Amnistía Internacional


MARRUECOS Y EL SAHARA OCCIDENTAL

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
EN EL SAHARA OCCIDENTAL

18 de abril de 1996    RESUMEN                ÍNDICE AI:
MDE 29/04/96/s

DISTR.: SC/CO/GR

Las fuerzas de seguridad marroquíes continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental, en violación de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado Marruecos y a pesar de la presencia, desde 1991, de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO).

Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que el mandato de la MINURSO no incluya disposiciones más amplias para la vigilancia de la situación de los derechos humanos, así como por el hecho de que no se respeten siquiera las limitadas salvaguardias que contiene el mandato de la MINURSO para esos derechos. A menos que las Naciones Unidas adopten medidas urgentes, la MINURSO seguirá siendo testigo silencioso de la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Amnistía Internacional ha documentado durante los últimos dos decenios las violaciones que contra los derechos humanos se cometen en el Sahara Occidental y ha emprendido actividades y campañas contra esa situación. Tras la anexión del Sahara Occidental por parte de Marruecos en 1975, centenares de saharauis fueron arrestados y «desaparecieron». Las autoridades marroquíes liberaron a más de trescientos de aquellos «desaparecidos» en junio de 1991, tras haber permanecido más de dieciséis años en condiciones inhumanas en centros secretos de detención, donde muchos de ellos perdieron la vida. Todavía hoy los familiares no saben dónde están enterrados sus seres queridos. Las autoridades no han reconocido estas muertes. Ese mismo año fueron también liberados unos treinta marroquíes del centro secreto de detención de Tazmamert, donde habían pasado dieciocho años.

Amnistía Internacional manifestó su satisfacción por la liberación de estos «desaparecidos», pero aún hoy sigue expresando su preocupación porque sigue sin darse explicación alguna sobre la suerte de centenares más de «desaparecidos», la mayoría de ellos saharauis. Al día de hoy, todavía siguen sin recibir ninguna compensación los que habían «desaparecido» y recuperaron la libertad, como tampoco los familiares de los que murieron en detención secreta. Tampoco se ha realizado investigación alguna sobre estas «desapariciones» ni sobre la muerte de multitud de personas en los centros secretos de detención. Las autoridades de Marruecos no han mostrado intención alguna de investigar estas violaciones y los responsables siguen gozando de total impunidad.

Tras la liberación de «desaparecidos» saharauis y marroquíes en 1991 se han registrado en Marruecos otras mejoras significativas en la situación de los derechos humanos en el país, como la conmutación de 195 sentencias de muerte en 1993 y la liberación en 1994 de más de 350 presos de conciencia y presos políticos que habían sido condenados en juicios que no cumplieron las garantías mínimas de justicia procesal. Sin embargo, estas mejoras en la situación de los derechos humanos en Marruecos no se han ampliado hasta el Sahara Occidental, como tampoco se han materializado las esperanzas de que se produzcan novedades alentadoras, especialmente la aclaración de la suerte de los centenares de personas que siguen «desaparecidas».

La detención en el Sahara Occidental de presuntos opositores políticos sigue siendo generalizada. La prolongada detención en secreto, una práctica de la que hoy apenas se reciben informes provenientes de Marruecos, sigue siendo habitual en el Sahara Occidental, donde la mayoría de los detenidos jamás son objeto de procedimiento legal alguno. Los que habían «desaparecido» y ahora están en libertad se encuentra sometidos a estrecha vigilancia y sus libertades de expresión, asociación y circulación están restringidas. Además, muchos de estos ex «desaparecidos» del Sahara Occidental han vuelto a ser arrestados y han sido encarcelados de nuevo en detención secreta durante semanas y meses. Los jóvenes arrestados tras las manifestaciones en favor de la independencia en el Sahara Occidental han sido sentenciados por el Tribunal Militar de Marruecos a penas de hasta veinte años de cárcel por cargos como el de amenazar la seguridad externa del Estado. Estos presos de conciencia siguen en la cárcel, y no se han investigado las denuncias de que fueron torturados durante su prolongada detención preventiva en secreto.

En este informe se abordan asimismo los motivos de preocupación de Amnistía Internacional relacionados con pasados abusos cometidos en los campos de refugiados administrados por las autoridades del Frente Polisario en el sur de Argelia.

Amnistía Internacional pide:

Este texto resume el documento titulado Marruecos y el Sahara Occidental - Violaciones de Derechos Humanos en el Sahara Occidental (Índice AI: MDE 29/04/96/s), publicado por Amnistía Internacional en abril de 1996. Quienes deseen más información o emprender alguna acción al respecto deben leer el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA


Amnistía Internacional


MARRUECOS Y EL SAHARA OCCIDENTAL

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
EN EL SAHARA OCCIDENTAL

18 de abril de 1996
Índice AI: MDE 29/04/96/s
DISTR: SC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

«DESAPARICIONES»: ATMÓSFERA DE MIEDO, SILENCIO Y NEGACIÓN

LIBERACIÓN DE ALGUNOS DE LOS «DESAPARECIDOS»

EX «DESAPARECIDOS»: IMPUNIDAD PARA LOS PERPETRADORES

INCAPACIDAD DE MINURSO PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

CONTINUACIÓN DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR LAS AUTORIDADES DEL POLISARIO EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS DEL SUR DE ARGELIA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Llamamiento de Amnistía Internacional a las autoridades marroquíes:
Llamamiento de Amnistía Internacional a las Naciones Unidas:
Llamamiento de Amnistía Internacional a las autoridades del Polisario:

MARRUECOS Y EL SAHARA OCCIDENTAL

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

INTRODUCCIÓN

Las fuerzas de seguridad marroquíes continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental. Se detiene a presos de conciencia por la expresión pacífica de sus convicciones y se ha encarcelado a algunos de ellos tras juicios celebrados sin las debidas garantías ante el Tribunal Militar. Es común la detención secreta prolongada y nunca se investigan las denuncias de tortura y malos tratos. En 1991, las autoridades marroquíes liberaron a más de trescientos saharauis que llevaban «desaparecidos» hasta dieciséis años. Sin embargo, sigue sin darse razón de otros centenares que «desaparecieron» después de ser detenidos a partir de 1975, y no se han investigado ni la «desaparición» de los que fueron liberados de centros secretos de detención en 1991 ni las muertes de otras decenas de «desaparecidos». Ni los que estuvieron «desaparecidos» ni las familias de los que murieron en detención secreta han recibido indemnización alguna y, además, algunos de los que habían estado «desaparecidos» volvieron a ser arrestados y algunos de éstos permanecieron detenidos varios meses.

