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Elemento estructural del sistema económico
El fenómeno migratorio no es nuevo en la Historia de la Humanidad, pero en cada época reviste formas nuevas. En nuestros días está ligado de manera estructural a la economía de libre mercado, aunque no puedan olvidarse las migraciones forzadas por los regímenes políticos dictatoriales y por ciertas estructuras culturales y sociales de los pueblos.
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Las migraciones modernas tienen sus raíces en el mismo sistema económico. No son un fenómeno coyuntural. Su evolución está vinculada a la coyuntura económica y su existencia a la persistencia del sistema.
No parece fácil que se pueda prescindir de ellas en la estructura de los sistemas productivos actuales.
Dicho de otra manera, los procesos de internacionalización y concentración espacial del capital en determinadas áreas, unidos a los procesos de dominación económica y de mantenimiento del subdesarrollo en otras, favorecen las migraciones de la fuerza de trabajo al servicio de las exigencias del desarrollo de los países industrializados.
Las migraciones se deben, en consecuencia, al proceso de reindustrialización y a la política seguida para conseguirla en los países ricos, a la dependencia y desorganización de la economía en los países pobres y a la reestructuración del mercado de trabajo en función de la precariedad de los empleos.
Al servicio de la coyuntura económica
No seria exagerado afirmar que en Europa las migraciones se han venido concibiendo y tratando en un primer momento como un sistema general de aprovisionamiento de la mano de obra necesaria para el desarrollo económico -dar el salto a la nueva tecnología- y, posteriormente, orientando el flujo migratorio hacia el sector terciario, para la mejor reorganización de la economía y del mercado laboral. Mano de obra, pues, al servicio de la coyuntura económica.
En el Plan para la Integración Social de los inmigrantes se refleja con bastante claridad este proceso:
A pesar de la existencia de altas tasas de desempleo (afirmaba el Gobierno español), la configuración y fragmentación del mercado de trabajo provoca que existan «nichos laborales» que, por su precariedad, informalidad o naturaleza de la prestación, serán rechazados por los trabajadores nacionales y, en cambio, resultarán atrayentes para nuevos inmigrantes. Su presencia, en un mercado caracterizado por rigideces estructurales, introduce un factor de flexibilidad y representa una aportación, desde el punto de vista productivo, nada despreciable. La fijación del contingente, o número máximo de trabajadores extranjeros autorizados de forma previa y organizada a residir y trabajar en España, establecido por primera vez por Acuerdo del Consejo de Ministros de mayo de 1993, tenía como finalidad alcanzar tres objetivos esenciales:
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Atender de forma rápida y eficaz las ofertas de empleo que no pudiesen ser cubiertas por trabajadores españoles o extranjeros residentes en España. |
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Evitar el efecto llamada que las oportunidades de empleo provocan entre los inmigrantes, respondiendo varios demandantes a cada oferta, lo que da lugar a frecuentes situaciones de irregularidad. |
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Garantizar. una vía segura a los inmigrantes, como alternativa a la actuación de redes para el tráfico clandestino de inmigrantes (Nota 1). |
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Esta concepción utilitarista de la inmigración no es exclusiva de España, de tal forma que puede encontrarse perfectamente reflejada tanto en el pensamiento de los responsables políticos del momento, como en publicaciones representativas de sectores especialmente interesantes, de los que citaremos tres a título de ejemplo: |
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La inmigración es un medio de crear una cierta distensión sobre el mercado del empleo y de resistir a la presión social (Nota 2). |
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La misma inmigración clandestina no es inútil ya que, si nos atuviéramos a la aplicación estricta de los reglamentos y acuerdos internacionales, tal vez nos faltaría mano de obra (Nota 3). |
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La presencia de esta inmigración imprime agilidad a nuestra economía, al tratarse de gentes sin estabilidad, dispuestos a cambiar de ocupación, de región y, si llega el caso, a convertirse en parados indemnizados. La inmigración es también útil en la medida en que permite que nuestro país economice una parte de los gastos de capacitación (que corren a cargo del país de origen) y el regular mejor las cargas de la nación: por su juventud, los inmigrantes con frecuencia hacen mayores aportaciones en el concepto de cotizaciones que lo que reciben por vía de prestaciones (Nota 4). |
Con el tiempo, sin embargo, no han faltado tampoco voces que intenten culpabilizar del paro existente en los distintos países europeos desarrollados precisamente al fenómeno de la inmigración. Es esta una apreciación tan falsa como simple.
