a las autoridades a poner en libertad a las personas que aún estaban detenidas, y afirmaban que parecía innecesario mantenerlas recluidas habida cuenta de que el grupo había accedido a no seguir adelante con su conferencia.
Ese día, 21 de febrero, el único vice-delegado de Concilio Cubano que no había sido detenido aún, Reinaldo Cosano Alén, fue detenido y conducido a una estación de policía de Centro Habana. Quedó en libertad el 23 de febrero, al parecer sin cargos. También fueron detenidos el 21 de febrero Pedro Pablo Álvarez, presidente del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, y José Ángel Chente Herrera, presidente del FPDHMG, que fue detenido en Pinar del Río y puesto en libertad unos días después. Griselda Fernández y Mirian García, ambas de ADEPO, fueron llevadas a diferentes estaciones de policía de La Habana, según los informes. Alexander Fuentes Lara, miembro de Agenda Nacionalista, fue detenido y trasladado a una estación de policía de La Habana. Según los informes, Juan José Pérez Maso fue detenido en Pinar del Río y conducido a las dependencias del Departamento Técnico de Investigaciones en esa ciudad. Quedó en libertad unos días después.
Enjuiciamiento de Lázaro González y el doctor Morejón
El 21 de febrero, los familiares de Lázaro González, que en esa fecha llevaba siete días recluido, fueron informados de que iba a ser juzgado al día siguiente en el tribunal municipal de La Palma, en Arroyo Naranjo, La Habana, por «desacato» y «desobediencia». En el juicio, que duró tres horas, Lázaro González fue declarado culpable y condenado a 14 meses de cárcel. Se cree que el cargo de «desacato» se basaba en que había continuado con sus actividades políticas a pesar de haber sido advertido en varias ocasiones por las autoridades de que pusiera fin a ellas. Al parecer, el cargo de «desobediencia» estaba relacionado con las imputaciones de que la familia tardó algún tiempo en abrir la puerta cuando la policía practicó su detención, obligando a los agentes a entrar por la fuerza. Según los informes, testigos presentados por la defensa pusieron en entredicho tales afirmaciones. Al parecer, las pruebas de la acusación se basaban en el testimonio de tres agentes de las fuerzas de seguridad. Según los informes, el abogado defensor, doctor José Ángel Izquierdo González, sólo fue informado de los fundamentos de los cargos presentados contra su cliente una o dos horas antes del juicio, y sólo pudo hablar con el acusado unos minutos antes del comienzo de la vista. Según parece hubo un amplio despliegue policial alrededor del edificio donde se encuentra el tribunal. También se han recibido noticias de la presencia en las inmediaciones de civiles, a quienes se cree pertenecientes a las Brigadas de Respuesta Rápida, armados con barras de hierro y palos. Según los informes, Antonio Báez Alemán, miembro del PPDHC, que había sido detenido el 15 de febrero y había permanecido recluido durante dos días, fue detenido de nuevo en la sala en circunstancias que aún no se conocen con certeza.
Al día siguiente se celebró el juicio del doctor Morejón en el tribunal municipal de La Palma, Arroyo Naranjo, La Habana. Lo acusaron de «resistencia», al parecer porque cuando fue detenido por policías del Departamento de Seguridad del Estado, vestidos de civil, pidió a los agentes que se identificaran y preguntó si disponían de una orden judicial. Fue condenado a seis meses de cárcel. El doctor Morejón fue defendido por el doctor José Ángel Izquierdo González, que también en este caso sólo pudo comunicarse con su cliente y conocer los detalles de las acusaciones formuladas en su contra en el último momento. Según los informes, el doctor Izquierdo, que es miembro de Corriente Agramontista, uno de los grupos que integran Concilio Cubano, fue multado después del juicio por haber dicho que éste había sido «simulado», y se le ordenó presentarse ante las autoridades el 29 de febrero. Según los informes, otro abogado y miembro de Corriente Agramontista, Jesús Escandel, fue detenido durante el juicio, pero hasta el momento no se conocen más detalles.