En los últimos cinco años se ha experimentado en Marruecos un progreso significativo en la situación de los derechos humanos; por ejemplo, se ha liberado a centenares de «desaparecidos» y de presos de conciencia, y se han conmutado sentencias de muerte. Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción esos acontecimientos tan positivos y ha pedido a las autoridades marroquíes que continúen la obra comenzada con esos avances tomando nuevas medidas para mejorar aún más la situación de los derechos humanos en Marruecos y en el Sahara Occidental.

Amnistía Internacional ha continuado documentando sus motivos de preocupación sobre violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental[1] a lo largo de los dos últimos decenios. La organización ha hecho muchas recomendaciones al gobierno marroquí pidiendo que tomase medidas para abordar cuestiones pendientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y sobre las que siguen cometiéndose, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Reino de Marruecos en virtud de los tratados de derechos humanos que ha ratificado.[2]

Estas violaciones comenzaron cuando Marruecos se anexionó el Sahara Occidental en 1975[3] y han continuado a pesar de la presencia, desde 1991, de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO).[4] Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que el mandato de la MINURSO no incluya disposiciones más amplias para la vigilancia de la situación de los derechos humanos y para la investigación y denuncia de violaciones de estos derechos, así como por el hecho de que incluso las limitadas salvaguardias que contiene el mandato de la MINURSO para los derechos humanos no se respeten. Amnistía Internacional lleva desde los años setenta planteando sus preocupaciones a las autoridades marroquíes. Desde 1992 ha solicitado asimismo a la ONU que vele porque se respeten las salvaguardias para los derechos humanos que contiene el mandato de la MINURSO y que amplíe éste de forma que incluya nuevas disposiciones relativas a la protección de los derechos humanos. Hasta el momento, las Naciones Unidas no han tomado estas medidas, pero, a menos que se tome, de manera urgente, una determinación para remediar la cuestión de los derechos humanos en el Sahara Occidental, la MINURSO no será más que un testigo silencioso de la violación de estos derechos.

Amnistía Internacional no adopta posición alguna en lo que respecta a la disputa territorial entre Marruecos, que afirma tener la soberanía sobre el Sahara Occidental, y el Frente Polisario, que pide la instauración de un Estado independiente en dicho territorio, ni sobre las cuestiones relativas al referéndum sobre el futuro del Sahara Occidental. A la organización solamente le incumben las violaciones de derechos humanos que caen dentro de su mandato. Del mismo modo, las preocupaciones de Amnistía Internacional en lo que respecta a la función de la MINURSO se ciñen exclusivamente a su falta de protección efectiva de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Este informe detalla casos de violaciones de derechos humanos y las pautas que siguen estas violaciones en el Sahara Occidental; en él se incluyen referencias a la situación de los derechos humanos en Marruecos con objeto de ilustrar la pauta de las violaciones y la evolución de la situación de derechos humanos. El informe incluye también las preocupaciones de Amnistía Internacional en lo que respecta a los abusos contra los derechos humanos cometidos en los campos de refugiados administrados por las autoridades del Frente Polisario y situados en Tinduf, en el sur de Argelia. Amnistía Internacional ha obtenido la información que contiene este documento a lo largo de varios años: se la han procurado las víctimas y sus familiares, testigos presenciales, abogados, médicos, personal de las Naciones Unidas, las autoridades marroquíes y las del Frente Polisario, así como otras fuentes; estos testimonios se han contrastado y verificado según el método de trabajo de la organización. Debido a que siguen produciéndose violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental, no se revela la identidad de algunas de las víctimas y de las fuentes de información para proteger la integridad de las personas afectadas.

Este documento incluye recomendaciones dirigidas a las autoridades marroquíes, a las Naciones Unidas y a las autoridades del Polisario.

«DESAPARICIONES»: ATMÓSFERA DE MIEDO, SILENCIO Y NEGACIÓN

Ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzosas[5].

La práctica sistemática de las autoridades marroquíes de hacer «desaparecer» a los opositores políticos, conocidos o supuestos, se remonta a los años sesenta. Uno de los casos pendientes más antiguos de «desaparición» en Marruecos es el de Abdelhaq Rouissi, un sindicalista que «desapareció» de su casa el 4 de octubre de 1964. Fue visto en centros secretos de detención en 1979, 1983 y 1989, pero las autoridades no han facilitado información sobre su paradero, por lo que sigue «desaparecido». Decenas más de marroquíes «desaparecieron» tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad, la mayor parte de ellos en los años setenta.

Las «desapariciones» de saharauis comenzaron a suceder a fines de 1975 y continuaron hasta fines de la década de los ochenta. La última gran oleada de «desapariciones» de que se tiene noticia tuvo lugar en noviembre de 1987, fecha en que una misión técnica de la ONU visitó el Sahara Occidental.

Los hombres y mujeres, e incluso los niños, que «desaparecieron» en el Sahara Occidental a partir de 1975 eran de toda condición. A muchos los detuvieron porque se les atribuían actividades proindependentistas, apoyo al Frente Polisario u oposición al dominio de Marruecos sobre el Sahara Occidental. A algunos los detuvieron cuando trataban de huir del Sahara Occidental a los campos de refugiados del Polisario en la vecina Argelia. Otros, entre los que se cuentan ancianos y niños, «desaparecieron» por sus vínculos familiares con conocidos o supuestos opositores a la política del gobierno marroquí en el Sahara Occidental.

Tras ser arrestados por el ejército marroquí y otras fuerzas de seguridad, los detenidos eran llevados a centros secretos de detención situados en el propio Marruecos o en el Sahara Occidental; en dichos centros, la tortura y los malos tratos eran habituales, sobre todo durante el interrogatorio. Salvo en raras excepciones, los detenidos no fueron nunca acusados de ningún delito, ni juzgados ni sometidos a ningún procedimiento judicial. Algunos fueron liberados después de pasar semanas o meses en detención secreta, pero hubo centenares que «desaparecieron» sin más.

A pesar del secreto y el temor que envuelven la cuestión de las «desapariciones», a lo largo de los años empezaron a llegar al mundo exterior algunas noticias sobre los «desaparecidos» que habían sido vistos en varios de los centros secretos de detención. Sin embargo, la información pormenorizada resulta difícil de obtener, ya que incluso las pocas familias que saben algo sobre sus familiares «desaparecidos» son remisas a hablar abiertamente por miedo a someter a sus parientes a riesgos aún mayores o por temor por su propia seguridad. En algunos casos, a los que trataron de conseguir información sobre sus familiares, los detuvieron, a su vez, o les hicieron «desaparecer». La práctica del arresto y la detención fuera del marco de la legalidad así como la negación, tanto a los detenidos como a sus familiares, de todo recurso al procedimiento judicial desanima a las familias de interponer querellas o de solicitar información sobre sus parientes «desaparecidos».