La coexistencia de un alto índice de paro y de un importante porcentaje de empleo inmigrantes extranjeros e, incluso, el recurso a nuevos flujos de trabajadores extranjeros se explica:
Por la reestructuración del mercado de trabajo en función de la precariedad de los empleos. Todos los estudios hechos sobre la posibilidad de sustituir los trabajadores inmigrantes por los nacionales han concluido que existe un estrecho margen para tal sustitución. No basta con referirse al índice de paro para afirmar que el recurso a la inmigración no es posible.
Por el carácter no homogéneo del mercado de trabajo y la necesidad de poder disponer de un relativo excedente de mano de obra diferenciada en cuanto a sectores de producción, profesiones, cualificaciones, sectores de actividad, niveles de empleo.
Por la contracción de la mano de obra, que hace necesario el recurso a los flujos migratorios. En los países desarrollados en general y, en concreto, en la U.E., el mercado laboral tiende a la contracción por el agotamiento de la mano de obra agricola; por la disminución de la jornada laboral efectiva; por el déficit demográfico y consiguiente envejecimiento de la población activa; por la emigración de cuadros hacia nuevas zonas de inversión en el mundo.
Los hombres y mujeres inmigrantes no vienen sólo porque ellos tengan necesidad, sino también porque nosotros les necesitamos. E, incluso, su necesidad, nacida de la dependencia del Tercer Mundo y su progresivo empobrecimiento, está generada por nuestros propios intereses.
Mecanismos que lo ponen en marcha
Los mecanismos que ponen en marcha las migraciones, alimentadas por la concentración de la riqueza y medios de producción en determinadas áreas, son:
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Económicos: las expectativas de mejor empleo y mayores ingresos. |
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Culturales: más oportunidades de educación y promoción. |
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De bienestar social: mayores posibilidades de gozar de más y mejores servicios. |
Pero ocurre que estos mecanismos, una vez activados, continúan ejerciendo su función impulsora de los movimientos migratorios independientemente de que la coyuntura económica sea de expansión o de recesión.
Movimientos de población
Las migraciones se planifican con una racionalidad meramente económica en función del crecimiento económico (Nota 5) y de la realización rápida de beneficios. Raramente se tiene en cuenta el costo humano que conllevan para quienes se ven forzados a abandonar su entorno, su pueblo, su cultura y su familia, y menos aún se contempla la necesidad de eliminar de la superficie del planeta las causas profundas que se enraizan en las injustas y crecientes desigualdades entre pueblos ricos y pobres.
Esta concepción de las migraciones entraña una definición del trabajador inmigrante, como trabajador manual: que no tiene cualificación profesional, que ocupa un puesto de trabajo duro y mal pagado, un empleo precario, y realiza tareas de mera ejecución; como un trabajador interino, es decir, un trabajador aislado, sin familia, destinado a volver a su país; y como un trabajador extranjero que por razón de la nacionalidad y de lo dispuesto en la ley, no disfruta de la seguridad del derecho al trabajo, ni goza de la plenitud de las libertades públicas, ni se busca su integración social.
Parece claro que los países de la Unión Europea, con sus políticas limitativas respecto al derecho a vivir en familia, a la residencia permanente, a la obtención de la nacionalidad y no siempre sensibles al deber ético de regularizar a cuantos se encuentran insertos en la economía sumergida, han optado formalmente por establecer políticas orientadas al movimiento migratorio económico. Pero se equivocan. Todo movimiento migratorio de esta naturaleza se convierte de hecho en movimiento de población. España, a pesar de la critica a las políticas de inmigración que se han seguido a lo largo de estos años y que quedan reflejadas en este texto, logró un avance con el Real Decreto 155/96 en materia de residencia permanente, favoreciendo así la estabilidad del colectivo documentado.
Fenómeno permanente
Concebidas como un fenómeno transitorio al servicio de la coyuntura económica, se han convertido en un fenómeno permanente. Las características de la inmigración establecida en la U.E. lo confirman dado que el número de extranjeros (trabajadores y familias) ha aumentado en varios millones a pesar de la política restrictiva y de control de la inmigración en vigor desde 1973 (Nota 6) y el arraigo cada vez mayor de la población inmigrante es puesto de relieve por los siguientes indicadores: el aumento de la reagrupación familiar, el mayor número de nacimientos entre la población inmigrante (Nota 7) y de los matrimonios entre inmigrantes y mixtos.El porcentaje de alumnos extranjeros en todos los niveles de la escolarización obligatoria, el número creciente de inmigrantes que han adquirido permisos de residencia y de trabajo ilimitado, el importante número de inmigrantes que han adqui
rido la nacionalidad del país de residencia, el aumento de la población no activa y un hecho considerable, el aumento de inmigrantes en paro con permisos ¡limitados, avala cuanto decimos.
La inmigración en España se nos presenta también no como un fenómeno temporal, sino como una presencia que va a permanecer en nuestro país durante largos períodos. La mayoría, aunque tiene la esperanza de retornar, termina por instalarse definitivamente, como revelan las cifras.