La fecha de la reunión prohibida se aproximaba y las detenciones continuaron. El 22 de febrero, Gema Romero Iparraguirre, vicepresidenta de la CDC, estuvo detenida durante varias horas después de efectuarse un registro en su domicilio. Ese mismo día detuvieron a José Luis Quiroz Gómez, portavoz del Bloque Democrático José Martí, en su casa de La Habana y lo llevaron a una estación de policía. Quedó en libertad más tarde. Según los informes, Carlos Manuel Gayol Sáinz, miembro de Agenda Nacionalista, también fue detenido en La Habana. Bárbara García Lugo, del mismo grupo, fue detenida, pero quedó en libertad poco después. Marta Parga García, secretaria ejecutiva del Movimiento de Madres Cubanas por la Solidaridad, que había estado recluida durante un breve periodo el 16 de febrero, fue detenida de nuevo e interrogada durante varias horas.
El 23 de febrero fueron detenidos Héctor Peraza y José Manuel Canciano Restano, director en funciones y subdirector del BPIC, respectivamente. José Manuel Canciano fue puesto en libertad el 25 de febrero. Héctor Peraza también quedó en libertad algún tiempo después, y fue enviado a su provincia de residencia, Pinar del Río, con la advertencia de no salir de su casa. Mario Remedio de los Cuetos, presidente del Movimiento 24 de Febrero, fue detenido tras efectuarse un registro en su domicilio y llevado a una estación de policía de La Habana. Gladys Linares Blanco, delegada de la Comisión 5 del Concilio y presidenta del Frente Femenino Humanitario, fue detenida junto con su esposo, Humberto Monet. Aunque éste quedó en libertad unas horas después, Gladys Linares, de 54 aþos de edad, permaneció recluida durante dos días en la estación de policía de Acosta, donde según los informes sufrió lesiones tras ser agredida en su celda por otra mujer que al parecer era experta en karate. Según los informes, la mujer intentó provocarla, y al ver que no respondía a la provocación, la tiró de la cama y la golpeó varias veces con los puños. Al parecer, los guardianes observaban indiferentes mientras se desarrollaba el incidente. Finalmente, uno de ellos se llevó a la mujer sin tomar medida alguna contra ella. Gladys Linares fue puesta en libertad el 25 de febrero, pero algunos informes indicaban que podrían formularse cargos en su contra basándose en que fue ella quien provocó la agresión.
El 24 de febrero, día en debería haberse inaugurado la conferencia prohibida, la policía, según los informes, rodeó las viviendas de varios líderes de Concilio Cubano para impedir que salieran y que recibieran visitas. Entre los que fueron objeto de tales medidas se encontraban Raúl Rivero y José Rivero García, de Cuba Press. Las detenciones también continuaron. Entre los detenidos figuraban Rafael Solano, que permaneció privado de libertad durante 15 horas, el doctor Gómez Manzano, Ana María Agramonte, Irene Almira, Martiza Lugo Gutiérrez, Ismael Rivero, José Gómez, Jorge Wong, Isabel del Pino Sotolongo, Juan José López Díaz, Iosvani Pérez Díaz y su esposa Niurka Hernández, Reinaldo Alfaro, Clara Ortiz, Magín Pérez Ortiz y Miguel Palenque Lodeiro. Osiel Gómez Alemán fue detenido en el Hospital Hermanos Ameijeiras de La Habana, donde intentaba visitar a Mercedes Paradas, y lo obligaron a regresar a su provincia de residencia, Matanzas. Luis Felipe Lorens fue detenido y trasladado a una estación de policía de Centro Habana. Mercedes Sabourni, portavoz de Agenda Nacionalista, fue detenida después de practicarse en su casa un registro durante el cual se confiscaron documentos que fueron llevados a una comisaría de policía de La Habana. También se tuvo noticia de otras detenciones en la provincia de Pinar del Río. Se cree que todos los detenidos quedaron en libertad poco después a excepción de Luis Felipe Lorens, quien según los informes continuaba recluido a principios de marzo.