Por ejemplo, en marzo de 1976 arrestaron a El-Khader Ayad Daoud y a su hermano Ahmed-Salek, un mes después del arresto de su padre, Mohamed Ayad Daoud. En 1977 arrestaron a otro hermano. Al padre de El-Khader le detuvieron en su propia casa, delante de su familia, el 27 de febrero de 1976. A El-Khader, que tenía veinticuatro años, le detuvieron en el Centro Pedagógico Regional de Agadir, al sur de Marruecos, donde estudiaba para profesor de enseñanza secundaria. A su hermano Ahmed-Salek, de dieciocho años, le detuvieron poco después, a la vista de sus compañeros de clase, en el aula de la escuela secundaria de Inezgane, cerca de Agadir. Al principio, ambos hermanos estuvieron recluidos en la Comisaría Central de Agadir. A partir de entonces, su ruta hacia la «desaparición» fue la misma que la de otros centenares de personas. Tras cuatro meses en el centro de detención de Derb Moulay Cherif, en Casablanca, en el que se practicaba la tortura de forma sistemática, El-Khader y su hermano Ahmed-Salek fueron trasladados a un centro secreto de detención de Agdz, una pequeña población del valle de Draa, al sudeste de Marruecos. Allí encontraron a su padre; poco después, los tres fueron trasladados a otro centro secreto de detención, el de Qalat M'Gouna, situado al norte de Agdz en la carretera que lleva de Rachidia a Uarzazate, en el pintoresco valle conocido como el «valle de las rosas». Estuvieron recluidos allí con centenares de otros «desaparecidos», en su mayoría saharauis y algunos, marroquíes; ninguno de ellos sabía por qué se encontraba allí ni cuánto tiempo tendría que permanecer en el centro. El 31 de diciembre de 1984 quedaron en libertad del centro de Qalat M'Gouna cinco marroquíes que llevaban «desaparecidos» desde principios de 1976. Del mismo modo en que nunca les habían dicho por qué los habían detenido, tampoco les dijeron por qué los liberaban; hasta la fecha, las autoridades marroquíes no han reconocido su detención. En 1985, con ocasión de la visita del rey Hassan II a Qalat M'Gouna, El-Khader, su hermano y su padre, así como los demás «desaparecidos, fueron trasladados a otro centro secreto de detención de Skoura, cerca de Uarzazate, en el que permanecieron unos diez días y luego fueron llevados de nuevo a Qalat M'Gouna, de donde no salieron hasta su liberación en junio de 1991. Más de cuarenta «desaparecidos» murieron en Agdz y en Qalat M'Gouna, y cada vez que perecía uno de ellos, crecía el miedo entre los demás «desaparecidos» de morir ellos también sin que sus familias ni nadie en el mundo supiera cómo, cuándo ni dónde habían muerto.

Los que creían que El-Khader, su hermano, su padre y los otros cientos de «desaparecidos» estaban vivos, siguieron haciendo campaña por su liberación, pero se enfrentaban a una difícil tarea. Durante dieciséis años, las autoridades marroquíes negaron todo conocimiento de El-Khader, su hermano, su padre y los demás centenares de personas recluidas en centros secretos de detención.

A causa de la escasez de detalles conocidos sobre los «desaparecidos», sobre las circunstancias de su detención y «desaparición», y debido a la continua negativa de las autoridades marroquíes a reconocer la detención, muchos dudaban que esas «desapariciones» se hubieran producido en absoluto y, por tanto, no estaban dispuestos a plantear los casos a las autoridades marroquíes.

En marzo de 1986, Amnistía Internacional presentó 88 casos de «desaparecidos» saharauis al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), entre ellos los de El-Khader Ayad Daoud, su hermano Ahmed-Salek y su padre, Mohamed. La organización había obtenido los testimonios de testigos presenciales que confirmaban su arresto. Amnistía Internacional había planteado los casos de estos «desaparecidos» a las autoridades marroquíes durante una visita a Marruecos en febrero de 1981, y sus nombres habían aparecido en un informe de Amnistía Internacional publicado en 1982. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones rechazó 86 de los 88 casos que Amnistía Internacional le presentaba arguyendo que no había suficiente información sobre aquellos individuos para justificar una investigación de su «desaparición».

En junio de 1988, Amnistía Internacional planteó a la ONU los casos de 24 saharauis de los que se había dicho que habían «desaparecido» tras ser detenidos, junto a centenares más, con ocasión de una misión técnica de estudio de la ONU al Sahara Occidental en noviembre de 1987. Entre los casos que se plantearon figuraba el de Ghalia ment Abdallahi ould Mohamed, una ingeniera agrónoma que había «desaparecido» tras su arresto, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1987 en El Aaiún. El subsecretario general de asuntos políticos de la ONU contestó a Amnistía Internacional en julio de 1988 que no tenía conocimiento de que las personas citadas estuvieran «desaparecidas».

LIBERACIÓN DE ALGUNOS DE LOS «DESAPARECIDOS»

«Estas prisiones no figuran en ninguna lista de la división de administración penitenciaria del Ministerio del Interior» (Respuesta de la delegación marroquí a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de 1990 sobre la ubicación de los centros secretos de detención de Qalat M'Gouna y Tazmamert)[6].

En junio de 1991, más de trescientos saharauis «desaparecidos» fueron liberados de los centros secretos de detención de Qalat M'Gouna y El Aaiún. El gobierno marroquí emitió una lista[7] con los nombres de 268 de los liberados, entre ellos El-Khader Ayad Daoud, su hermano Ahmed-Salek, su padre, Mohamed, y muchos otros «desaparecidos» cuyos casos habían sido planteados durante muchos años por Amnistía Internacional a las autoridades marroquíes y que habían sido rechazados por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones en 1986. Muchos de los que habían sido arrestados y habían «desaparecido» tras la misión técnica de estudio de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental en noviembre de 1987 fueron liberados también en junio de 1991; entre ellos estaba Ghalia ment Abdallahi ould Mohamed.

Ese mismo año, posteriormente, las autoridades marroquíes liberaron también a unos treinta marroquíes del centro secreto de detención de Tazmamert, donde habían pasado dieciocho años, a lo largo de los cuales habían fallecido más de treinta reclusos. La mayoría de ellos eran oficiales del ejército y otros militares a los que habían detenido tras las tentativas de golpe de Estado de 1971 y 1972, además de tres civiles, hermanos, de doble nacionalidad francesa y marroquí. Durante años se plantearon sus casos en vano a las autoridades marroquíes.

