APRODEH - SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS - PERU

Asociación Pro Derechos Humanos

INFORME DE APRODEH SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DD. HH.

Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES EN EL PERÚ

DURANTE EL AÑO 1994

1. El Perú cierra 1994 sin avizorar el fin de la violencia política, a pesar de fuertes golpes recibidos por las organizaciones alzadas en armas y de la propaganda gubernamental, que prometió acabar con Sendero Luminoso en julio de 1995 y que proclama que ya cumplió con su promesa de aniquilar al MRTA, en diciembre de 1993. Los crímenes de ambas organizaciones siguen aún azotando a la población inocente y el Estado ha persistido en oponérsele incrementando el autoritarismo, la restricción de derechos fundamentales, la militarización y el cierre de espacios democráticos. Los casos de los inocentes presos, producto de un esquema legal que no cumple los estándares de un juicio justo e imparcial, continua siendo preocupante. La impunidad frente a las violaciones de Derechos Humanos ha sido groseramente aplicada. En el espacio de los derechos económicos y sociales, duros programas de ajuste y reestructuración de la economía, han incidido en empobrecimiento de la población, una de cuyas manifestaciones es la reaparición de enfermedades antaño consideradas controladas, como el cólera, el paludismo y la peste bubónica, que atacan a los sectores mas deprimidos de la población.

2. Las cifras de la violencia política siguen siendo preocupantes,aunque ciertos indicadores numéricos experimenten por segundo añodisminución. La violencia política ha producido 521 muertes -243 civiles, 229 presuntos subversivos y 49 agentes del Estado- contra 1314 muertes de 1993. 257 víctimas lo fueron por enfrentamientos armados, 206 por asesinatos políticos y 37 civiles por ejecución extrajudicial atribuible a Fuerzas del Estado. Se produjeron 319 acciones de los grupos alzados en armas, contra 1,289 acciones de 1993 y 1,625 acciones de 1992. Se registraron también 24 denuncias dedetención desaparición -contra 87 de 1993-.

3. Sendero Luminoso ha recompuesto a su dirección nacional, duramente golpeada en 1992, y mantiene presencia y control de varias zonas del territorio, tal como la región del Alto Huallaga (selva norte, de donde las operaciones militares realizadas este año no han logrado expulsarlo) o en la región del Rio Tambo (selva central). Parece haberse consumado una ruptura interna en esa organización, entre Abimael Guzmán, que hizo pública su posición de buscar un acuerdo de paz con el gobierno peruano y la facción liderada, entre otros, por Oscar Ramírez Durand ("Feliciano"), quienes propugnan la continuación de la guerra. El Gobierno atribuye las acciones de Sendero Luminoso a la facción disidente, que -sostiene- actuaría desorganizadamente y sin coherencia política, y ha manejado las cartas de Guzmán como "capitulaciones". Sin embargo no se ha confirmado que la facción oficial senderista no tenga aparejado un aspecto militar a su táctica de "bregar por un acuerdo de paz". ElMRTA igualmente ha producido una recomposición que le ha permitido mantener una presencia militar focalizada en la región central, principalmente en las provincias transandinas de Chanchamayo y Satipo, donde el 21 de abril emboscaron un convoy militar e impusieron un paro armado los días 28 y 29 de abril, además de haber producido asesinatos selectivos.

4. No obstante la disminución del accionar y la influencia territorial de los grupos subversivos, es preocupante la no disminución de la extensión del territorio nacional que se mantiene bajo Estado de Emergencia, vale decir que la suspensión de derechos fundamentales, el desplazamiento de las autoridades civiles y la primacía de los mandos militares sobre las autoridades civiles, se mantiene inalterable. En 15 de los 23 departamentos hay presencia de control militar, lo que afecta al 51% de la población nacional, todo esto en la proximidad de las elecciones presidenciales y habiéndose dado preocupantes signos de apoyo proselitista de las fuerzas armadas a la campaña reeleccionista del Presidente Fujimori. En el mes de octubre el Comandante de la 1ra. Región Militar, General de División EP Howard Rodríguez, fue fotografiado por la prensa repartiendo almanaques de propaganda del Presidente Fujimori. Particularmente preocupante es el caso de las provincias altas del departamento del Cusco (Canas, Canchis, Espinar, Chumbivilcas y Acomayo) en donde la Iglesia Católica ha informado que no se registran acciones subversivas desde setiembre de 1993, sin embargo la emergencia se mantienen inalterable y ha pretendido sustentarse en la acusación contra organizaciones políticas legales de estar preparando futuros atentados.