También se recibieron informes de la detención de Esteban Pérez Castillo, de Unión Cívica Nacional, el 24 de febrero en La Habana. Se cree que al término del mes continuaba privado de libertad. Al parecer, su esposa, Laura Espinosa, también podría ser acusada de «desacato» por protestar contra su detención.
El 26 de febrero, según los informes, agentes del Departamento de Seguridad del Estado detuvieron a Eugenio Rodríguez Chaple, presidente del Bloque Democrático José Martí, después de que éste hubiera condenado, en el curso de una conversación telefónica con exiliados cubanos en los Estados Unidos, el derribo por la Fuerza Aérea Cubana, el 24 de febrero, de dos avionetas pertenecientes a un grupo de exiliados cubanos, incidente que se saldó con cuatro víctimas mortales13. Se cree que fue conducido a las dependencias del Departamento Técnico de Investigaciones en La Habana, y en el momento de redactar estas líneas continuaba recluido. Su esposa, Lázara Herrera, también estuvo detenida durante un breve periodo el 26 de febrero y fue advertida de que podía ser acusada de «peligrosidad». Algunos informes indicaban que Eugenio Rodríguez Chaple también había permanecido detenido varios días la semana anterior.
El 27 de febrero detuvieron de nuevo a Rafael Solano, que fue trasladado a las dependencias del Departamento de Seguridad del Estado en La Habana. Su familia fue advertida de que en esta ocasión no regresaría. El día de su detención recibió llamadas telefónicas anónimas en las que se amenazaba de muerte a él, a su familia y a otros miembros de la oposición. Julio Martínez, vicepresidente de Habana Press, recibió amenazas telefónicas semejantes una semana después.
Durante toda la ofensiva, las líneas telefónicas pertenecientes a muchos miembros de Concilio cubano han sido cortadas de modo permanente o intermitente, por lo que resulta difícil determinar la situación más reciente de todas las personas detenidas. Sin embargo, a comienzos de marzo, el doctor Morejón y Lázaro González habían ingresado en prisión, aunque según los informes el 8 de marzo debían verse los recursos presentados contra sus condenas. Se cree que Rafael Solano ha sido acusado de «asociación para delinquir» (artículo 207 del Código Penal), cargo que lleva aparejada una pena máxima de tres años de cárcel. Eugenio Rodríguez Chaple y Luis Felipe Lorens Nodal permanecían recluidos y se temía que la presentación de cargos fuera inminente. Lázaro García Cernuda, Iosvani Pérez Díaz y Antonio Báez Alemán, miembros del PPDHC, quedaron en libertad provisional el 4 de marzo de 1996, en espera de juicio por cargos que se desconocen. Alberto Perera Martínez, Miguel Granda Oliver, José Miguel Acosta y Osmel Lugo Gutiérrez fueron puestos en libertad el 29 de febrero, tras ser declarados culpables de «desacato» y condenados a pagar sendas multas de 500 pesos cubanos. Seguía sin saberse con certeza la situación de muchos otros miembros de Concilio Cubano.
Amnistía Internacional solicita la libertad inmediata e incondicional del doctor Morejón, Lázaro González y Rafael Solano por considerarlos presos de conciencia, privados de libertad únicamente por haber intentado ejercitar pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Amnistía Internacional cree que es probable que cualquier otro miembro de Concilio Cubano que permanezca recluido sea un preso de conciencia que debe ser puesto en libertad de inmediato, a menos que existan pruebas contrastadas que indiquen que han cometido un delito penal tipificado. Todos aquéllos que permanezcan recluidos deben recibir plenas garantías judiciales, incluido el acceso inmediato a un abogado de su elección. Amnistía Internacional insta además al gobierno de Cuba a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y a que garantice el derecho de todos los ciudadanos cubanos a ejercitar libremente sus derechos civiles y políticos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Amnistía Internacional no toma partido en relación con los fines políticos de Concilio Cubano, pero apoya el derecho de sus miembros, y de hecho el de todos los ciudadanos cubanos, a ejercer sus legítimos derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión sin injerencias indebidas de las autoridades cubanas.