Después de liberar a unas personas cuya detención negaron en algunos casos durante dieciocho años, las autoridades marroquíes continúan negando todo conocimiento sobre otros centenares de «desaparecidos» de los que nadie ha dado razón. Entre quienes niegan la existencia de «desaparecidos» saharauis figuran personas que tuvieron un papel destacado en el Frente Polisario y que, tras abandonar dicha organización, trabajan con el gobierno de Marruecos. Sostienen que los «desaparecidos» saharauis a los que mencionan Amnistía Internacional y otras organizaciones no existen, que esas listas fueron falsificadas por las autoridades del Polisario por motivos propagandísticos. Más de trescientos de los «desaparecidos» cuya existencia negaban fueron liberados en 1991; todavía hoy continúan negando la existencia de otros.

Hasta la fecha, centenares de familias siguen sin poder conseguir información alguna sobre el paradero de los parientes que llevan «desaparecidos» hasta veinte años, en algunos casos. Entre aquellos de los que no se ha tenido noticia se encuentran Mokhtar ould M'Barek ould Mohamed ould El-Alem Breira, un agricultor de Hagounia que fue arrestado en su casa, delante de su familia, el 7 de febrero de 1976, y Tebker ment Sidi-Mohamed ould Khattari, madre de cinco hijos, que fue detenida en marzo de 1985 cuando se trasladaba de Dakhla a El Aaiún con otra mujer que también «desapareció» pero acabó por ser liberada en junio de 1991. Hasta el momento han resultado inútiles los intentos de sus familiares de conocer la suerte que han corrido.

Ha habido denuncias de que algunos de los «desaparecidos» fueron ejecutados extrajudicialmente poco después de su arresto y de que otros murieron en detención secreta. Cualquiera que sea la suerte que corrieran después de su arresto, hay que esclarecer ya esta cuestión. Sus familiares tienen derecho a saberlo todo. Del mismo modo, las familias de las decenas de «desaparecidos» de los que se sabe que murieron en los centros secretos de detención de Agdz, Qalat M'Gouna y El Aaiún entre 1975 y 1990 tienen derecho a que se les notifique su muerte y se les indemnice. Las autoridades marroquíes no han reconocido nunca oficialmente las muertes de esos «desaparecidos» y no se han llevado a cabo las investigaciones necesarias para procesar a los culpables de su «desaparición» y muerte. Las familias de las víctimas no han recibido indemnización alguna y, hasta la fecha, no han logrado encontrar la sepultura de sus parientes.

EX «DESAPARECIDOS»: IMPUNIDAD PARA LOS PERPETRADORES

Las víctimas de actos de desaparición forzosa y sus familias deberán obtener reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan completa como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a consecuencia de su desaparición forzosa, su familia tendrá igualmente derecho a indemnización[8]

En ningún momento, al liberar en 1991 a los ex «desaparecidos», expresaron las autoridades marroquíes la menor intención de investigar esos hechos y procesar a los responsables. Cuando fue designado el primer ministro marroquí de derechos humanos, en noviembre de 1993, declaró que haría lo posible para compensar a los ex «desaparecidos» y por esclarecer la suerte de los restantes. En el transcurso del año siguiente, se asignó a los ex militares que habían sido liberados del centro secreto de Tazmamert tras dieciocho años de detención secreta una cantidad mensual en concepto de «ayuda humanitaria» o «pensión», pero no se les pagó ninguna indemnización. Las familias de los que perdieron la vida en Tazmamert recibieron certificados de defunción (que, no obstante, no daban información alguna sobre el lugar, las causas y las circunstancias del fallecimiento). Seis civiles marroquíes que salieron de Qalat M'Gouna el 31 de diciembre de 1984, que llevaban «desaparecidos» desde 1976 y cuya detención no ha sido reconocida por las autoridades hasta la fecha, han seguido planteando su caso a las autoridades marroquíes y exigiendo reparación e indemnización por el sufrimiento que padecieron durante los años que pasaron en detención secreta. Sus casos, al igual que los de otros marroquíes «desaparecidos», han sido planteados también por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Marruecos, así como por algunos de los partidos políticos del país, pero tampoco estas entidades han obtenido ningún resultado. La mayoría de los ex «desaparecidos» marroquíes no están autorizados a salir de su país y al menos dos de ellos volvieron a ser detenidos arbitrariamente en 1995.

En vista de lo delicada que es, políticamente hablando, la cuestión del Sahara Occidental, rara vez se ha suscitado abiertamente en Marruecos la suerte de los «desaparecidos» saharauis. Los familiares de los que murieron en detención secreta o que siguen «desaparecidos» no pueden denunciarlo por temor por su propia seguridad. Los únicos que se han manifestado al respecto son los que han logrado abandonar el Sahara Occidental; otros han proporcionado información con la condición de que no se revelara su identidad mientras permanecieran en el Sahara Occidental o en Marruecos. La mayoría de los saharauis «desaparecidos» que fueron liberados en 1991 siguen prácticamente aislados del mundo. Su derecho a la libertad de expresión, asociación y circulación está severamente restringido y, hasta la fecha, se les ha negado toda indemnización y los medios de obtener reparación por la tortura y los malos tratos a que los sometieron durante los años que estuvieron en detención secreta.

Una mujer saharaui que estuvo «desaparecida» y fue liberada en junio de 1991 dijo a Amnistía Internacional:

No tenía más que veintiséis años y gozaba de buena salud cuando «desaparecí»; cuando me liberaron estaba muy enferma y no podía obtener tratamiento médico. Otros [ex «desaparecidos»] estaban todavía peor que yo y tampoco podían tratarse. Fui mejorando poco a poco, pero sé que nunca me recuperaré completamente; no son sólo los dolores que aún siento en todo el cuerpo: es el miedo, que me acompaña día a día, de que lo que me ocurrió una vez pueda volver a sucederme y de que, esta vez, no vuelva a ver nunca más a mi familia. A otras mujeres que «desaparecieron» conmigo y quedaron en libertad conmigo, han vuelto a arrestarlas y han estado «desaparecidas» durante meses. Pido a Dios que no me ocurra lo mismo. No dejo de pensar en los que murieron mientras estábamos «desaparecidos». ¡Cómo me gustaría consolar a sus familias! Pero no puedo, es peligroso; la vigilancia es estrecha, sobre todo la que mantienen sobre nosotros, los ex «desaparecidos», y sobre los familiares de los que siguen «desaparecidos». Creo que no puedo arriesgarme tanto. Estoy contenta de estar por fin con mi familia, pero nunca me siento totalmente segura y sigo con la sensación de estar en prisión: me vigilan constantemente y no puedo ni ir al pueblo de al lado sin una autorización especial, que a menudo es imposible de obtener.