5. Luego un año de que entre en vigor la nueva Constitución, aún no empiezan a funcionar importantes mecanismos constitucionales necesarios para la protección de las garantías fundamentales, tal como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura o el Defensor del Pueblo.

6. Negociaciones secretas entre enviados del Gobierno y Abimael Guzmán, en función al ofrecimiento del Acuerdo de Paz, se produjeron durante el primer semestre de este año, no obstante el Presidente Fujimori las negó categóricamente. Como resultado varios dirigentes de la cúpula senderista (un mínimo de 6 según la prensa) fueron liberados, en infracción a lo establecido por el Decreto Ley 25499 o Ley de Arrepentimiento y con la anuencia del Poder Judicial. Los detenidos senderistas afiliados a Guzmán tuvieron mejoras importantes en su régimen de reclusión, a diferencia de los del grupo disidente. El 1ר de noviembre fue derogada la Ley de Arrepentimiento, con lo cual se cerró una etapa en que se priorizó la campaña sicológica para lograr la deserción de los subversivos. La Ley, no obstante, ocasionó prisión y aún condenas injustas contra personas implicadas por los testimonios de arrepentidos no verificados convenientemente, acusados interesadamente, problema que aún se mantiene.

7. Se mantienen sin investigación graves violaciones de Derechos Humanos denunciadas durante el presente año. En mayo se denunció que durante la ejecución de la llamada "Operación Aries", realizada de marzo a mayo de 1994 en los distritos de Rupa Rupa y Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, el Ejército había producido asesinatos, torturas y violaciones contra civiles en las zonas denominadas Moyuna y Moena. A una misión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos -CNDDHH- y al ComitéInternacional de la Cruz Roja se les impidió el ingreso a la zona. ElGeneral Rodríguez Riveros, Jefe del Frente Huallaga, acusó al CICR de connivencia con Sendero Luminoso. Sus declaraciones no fueron desautorizadas por el Comandante General del Ejército, Gral. de División Nicolás Hermoza Rios, y solo se ofreció al CICR visitar la zona guiado por patrullas. La CNDDHH halló evidencias de que en Moyuna fueron asesinados por lo menos 12 campesinos y se había disparado con cohetes contra casas. El Comandante General del Ejército, General Hermoza Rios, declaró que la operación fue dirigida contra la columna "Mar Rojo" de Sendero Luminoso y negó que se hayan producido víctimas civiles y siquiera que en la zona hubiesen poblados, asimismo que la columna "Mar Rojo" había sido reducida, de 450 hombres que tenía en enero a menos de 50, pero no mostró capturados ni muertos. El Obispado Católico de Huánuco emitió un pronunciamiento sobre los acontecimientos diciendo que "se quiere terminar con la violencia cueste lo que cueste, aún a costa devidas inocentes" y pedia a los militares que no agredan a la población civil. La Fiscal de la Nación, quien se había pronunciados en investigar y luego de una visita guiada por el Ejército, restando credibilidad a las denuncias, ordenó después al Fiscal Provincial de Leoncio Prado una investigación cuyos resultados nunca fueron dados a conocer.

8. Una manifiesta voluntad política de no sancionar los crímenescontra los derechos humanos producidos por agentes del Estado se ha ratificado este año. Ello fue particularmente notorio con la resolución que se dió al caso La Cantuta, en donde tanto en elCongreso, como en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo se manifestó el deseo de impunidad. Tras haberse vulnerado groseramente la independencia del Poder Judicial, dictándose el 8 de febrero la Ley 26291, conocida como "Ley Cantuta", que intervenía en el proceso de la contienda de competencia entre el fuero civil y el militar, determinando el juzgamiento por este último, un tribunal castrense sentenció a 8 militares como responsables de dicho caso, mientras que el Comandante General del Ejército, el Asesor Presidencial Vladimiro Montesinos, el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y el Comandante de la División de Fuerzas Especiales del Ejército, sindicados como responsables por el General de División EP Rodolfo Robles, quien por tal denuncia se tuvo que asilar en Argentina, no fueron comprendidos en el juicio. Las denuncias que también hiciera el Gral. Robles, de que un grupo especializado denominado "Colina" era el responsable de este y otros crímenes (como la masacre de Barrios Altos, de noviembre de 1991) y que actuaba con la autorización del Comando del Ejército, nunca fueron investigadas. En setiembre la Corte Suprema confirmó una sentencia contra 6 policías como autores del asesinato de los estudiantes Freddy Rodríguez Pighi, Emilio y Rafael Gómez Paquillauri, ocurrida en junio de 1991. La sentencia, sin embargo, no comprendia a oficiales sindicados como autores de la orden de ejecución y del encubrimiento posterior: el Coronel PNP Córdova Villalta, Jefe Provincial Policial, el Mayor PNP-PG Juan Valdemar Quiroz Chávez y el Capitán PNP-PG César Santoyo Castro. Este caso puso de evidencia la existencia de consignas al interior dela Policía para eliminar a los detenidos sospechosos por terrorismo.