Los inmigrantes se han convertido económica y socialmente en unos interlocutores que se han dado cuenta de su papel indispensable. La inmigración de trabajo se ha transformado en inmigración de ciudadanos (Nota 8).
Naturalmente, su permanencia entraña un costo social y un costo cultural de integración en la comunidad nacional, incluso si estos costos son evaluados y pagados al más bajo precio. Bien lo revelaba la frase: «Pedimos mano de obra y nos llegaron personas».
Implicaciones para la política migratoria
Contemplado el fenómeno desde nuestra perspectiva actual, parece claro que cualquier política migratoria que pretenda afrontar con rigor su tratamiento y regulación ha de tener en cuenta que:
Las migraciones son un fenómeno constante y permanente que contribuye al crecimiento de nuestro desarrollo económico.
Deben ser reguladas, como todo fenómeno económico, para proteger no sólo al mercado laboral nacional, sino para defender al trabajador inmigrante como sujeto de derechos. Deben ser contempladas siempre desde el ámbito socio-laboral.
Puestos en marcha los mecanismos que impulsan las migraciones, los movimientos de mano de obra, regulados o clandestinos, se producirán en todo momento. Esto implica que los gobiernos deberían encontrar para la regulación de nuevos flujos un equilibrio en la dialéctica que implica:
Luchar contra la economía sumergida y contra las redes que fomentan la inmigración ilegal.
Reconocer que nunca se habrá hecho la ultima regularización de clandestinos con arraigo en el país.
Mantener la legalidad de un Estado de derecho y
Reconocer al inmigrante como sujeto de derechos y deberes.
La política migratoria se define en todos los ámbitos como una política de crestas: Se recurre a flujos más o menos numerosos de nuevos inmigrantes, según nos encontremos en una coyuntura de expansión o de recesión; la inmigración irregular puede reducirse a cero o casi a cero con un proceso de regularización excepcional. Pero inmediatamente vuelve a crecer.
La resolución del Parlamento europeo de 8 de abril de 1997 va en esta línea: invita a los Gobiernos de los Estados Miembros a regularizar a los inmigrantes de terceros países en situación irregular que residen desde hace tiempo en el país. Concepto de arraigo que recoge el nuevo Reglamento español de la ley 7/85.
En lo que a nuestro país se refiere, la articulación de una política de inmigración, respetuosa de los derechos humanos, se verá facilitada si se conjugan los siguientes elementos:
Las compatibilidades económicas, sociales, demográficas internas y nuestra propia estructura política y social con competencias transferidas de trabajo, educación, cultura, salud, vivienda y bienestar social.• La posición geopolítica de España: sus obligaciones y lazos históricos, sus responsabilidades con Iberoamérica, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Marruecos.
La lucha contra la economía sumergida.
La inversión para el desarrollo.
Las nuevas causas de éxodo, dejando a salvo el derecho de asilo y por motivos humanitarios.
El desarrollo de un plan de integración, basado en la igualdad de derechos y deberes, y la asociación del inmigrante a un proyecto común de sociedad.
La firma de acuerdos bilaterales con los países de origen (con seguimiento de su cumplimiento): no sólo para la canalización de nuevos flujos, sino como reconocimiento y salvaguardia, tanto en nuestro país como en el suyo, de los derechos sociales, laborales y de previsión social.
El derecho a vivir en familia, que debe quedar siempre a salvo.
La política de migraciones es en consecuencia pluridisciplinar. No puede contemplarse sólo desde el orden público. Los flujos migratorios implican la necesaria actuación de distintos Ministerios: el Ministerio de Interior ha de cuidar de las entradas y permanencias en territorio nacional de los ciudadanos de otros países; el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales regula los flujos laborales, y al igual que el Ministerio de Educación y Cultura y las Administraciones autonómicas, deben propiciar la integración; el Ministerio de justicia ha de velar por la tutela de derechos y la responsabilidad de la Administración exterior del Estado es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cada decisión tomada en materia de extranjería implica necesariamente la actuación de todas o parte de las Administraciones mencionadas.
Pero tanto o más importante que la individual presencia activa de cada departamento ministerial es el que todos ellos en su conjunto ejerzan coordinadamente una política migratoria definida por el Gobierno, que en último extremo es quien debe hacerla ejerciendo su propia competencia.
Desde esta necesaria combinación y dirección unitaria no son, por tanto, concebibles interpretaciones de la legalidad vigente, particular e innecesariamente restrictivas y ejecutadas especialmente en el exterior en razón a un particular criterio desacorde con las indicaciones y previsiones dictadas por el propio Gobierno.