El sentimiento de miedo incesante que expresa esta mujer lo han manifestado también otros ex «desaparecidos», los familiares de los que siguen «desaparecidos» y otras personas.

Mahmoud Moulay Ahmed El-Othmani fue liberado de Qalat M'Gouna en junio de 1991 tras nueve años y cinco meses de «desaparición». Como muchos otros, estaba enfermo pero no podía lograr un tratamiento médico adecuado. No le permitían salir de El Aaiún y con frecuencia, las fuerzas de seguridad le detenían y le interrogaban; además, había temporadas en que le prohibían salir de su domicilio. A fines de 1992 se las arregló para escapar del Sahara Occidental. Esto es lo que dijo a Amnistía Internacional:

A menudo reflexionaba sobre qué ventaja tenía que me hubieran liberado si seguía viviendo como si estuviera encarcelado. Había estado «desaparecido» durante muchísimos años e incluso después de quedar en libertad no era libre. Quería estar con algunos de los que habían «desaparecido» conmigo: habíamos compartido tantas penalidades durante la detención secreta que nos habíamos hecho muy amigos. No pretendíamos maquinar nada, solo estar juntos, como hacen todos los amigos, pero ni siquiera eso nos estaba permitido.

Encima de estar sometidos a restricciones en su libertad de expresión, asociación y circulación, muchos de los ex «desaparecidos» que fueron excarcelados en 1991 han vuelto a ser arrestados y a estar en detención secreta, a veces durante periodos prolongados. Entre ellos figuran una mujer, Gleimina Tayeb Yazidi, y cinco varones, Alamine Abdelkader Daagui, Bamba Mohamed Gay, Mohamed Salem Abdelhay, Bachir Atman Hosein Lekhfaouini y Brahim Sbai, que fueron arrestados en noviembre de 1995; Soukeina Jedahlou ■una mujer que fue detenida en septiembre de 1992 en Smara, con ocasión de unas manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad, y que estuvo incomunicada durante dieciocho meses■, Bachir Lekhfaouni y Sebaha Ahmed Lehbib, todos ellos detenidos en 1992 y recluidos en régimen de incomunicación hasta fines de 1993. Los familiares de esos y otros detenidos no lograron obtener ninguna información sobre su paradero durante el tiempo que estuvieron en detención secreta.

INCAPACIDAD DE MINURSO PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

MINURSO, en tanto que misión de las Naciones Unidas, no podía ser testigo silencioso de comportamientos que infringieran los derechos humanos de la población civil. (Declaración del secretario general de la ONU en su informe de 26 de enero de 1993 al Consejo de Seguridad)[9]

La ausencia de disposiciones concretas en el mandato de la MINURSO para la vigilancia de la situación de derechos humanos y la investigación de violaciones de estos derechos, así como su falta de protección efectiva de ellos en el Sahara Occidental, suscitan una honda preocupación. El Plan de Aplicación que propuso el secretario general con arreglo a la Resolución 621 del Consejo de Seguridad de 20 de septiembre de 1988[10], contiene, no obstante, ciertas disposiciones que, si se cumplieran, constituirían importantes salvaguardias para los derechos humanos:

Inmediatamente después de la proclamación de la cesación del fuego, las partes en el conflicto cesarán todas sus operaciones militares, incluso los movimientos de tropas, el reforzamiento de los efectivos y los actos de violencia o intimidación.[11]
El representante especial del secretario general será responsable del mantenimiento del orden público en el Sahara Occidental durante el periodo de transición. Velará asimismo porque nadie pueda injerirse o realizar actos de intimidación durante el proceso del referéndum.[12]
El representante especial recibirá la asistencia de un grupo de apoyo de las Naciones Unidas, integrado por unidades civil, militar y de seguridad (Policía Civil), que facilitará el secretario general y tendrá el número de personas necesario para que el representante especial pueda desempeñar sus funciones de organización y supervisión.[13]
Las Naciones Unidas supervisarán otros aspectos de la administración del Territorio, en especial el mantenimiento del orden público, a fin de garantizar que se den las condiciones necesarias para la celebración de un referéndum libre e imparcial.[14]
Tras proclamarse una amnistía, se pondrá en libertad a los presos políticos y, en la medida en que el representante especial lo considere necesario, se suspenderán todas las leyes o reglamentos que, a juicio del representante especial, pudieran obstaculizar la celebración de un referéndum libre e imparcial.[15]

Estas y otras disposiciones que deberían haber garantizado una cierta protección de los derechos humanos no se han aplicado hasta el momento. El periodo de transición establecido en el Plan de Aplicación se ha prorrogado repetidamente por recomendación del secretario general de las Naciones Unidas, al parecer debido a lo lentamente que está desarrollándose el proceso de determinar quiénes tienen derecho a votar en el referéndum.

Además de ello, el limitado número de policías civiles (CIVPOL) desplegados[16] hasta el momento no han recibido el mandato de realizar su cometido, que consiste en:

Supervisar las actividades de las fuerzas de policía existentes velando porque respeten rigurosamente las disposiciones de las propuestas de arreglo y del presente plan de aplicación, cuyo objetivo es garantizar que se celebre un referéndum libre e imparcial, sin limitaciones militares o administrativas, e impedir toda posibilidad de intimidación o injerencia de cualquier sector.[17]

En el momento de redactarse este informe no había indicaciones de cuándo se desplegaría completamente la CIVPOL para empezar a cumplir su mandato. Según el informe presentado por secretario general de la ONU al Consejo de Seguridad el 19 de enero de 1996, las tareas de CIVPOL, hasta nuevo aviso, «siguen limitándose a proporcionar asistencia técnica a la Comisión de Identificación y a mantener su presencia las veinticuatro horas del día en todos los centros de identificación»[18].

En su informe del 26 de enero de 1993, el secretario general de las Naciones Unidas afirmaba: «MINURSO, en tanto que misión de las Naciones Unidas, no podía ser testigo silencioso de comportamientos que infringieran los derechos humanos de la población civil».