PREOCUPACIONES GENERALES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN CUBA
Amnistía Internacional cree que actualmente hay en Cuba al menos 600 presos de conciencia, privados de libertad por intentar ejercitar pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y movimiento. Amnistía Internacional cree que hay además un número semejante de presos recluidos por cargos graves contra la seguridad del Estado, como terrorismo, sabotaje y piratería. En todos los casos, es improbable que las personas implicadas hayan sido juzgadas con las debidas garantías, habida cuenta de la ausencia de garantías fundamentales en el proceso judicial, en particular en lo referente al derecho de defensa. Amnistía Internacional recibe frecuentes informes de palizas a los reclusos propinadas por personal penitenciario, palizas que parecen ser constitutivas de trato cruel, inhumano o degradante y ocasionalmente de tortura. También se reciben informes esporádicos de muertes de civiles desarmados en circunstancias que sugieren el uso innecesario de fuerza mortífera, en particular por los guardias de seguridad que trabajan en las explotaciones agrícolas regentadas por el Estado. En 1995, Amnistía Internacional recibió informes de la muerte de cinco personas que perdieron la vida cuando intentaban robar alimentos de explotaciones agrícolas del Estado. Cuba mantiene asimismo la pena de muerte para una amplia gama de delitos, aunque no se ha aplicado con frecuencia en los últimos años. Se tiene constancia de que en 1995 se llevaron a cabo dos ejecuciones por asesinato.
I. Estructura de Concilio Cubano
Secretariado:
Delegado Nacional: Dr Leonel Morejón Almagro
Vice-Delegados Nacionales: Reinaldo Cosano Alén
Lázaro González
Valdés
Héctor Palacio Ruiz
Mercedes Paradas Antúnez
Miembros honorarios: Gustavo Arcos Bergnes
Oswaldo Payá Sardiñas
Elizardo Sánchez Santa Cruz
Consejo Coordinador Nacional (CCN):
Grupo de Apoyo:
II. Nombres de los grupos pertenecientes al Concilio Cubano que se mencionan en este documento:
Agenda Nacionalista
Alianza Democrática Popular (ADEPO)
Asociación de Periodistas Independientes de Cuba (APIC)
Asociación Cívica Democrática
Aociación Pro Arte Libre (APAL)
Bloque Democrático José Martí
Buró de Periodistas Independientes de Cuba (BPIC)compuesto por:
Coalición Democrática Cubana (CDC)
Colegio Médico Independiente de Cuba
Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH)
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN)
Comisión Humanitaria del Presidio Político
Comité Paz, Progreso y Libertad
Consejo Nacional por los Derechos Civiles
Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos
Corriente Agramontista
Corriente Cívica Cubana
Cuba Press
Frente Femenino Humanitario
Frente Pro Derechos Humanos Máximo Gómez (FPDHMG)
Frente de Unidad Nacional (FUN)
Instituto Cubano de Economistas Independientes
Instituto de Estudios Alternativos
Movimiento 13 de Julio
Movimiento 24 de Febrero
Movimiento Cristiano Liberación
Movimiento Demócrata Cristiano
Movimiento Ignacio Agramonte
Movimiento de Jóvenes Cubanos por la Democracia
Movimiento Juvenil Cubano
Movimiento Maceísta por la Dignidad
Movimiento de Madres Cubanas por la Solidaridad
Movimiento Reflexión
NaturPaz
Organización Juvenil Martiana
Partido Democrático 30 de Noviembre
Partido Pro Derechos Humanos en Cuba (PPDHC)
Partido Solidaridad Democrático (PSD)
Unión Cívica Nacional (UCN)
Notas Finales
1. Para más detalles, véase «Estados Unidos y Cuba. Los "balseros" cubanos, juguete de dos gobiernos», AMR 51/86/94/s, octubre de 1994.