9. Graves crímenes y violaciones de derechos humanos denunciadosdurante la actual administración siguen sin resolverse: la masacre de Barrios Altos (13 asesinados en noviembre de 1991), los 8 desaparecidos del Santa (detenidos por policías en mayo de 1992), ladesaparición de los estudiantes de la Universidad del Callao Martín Javier Roca Casas y Kenneth Ney Ansualdo Castro (octubre y diciembre de 1993), los 6 estudiantes desaparecidos y 21 asesinados durante 1992 en la Universidad del Centro en Huancayo, la desaparición del periodista radial Pedro Yauri (24 de junio de 1992), la desapariciónd el estudiante Ernesto Castillo Páez (1990), el atentado contra el abogado Augusto Zúñiga Paz (marzo de 1991) y los posteriores atentados con "sobres-bomba", la masacre de Santa Bárbara (1991), etc.

10. Denuncias de colusión entre los mandos militares y el narcotráfico no han sido investigadas. Demetrio Chávez Peñaherrera, narcotraficante detenido en enero, declaró a una comisión parlamentaria y al juez civil que habia operado desde 1990 en Punta Arenas (Alto Huallaga), en colusión con los militares, a quienes pagaba cupos de 5 mil dólares por cargamento que enviaba a Colombia y de cuyo avituallamiento se encargaba. Su juzgamiento fue derivado al Fuero Militar por Traición a la Patria, acusándolo de colaborador económico de Sendero Luminoso, para condenárlo reservadamente a cadena perpetua y así evitar la publicidad de sus confesiones. Posteriormente la presión de las denuncias obligó a que se le abra un juicio civil por narcotráfico, en donde se comprendió al General Jaime Ríos Araico (jefe del Frente Huallaga hasta 1991), pero no al General Eduardo Bellido Mora, su sucesor y jefe de dicho Frente hasta1993. El General Ríos, que se mantenía detenido pero en carrera, fue"invitado a pasar al retiro" a fines de este año, con lo cual, de acuerdo a los reglamentos militares, se lo bonificaba en su tiempo de servicios y pensión de retiro. El General Bellido no ha sido investigado y se mantiene como Agregado Militar en la Embajada del Perú en Israel. Durante este año hasta 4 oficiales del Ejército que sirvieron en el Alto Huallaga han hecho denuncias de colusión de los altos mandos con el narcotráfico, señalando particularmente al General Bellido Mora. Una de las acusaciones mas graves señala que los helicópteros del Ejército, los que solo se movilizan con orden del Jefe del Frente, han venido siendo utilizados para el "trasteo" o concentración de cargas de Pasta Básica de Cocaína - PBC- en los puntos en donde las avionetas de narcotraficantes los recogen, operación que es remunerada con 50 mil dólares por carga. Todos los oficiales que hicieron estas denuncias se encuentran con procesos abiertos por delitos de Insulto al Superior y otros. Uno de ellos, el Teniente Werner Neil Huamaní Tipismana, está detenido y los otros 3, el Mayor Evaristo Castillo Aste, el Capitán Gilmer Valdiviezo y elSub Teniente Guillermo Guerra Pineda, están con orden de detención y perseguidos. Una de las denuncias mas escandalosas fue la del Caso Balsayacu (río Huallaga), en donde el 29 de octubre de 1992 una patrulla dio muerte a 8 narcotraficantes y requisó 320 kilos de PBC, el caso fue presentado primeramente como un enfrentamiento con Sendero Luminoso, para permitir a los mandos militares apropiarse de la droga y negociar su devolución a los narcotraficantes. Dos comunicados oficiales emitidos por el Comando del Frente Huallaga presentaban el caso así. Las denuncias del Teniente Huamaní Tipismana, quien habia incautado la droga, permitió que se conociese la verdad. Solo poco mas de 30 kilos fueron entregados a las autoridades finalmente. LaInspectoría del Ejército abrió una investigación y posteriormente un proceso militar. El 15 de julio de este año la mayoría de los acusados fueron absueltos por el Fuero Militar y el General Bellido, responsable de los Comunicados Oficiales, nunca fue comprendido en eljuicio.