Sin embargo, en realidad, MINURSO ya ha sido testigo silencioso de las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en el Sahara Occidental y no ha podido garantizar la protección de los más básicos de esos derechos. Mientras la MINURSO estaba presente para supervisar la preparación de un referéndum para determinar el futuro del Sahara Occidental, centenares de saharauis que habían participado en reuniones o manifestaciones en pro de la independencia ■o saharauis a quienes se atribuyó tal actividad■ fueron arrestados por las fuerzas de seguridad marroquíes, que los mantuvieron durante semanas o meses en detención secreta; algunos de ellos fueron juzgados por un tribunal militar que los condenó a prisión por la expresión pacífica de sus opiniones. Han quedado sin investigar denuncias generalizadas de tortura y malos tratos. Se ha expulsado del Sahara Occidental a algunos saharauis y se les ha deportado a Marruecos, mientras que a otros los arrestaban y encarcelaban por intentar abandonar el Sahara Occidental o Marruecos para refugiarse en el extranjero.

Amnistía Internacional pide ahora a las Naciones Unidas que tomen las medidas necesarias para que se respeten las salvaguardias para los derechos humanos que contiene el mandato de la MINURSO y que amplíen dicho mandato de forma que contenga una disposición concreta que la faculte para vigilar in situ la situación de los derechos humanos, así como para llevar a cabo investigaciones de denuncias de violaciones de estos derechos y para publicar sus resultados.

CONTINUACIÓN DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes...[19]

En los últimos cinco años, centenares de personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad marroquíes en el Sahara Occidental por sus actividades u opiniones, conocidas o supuestas, en favor de la independencia. Muchos de los arrestados pasaron semanas o meses en detención secreta, sin acceso a sus familiares. En el trascurso de ese tiempo, según informes, fueron torturados y maltratados. La inmensa mayoría de los arrestados estuvieron detenidos en secreto y no fueron sometidos a ningún tipo de procedimiento judicial; algunos, detenidos tras reuniones o manifestaciones en favor de la independencia, fueron acusados de amenazar la seguridad del Estado y la integridad territorial de Marruecos. A estos los condenó el Tribunal Militar de Marruecos a penas de hasta veinte años de cárcel.

En octubre de 1992, decenas (centenares, según algunos informes) de personas fueron detenidas en diversas localidades del Sahara Occidental tras unas manifestaciones en pro de la independencia. Entre ellas figuraban cuatro jóvenes: Kelthoum Ahmed Labid El-Ouanat, mujer de veintiún años procedente de Smara; Brahim Jouda; Baricallah El-Bar, y Mohamed Bennou. A otros dos, Salek Bazid y Ali El- Gharabi, los detuvieron el 16 de mayo de 1993. Los seis estuvieron en detención secreta sin acceso a sus familiares ni al mundo exterior hasta el 29 de julio de 1993, en que los juzgó el Tribunal Militar en Rabat. Antes del juicio, que se celebró a puerta cerrada, no les habían permitido consultar con abogados. Los abogados marroquíes que deseaban observar el juicio no lograron averiguar cuándo iba a celebrarse. Todos los encausados estaban acusados de amenazar la seguridad exterior del Estado y los cuatro primeros, de incendiar bienes ajenos. Todos ellos negaron los cargos y declararon ante el tribunal que habían firmado las declaraciones policiales bajo coacción, después de ser torturados. Sin embargo, el tribunal desoyó sus denuncias. En una declaración sacada clandestinamente de la prisión militar en 1995, Kelthoum Ahmed Labid El-Ouanat afirmaba que después del arresto la habían sometido a abusos sexuales, torturas y palizas. Condenaron a los seis acusados a veinte años de cárcel. Después del juicio los trasladaron a la prisión militar de Ben Sergaou, que se encuentra cerca de Agadir, al sur de Marruecos, y volvieron a someterlos a régimen de incomunicación hasta noviembre de 1993, fecha en que recibieron la primera visita de sus familiares. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia y pide su liberación inmediata e incondicional.

En octubre de 1992, Amnistía Internacional se puso en contacto con las oficinas de la MINURSO en El Aaiún y Smara para obtener información sobre las noticias de detenciones tras las manifestaciones. Los funcionarios de la MINURSO dijeron a Amnistía Internacional que no tenían conocimiento de que se hubieran producido manifestaciones ni arrestos en el Sahara Occidental, y que si hubieran tenido lugar dichos acontecimientos, ellos habrían estado informados. Sin embargo, aproximadamente en las mismas fechas, las autoridades marroquíes confirmaban públicamente que se habían practicado detenciones tras las manifestaciones que se habían celebrado en diversas localidades del Sahara Occidental, aunque no mencionaban el incendio de bienes en relación con las manifestaciones. El informe del secretario general de la ONU correspondiente a enero de 1993[20] también alude a noticias sobre manifestaciones.

El 11 de mayo de 1995, ocho jóvenes, Ahmed El-Kouri, Nebt Ramdane Bouchraya, Arbi Brahim Baba, Cheykhatou Bouh, M'Rabih Rabou Neysan, Abdelhay Lekhal, Mahfoud Brahim Dahou y Salama Ahmed Lembarki, todos ellos de edades comprendidas entre los dieciocho y los veinte años, fueron detenidos y acusados de participar en una manifestación pacífica en favor de la independencia en El Aaiún. Los mantuvieron en régimen de incomunicación y en detención secreta durante más de cinco semanas, a lo largo de las cuales, al parecer, los torturaron y maltrataron. Los juzgó el Tribunal Militar de Rabat el 21 de junio de 1995 por amenazar la seguridad exterior y la integridad territorial de Marruecos. En el juicio, los jóvenes negaron haber organizado la manifestación o participado en ella y afirmaron que los habían obligado a firmar confesiones mediante torturas, tales como la aplicación de descargas eléctricas; sin embargo, no se investigaron sus declaraciones. En sus confesiones se afirmaba que habían preparado y portado banderas del Polisario, que habían organizado reuniones y participado en ellas, y que habían cantado consignas proindependentistas. Los condenaron por los cargos mencionados y los sentenciaron a penas de cárcel que oscilaban entre los quince y los veinte años.

Este fue el primer juicio ■que constituye uno de los pocos casos en que se ha juzgado a saharauis detenidos■ al que asistieron observadores de organizaciones marroquíes de derechos humanos. Estos observadores criticaron el juicio, que no fue público, por infringir las normas internacionales sobre garantías procesales. El 9 de julio de 1995, con ocasión del cumpleaños del rey Hassan II y del día de la juventud, se redujeron sus condenas a un año, por indulto real. Amnistía Internacional acogió con agrado la reducción de las penas pero sigue pidiendo su liberación inmediata e incondicional, ya que los considera presos de conciencia.