2. Véase «Cuba. Arresto de Domiciano Torres Roca», AMR 25/10/93/s, septiembre de 1993, y seguimiento AMR 25/16/93/s, de noviembre de 1993.
3. Para más detalles, véase «Cuba. Silenciando las voces disidentes», AMR 25/26/92/s, diciembre de 1992.
4. Para más detalles, véase Estados Unidos y Cuba. Los «balseros» cubanos, juguete de dos gobiernos, AMR 25/86/94/s, octubre de 1994.
5. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia. Para más detalles, véase «Cuba. Silenciando las voces disidentes», AMR 25/26/92/s, diciembre de 1992.
6. Habana Press, Patria y el Círculo de Periodistas de La Habana pertenecen al BPIC, pero no así Cuba Press. No está clara la situación de APIC.
7. Para más detalles sobre esta legislación y su aplicación, véase Cuba: Cientos de personas encarceladas por «peligrosidad», AMR 25/01/94/s, febrero de 1994.
8. La Constitución cubana reconoce la libertad de religión, pero las actividades de las iglesias y de los grupos religiosos están estrictamente reguladas, sobre todo en lo relativo al proselitismo y las reuniones u oficios públicos. Los miembros de ciertas confesiones cristianas, cuyas prácticas se considera que entran en conflicto con los fines de la sociedad socialista cubana, en particular los testigos de Jehová, pueden ser hostigados y a veces encarcelados por delitos relacionados con el ejercicio pacífico de sus creencias religiosas. Para más detalles, véase Cuba. Encarcelamiento del reverendo Orson Vila Santoyo, ministro de la Iglesia de Pentecostés, AMR 25/06/95/s, de 20 de junio de 1995.
9. Para más detalles sobre su detención y encarcelamiento anteriores, véase «Cuba. Cientos de personas encarceladas por «peligrosidad», AMR 25/01/94, de febrero de 1994.
10. Véase Acción Urgente 57/94, AMR 25/03/94/s, de 17 de febrero de 1994 - Temor por la seguridad - Eugenio Rodríguez Chaple, Lázara Herrera Portelles y sus dos hijos.
11. Cuba y los Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas. Sin embargo, los Estados Unidos disponen de una Sección de Intereses con sede en la Embajada de Suiza en La Habana, y Cuba tiene una Sección de Intereses en Washington.
12. Elizardo Sánchez ha estado encarcelado en varias ocasiones por motivos políticos, en particular en 1989, cuando fue condenado a dos años de cárcel por «difundir noticias falsas con el propósito de poner en peligro el prestigio y el crédito del Estado cubano». Gustavo Arcos, que fue embajador de Cuba en Bélgica a comienzos del decenio de 1960, cumplió siete años en prisión en la década de 1980 por «salida ilegal del país», así como tres años a finales del decenio de 1960 por motivos políticos. Amnistía Internacional consideró presos de conciencia a ambos.
13. Los aviones pertenecían a un grupo llamado Hermanos al Rescate, que afirmó que sobrevolaban el estrecho de Florida en busca de personas que intentaban escapar de Cuba por mar. El gobierno cubano afirmó que los dos aviones abatidos, a los que creía con destino a La Habana, donde habían arrojado octavillas en ocasiones anteriores, habían penetrado en el espacio aéreo cubano sin autorización. Tras un debate urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU, convocado por el gobierno de los Estados Unidos, la Organización de Aviación Civil Internacional tenía previsto efectuar una investigación. Amnistía Internacional ha pedido a todas las partes implicadas su plena cooperación en la indagación.