11. Se mantiene la legislación penal antiterrorista que viola diversos stándares internacionales de justicia, permitiendo eljuzgamiento de civiles en tribunales militares, el juzgamiento por tribunales anónimos, el juzgamiento como delincuentes de menores de edad, la ausencia de garantías procesales, las dificultades para la función del abogado, el desplazamiento del Fiscal de su papel de supervisor de la investigación policial, etc. Este marco legal fue modificado parcialmente en diciembre de 1993, pero quedan pendientes todas las agresiones mencionadas. Diversos sectores la opinión pública, como el Colegio de Periodistas del Perú y el Colegio de Abogados de Lima, han demandado la modificación integral de estas normas. También organizaciones extranjeras como la Asociación Internacional de Juristas, cuyo informe fue desestimado por el Ministro de Justicia. Mas del 80% de los internos en los penales de Picsi en Chiclayo (que alberga a 452 personas) y Quenccoro en Cusco(que alberga a 135 personas) han recurrido a los organismos de derechos humanos sosteniendo argumentos de inocencia que merecen ser revisados. Los organismos de derechos humanos, que sólo asumen casos de personas probadamente inocentes, han patrocinado la defensa judicial de más de 600 personas acusadas por los delitos de terrorismo y traición a la patria, durante el año. APRODEH recibióen el mismo periodo 483 nuevas solicitudes de ayuda de detenidos por Terrorismo o Traición a la Patria, que sostienen que en sus acusaciones hay serios vicios. 162 de estos casos han sido asumidos al reunirse suficientes pruebas de inocencia, mientras que los restantes viene siendo evaluados, con todas las dificultades que crea la secrecidad de los procesos y por lo tanto la imposibilidad de conocerlos motivos reales de las acusaciones. Según el procurador especial para casos de terrorismo entre 1992 y 1993 se han detenido a 7,667 personas y se han acogido al mecanismo de arrepentimiento 4,199. La primera cifra sólo se explica por el incremento geométrico de las detenciones arbitrarias. La segunda es contradictoria con la evaluación que los propios servicios de inteligencia tienen del volumen de las fuerzas subversivas en el país. Prácticamente duplica el volumen de efectivos que el mismo Sendero afirmaba a tener en su mejor momento a fines de 1991. La Ley de Arrepentimiento, aunque cesóen sus efectos el 1ר de noviembre, sigue causando nefastos efectos, ya que los testimonios no verificados convenientemente de los arrepentidos han servido para encarcelar y aún condenar a muchos inocentes. El 29 de diciembre de este año fue condenado a 20 años de prisión el Preso de Conciencia Michael Soto Rodríguez, acusado de formar parte de Sendero Luminoso en Villa El Salvador. Soto, cuñado de Maria Elena Moyano (Teniente Alcaldesa de ese distrito asesinada por Sendero en 1991) luchó contra la penetración de Sendero en su distrito y de ello han testimoniado dirigentes políticos como MichelAzcueta.

12. La tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes son una práctica generalizada y ejercida sistemáticamente por agentes del Estado, sobre todo en los primeros días de la detención, tanto contra delincuentes comunes como contra acusados por terrorismo y traición a la patria. Testimonios de detenidos en las cárceles de Picci (Chiclayo) Huamancaca (Huancayo) y Quenccoro (Cuzco) dan cuenta además de su uso como método de interrogatorio, pero además existen testimonios que indican que esta no busca necesariamente obtener confesiones, sino simplemente ejercer una relación de poder sobre el detenido. El Estado Peruano reconoció en su Informe al Comité Contra la Tortura de la ONU que sus agentes usaban la tortura, hecho que atribuia a deficiencias culturales de nuestra formación social, sin embargo, de los casos denunciados no se ha aceptado ninguno. Aún enel caso de los campesinos de los bosques de San Ignacio, en donde exámenes hechos en presencia de la Fiscal de la Nación comprobaron la denuncia y dieron origen a un proceso penal contra los responsables, el Estado, al informar a la ONU, negó la validez de las denuncias y exculpó al principal responsable, el Mayor PNP y hoy Comandante PNP César Coquis Coz. El Comité Contra la Tortura de laONU censuró este año el que en la legislación penal peruana no se repriman expresamente los actos de tortura -conforme manda el Art. 4 de la Convención- y que los torturados no tengan garantizada una vía de reclamación judicial y de castigo de los infractores. La violación sexual, en el caso de las detenidas, es un trato vejatorio con gran incidencia. Las golpizas, las amenazas de muerte, las ejecuciones fingidas, los ahogamientos, son los métodos de tortura más usados.


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