El arresto, la detención y el encarcelamiento de individuos por su presunta o confirmada participación en actividades pacíficas en favor de la independencia o de oposición política constituyen violaciones flagrantes de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Marruecos. Tales prácticas eran corrientes en Marruecos en los años setenta y ochenta, en que centenares de activistas, reales o supuestos, de la oposición política fueron detenidos por cargos de amenazar la seguridad del Estado y fueron condenados a penas que llegaron a la cadena perpetua e incluso la muerte. Después de años de campañas de las organizaciones de derechos humanos marroquíes e internacionales contra esas y otras violaciones, y de que las cuestiones suscitadas por aquellas fuesen adoptadas por los partidos políticos de oposición, los sindicatos, los medios de comunicación y otras instituciones marroquíes, se habían producido en Marruecos progresos significativos en la esfera de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha acogido con agrado los acontecimientos positivos que se han producido en la situación de los derechos humanos del país, entre ellos la liberación de los «desaparecidos», los presos de conciencia y los presos políticos condenados en juicios sin las debidas garantías, la conmutación de sentencias de muerte y las enmiendas en la legislación que disponían salvaguardias para los derechos humanos.

En el Sahara Occidental, sin embargo, sigue siendo prácticamente imposible hacer campaña contra las «desapariciones» y otras violaciones de derechos humanos, en vista del clima de constantes violaciones, restricciones e intimidación que imponen las fuerzas de seguridad marroquíes. Ni las organizaciones de derechos humanos marroquíes ni las internacionales ni los medios de difusión han podido realizar las investigaciones necesarias ni plantear cuestiones relativas a los derechos humanos y la libertad de expresión, asociación o actividad política en el Sahara Occidental. Por ejemplo, en septiembre de 1991, Bella Ma' El Ainain, un saharaui que trabajaba en un banco de Agadir, fue detenido por enviar por fax un artículo de un periodista suizo sobre el Sahara Occidental. Lo tuvieron en detención secreta durante más de cuatro meses, a lo largo de los cuales lo torturaron y maltrataron, al parecer. Quedó en libertad en enero de 1992.

Los saharauis sufren graves restricciones en su libertad de circulación: incluso les llegan a imponer arbitrariamente el arresto domiciliario o el confinamiento en el pueblo o ciudad en que residen. La mayoría de los saharauis, sobre todo los jóvenes, no logran obtener pasaporte para salir al extranjero y las fuerzas de seguridad han detenido a muchos de ellos mientras intentaban cruzar la frontera, desde el Sahara Occidental o desde Marruecos, a los países vecinos. Entre los detenidos por este motivo se encuentran cuatro jóvenes que fueron condenados a cinco años de cárcel en octubre de 1993.

De los centenares de personas detenidas en el Sahara Occidental en los últimos cinco años, a la inmensa mayoría no los acusaron formalmente de ningún delito ni los sometieron al debido procedimiento judicial. Los mantuvieron detenidos sin reconocer esta situación durante semanas o meses, sin permitirles el contacto con sus familiares ni con el mundo exterior, para acabar por liberarlos sin cargos. Se afirma que esas detenciones se han practicado frecuentemente cuando se habían distribuido folletos en favor del Polisario y de la independencia, así como banderas del Polisario. Sin embargo, al no haberse instituido procesos judiciales, siguen sin aclararse las razones de las detenciones.

A lo largo de los últimos cinco años, Amnistía Internacional se ha puesto en contacto con las autoridades marroquíes en numerosas ocasiones para tratar de obtener información sobre el paradero y la situación legal de determinados individuos sobre los que se habían recibido informes de que se encontraban en detención no reconocida, pero las autoridades no han aportado aclaración alguna. En muchos de los casos, la organización pudo confirmar la liberación de aquellos detenidos, que frecuentemente habían sufrido meses de detención secreta, pero las autoridades marroquíes no proporcionaron información alguna en relación con esas detenciones.

La pauta de las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental muestra claramente que las medidas que tomaron las autoridades marroquíes para mejorar la situación de los derechos humanos en Marruecos no se han hecho extensivas al Sahara Occidental. Aunque se ha seguido deteniendo y encarcelando a presos de conciencia en Marruecos, los detenidos en los últimos tres años en relación con manifestaciones o huelgas laborales quedaron en libertad en cuestión de semanas o meses. En el mismo periodo, en el Sahara Occidental, los civiles acusados de organizar reuniones o manifestaciones o de participar en ellas fueron juzgados por el Tribunal Militar, que los condenó a penas de hasta veinte años de cárcel por amenazar la seguridad exterior del Estado y ordenó su reclusión en una prisión militar, una práctica que, según la información de que dispone Amnistía Internacional, sólo se sigue en el Sahara Occidental. La práctica de la detención secreta de larga duración, de la que actualmente se reciben pocas denuncias en Marruecos, continúa siendo habitual en el Sahara Occidental.

La solemne obligación contraída por el gobierno de Marruecos de respetar los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado y ratificado, y entre los que figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, es también aplicable a su comportamiento en el Sahara Occidental. La presencia de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) debería contribuir a promover el respeto de Marruecos hacia sus obligaciones en relación con los tratados de derechos humanos. Como portaestandarte de sus propias normas, las Naciones Unidas no pueden convertirse en observador silencioso de las violaciones de los tratados de derechos humanos de los que Marruecos es un Estado parte.

ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR LAS AUTORIDADES DEL POLISARIO EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS DEL SUR DE ARGELIA

Desde 1981, Amnistía Internacional ha expresado también su preocupación respecto a los abusos cometidos contra los derechos humanos en los campos de refugiados dirigidos por las autoridades del Polisario en la zona de Tinduf, en el sur de Argelia.

Los abusos en los campos de refugiados eran generalizados antes de 1988, según los informes de que dispone Amnistía Internacional. Entre ellos figuraban prolongadas detenciones arbitrarias, torturas y homicidios deliberados y arbitrarios de opositores conocidos o supuestos del Frente Polisario.

Decenas de personas fueron detenidas y acusadas de conjurar contra las autoridades del Polisario en nombre de países enemigos, especialmente en los años setenta y principios de los ochenta. Muchos de los que estuvieron detenidos arbitrariamente, en ocasiones durante varios años, fueron liberados tras unas protestas generalizadas que tuvieron lugar en 1988 contra la represión política en los campos. Era frecuente la tortura y el maltrato de los detenidos, a quienes no se permitía estar en contacto con sus familias. Aunque se afirma que la situación de los derechos humanos en los campos ha mejorado después de los acontecimientos de 1988, Amnistía Internacional ha recibido informes de abusos contra estos derechos, tales como la tortura y el maltrato de los detenidos, hasta 1992. Entre los detenidos a fines de los años ochenta figura Khalif Laroussi Zaougai, que fue detenido en 1987 nada más llegar a los campos, y Salama Khbaou, a quien detuvieron a fines de 1989, tres meses después de su llegada. Según informes, ambos estuvieron detenidos hasta mediados de 1991.

Algunos de los detenidos murieron bajo custodia, según los informes como consecuencia de torturas o malos tratos. Entre ellos estaba El Mehdi Othman Souayah, que, según los informes, había sido detenido en 1976 y murió a fines de 1977 sin haber recobrado la libertad. Otro detenido, Mohamed Moussa ould Mokhtar, a quien, según informes, detuvieron a principios de 1983, murió años más tarde todavía bajo custodia.

Hasta la fecha, las autoridades del Polisario no han proporcionado información específica sobre detenciones, tortura, malos tratos y muertes bajo custodia. Desde principios de los noventa, las autoridades del Polisario han reconocido que se habían producido abusos contra los derechos humanos en el pasado. Han manifestado que todas las víctimas de abusos contra estos derechos obtienen el reconocimiento de víctimas de guerra y tienen derecho al mismo tipo de reparación, y que se han tomado medidas para evitar la repetición de estos abusos. En respuesta a algunos de los casos específicos que les ha presentado Amnistía Internacional, las autoridades del Polisario han declarado que los individuos afectados nunca habían sido detenidos y que otros habían muerto en combate o como consecuencia de enfermedades. No obstante, no han proporcionado información completa sobre esos casos ni sobre los casos de las víctimas de abusos contra los derechos humanos, ni pormenores de las medidas concretas que han adoptado para investigar esos abusos y garantizar que no vuelven a producirse.

Algunas personas que ocuparon posiciones de responsabilidad en el aparato de seguridad del Polisario y de quienes se afirma que estuvieron implicadas en abusos contra los derechos humanos en los campos de refugiados administrados por las autoridades del Polisario en el sur de Argelia, abandonaron los campos después y se encuentran actualmente en Marruecos. Según la Convención contra la Tortura, Marruecos tiene la obligación de investigar a cualquiera de quien se sospeche que ha cometido tortura, ya sea en el propio Marruecos o en otro país, y, si se encuentran indicios suficientes, la obligación de detenerlo y procesarlo o extraditarlo a otro país. Sin embargo, hasta la fecha, no se tiene noticia de que las autoridades marroquíes hayan dado ningún paso para llevar a tales individuos a los tribunales.

A pesar de las garantías que han ofrecido las autoridades del Polisario, no está claro cuáles son las medidas que se han tomado para garantizar la destitución de puestos de responsabilidad de todos los demás individuos que hayan cometido abusos contra los derechos humanos y que sigan en los campos de refugiados. Esas medidas son absolutamente necesarias para que los abusos no vuelvan a producirse.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante dos decenios se han estado cometiendo graves violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental. La liberación de centenares de «desaparecidos» en 1991 fue un acontecimiento positivo. Sin embargo, la esperanza de que se tomarían medidas ulteriores para abordar las violaciones del pasado y mejorar la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental no se ha hecho realidad y persisten las hondas preocupaciones que suscitan las violaciones, tanto pasadas como presentes. Las autoridades marroquíes tienen que tomar las disposiciones oportunas para hacer frente sin demora a esas preocupaciones.

El hecho de que hayan continuado cometiéndose graves violaciones de derechos humanos en los últimos cinco años, a pesar de la presencia de la MINURSO en el Sahara Occidental muestra claramente la necesidad de que la ONU adopte medidas concretas urgentemente para hacer frente a la situación, para garantizar que la MINURSO no sigue siendo un testigo silencioso de las violaciones de derechos humanos.

Asimismo, las autoridades del Polisario deben tomar medidas para abordar las cuestiones no resueltas sobre los abusos cometidos en el pasado contra los derechos humanos en los campos de refugiados saharauis situados en Argelia.

Llamamiento de Amnistía Internacional a las autoridades marroquíes:

Llamamiento de Amnistía Internacional a las Naciones Unidas:

Llamamiento de Amnistía Internacional a las autoridades del Polisario:

Notas Finales

1. Entre los informes publicados figuran: Report of an Amnesty International Mission to the Kingdom of Morocco; mayo de 1982. Morocco: "Disappearance" of people of Western Saharan origin; noviembre de 1990; índice de AI: MDE 29/17/90; Marruecos: Continúan las detenciones, las «desapariciones» y las restricciones de las libertades de expresión y movimiento en el Sahara Occidental; febrero de 1993; índice de AI: MDE 29/03/93/s. Marruecos: Rompiendo el muro de silencio: Personas «desaparecidas» en Marruecos; abril de 1993; índice de AI: MDE 29/01/93/s.

2. Entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura).

3. El Sahara Occidental estuvo bajo el dominio de España entre 1884 y 1975.

4. En 1988, las Naciones Unidas, en cooperación con la Organización para la Unidad Africana (OUA), alcanzaron un acuerdo con el Reino de Marruecos y con el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) para lograr un arreglo referente al Sahara Occidental y para elaborar un Plan de Aplicación del arreglo. El Consejo de Seguridad aprobó el Plan de Aplicación el 29 de abril de 1991; en él se disponía la organización de un referéndum, cuya realización se encomendaba a la MINURSO, para determinar el futuro del Sahara Occidental.

5. Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, artículo 2.

6. [Traducción no oficial.]

7. La lista llevaba el título de «Lista de personas originarias del Sahara recuperadas por su Majestad el Rey Hassan II a solicitud de los miembros del Consejo Asesor para Cuestiones del Sahara».

8. Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, artículo 19.

9. Párrafo 25 del documento de la ONU número S/25170, The situation concerning Western Sahara. Report by the Secretary-General. [Traducción no oficial. Versión española oficial no disponible.]

10. Documento de la ONU número S/21360, La situación relativa al Sahara Occidental. Informe del Secretario General, de 18 de junio de 1990.

11. Párrafo 14 del documento de la ONU número S/21360.

12. Párrafo 35, Ibid.

13. Párrafo 47 b, Ibid.

14. Párrafo 47 g, Ibid.

15. Párrafo 47 h, Ibid.

16. Un total de 91 policías civiles fueron desplegados en el Sahara Occidental antes de marzo de 1996.

17. Párrafo 79 b, Ibid.

18. Documento de la ONU número S/1996/43: The situation concerning Western Sahara. Report by the Secretary-General of 19 January 1996. [Traducción no oficial de la cita. Versión española no disponible.]

19. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7.

20. Documento de la ONU número S/25170, The situation concerning Western Sahara. Report by the Secretary-General of 26 January 1993. [Traducción no oficial. Versión española no disponible.]