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Recientes Atropellos de Derechos Humanos

ASESINATO POLITICO Quito El 17 de febrero, al mediodía, el diputado nacional Jaime Hurtado, importante líder popular y de izquierda, fue acribillado a balazos, cuando caminaba junto al diputado alterno Jaime Tapia y a Wellington Borja, sobrino de Hurtado, por una callejuela cercana a los edificios del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia. Las tres víctimas eran militantes del Movimiento Popular Democrático, MPD, partido fundado por Hurtado en 1978. La trayectoria de Hurtado y su participación en las instituciones democráticas del Estado fue notablelegislador en tres ocasiones y candidato presidencial. La figura de Hurtado resumía "una vida tomando partido en los conflictos sociales y políticos". Su discurso crítico y de oposición cuestionó de manera contundente al sistema vigente y la rampante corrupción. Mientras se desempeñaba como jefe del bloque parlamentario de su partido, mantuvo una inclaudicable posición frente al proceso de privatización de empresas del Estado. Su muerte ocurrió en momentos de confrontación del régimen con las organizaciones sociales controladas por el MPD. El 19 de enero, 18 militantes del partido fueron apresados dentro de su sede en el cantón El Triunfo, de Guayas, tras un allanamiento. El 5 de febrero, un policía con el rostro cubierto por una máscara antigas acusó al diputado Hurtado de portar un arma de fuego y estuvo a punto de detenerlo, mientras éste participaba en las manifestaciones de Guayaquil organizadas por el Frente Popular y los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores para oponerse a la política económica del régimen. Un día antes, la UNE inició un paro indefinido, solicitando al gobierno se incremente el sueldo de los maestros. Cuarenta y ocho horas después del crimen, durante una cadena nacional, el gobierno anunció los resultados de las investigaciones policiales. El país conoció sobre la detención de tres presuntos implicados y la muerte de un cuarto, de un balazo en la cabeza. Luego, el Ministro de Gobierno leyó fragmentos de las declaraciones de Washington Aguirre, implicado en el asesinato, informando que el atentado había sido cometido por paramilitares colombianos, para evitar que se introduzca la guerrilla en el Ecuador. Varios días después, la Policía reveló que Washington Aguirre era informante de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) y de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional. Seis miembros de la Policía Nacional, entre oficiales y subalternos (DNI, Migración, Policía Judicial) fueron implicados por Aguirre en sus primeras declaraciones. Luego ratificó ante la jueza que tramita la causa que algunos oficiales habrían conocido de antemano sobre el atentado de los paramilitares y sobre el ingreso de droga al Ecuador. Los policías implicados no admitieron que Aguirre les había informado sobre un atentado en contra de Jaime Hurtado. Los capitanes de Policía Edison Gallardo y Byron Viteri, jefe y subjefe de Migración del Aeropuerto Mariscal Sucre, a cuyos oídos habría llegado la información de la llegada de los paramilitares colombianos, se hallan recluidos en un recinto policial. Los tres civiles detenidos guardan prisión en una cárcel pública. El 5 de marzo, Washington Aguirre fue herido por un recluso en un corredor del pabellón de máxima seguridad del Penal García Moreno. El 25 de febrero, mediante decreto presidencial se conformó una Comisión especial para investigar esos crímenes. Está integrada por representantes del Congreso Nacional, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, de los familiares de las víctimas, de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ALDHU, y de la CEDHU. ESTADO DE EMERGENCIA EN GUAYAS En algunas urbes sobrepobladas, el delito común y el crimen pasan a ser hechos cotidianos, erosionando así la convivencia de la ciudadanía. En vez de una seguridad pública democrática que apunte al profundo desorden social que está en su raíz, el reto de la seguridad ciudadana y del control delictivo ha sido respondido con medidas represivas en desmedro de las preventivas. El reclamo de la presencia de las Fuerzas Armadas, "no solo en las carreteras y periferias de la ciudad, sino dentro del corazón de las urbes" hecho por el Alcalde de Guayaquil León Febres Cordero, con el apoyo de una Junta Cívica, hizo que el gobierno expida el estado de emergencia en la provincia del Guayas, desde el 7 de enero de 1999, que suspendió derechos constitucionales como inviolabilidad de domicilio y libre tránsito. En este contexto se creó el "Comité de Seguridad Regional" dirigido por el Gobernador, al que se integran FF.AA., Policía, Comisión de Tránsito y Junta Cívica. El 11 de enero, el Comité Regional publicó un bando en el que "quedan prohibidas las reuniones en parques y vías públicas a partir de las 22h00"; también se anunció la detención de las personas que no porten documentos de identidad. A partir de estas medidas el número de arrestos arbitrarios creció en forma preocupante. De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, el estado de emergencia no puede durar más de 60 días, pero las autoridades de la provincia consiguieron que éste se extendierá por un período de 60 días más a partir de la primera semana de marzo. Durante el primer mes del decreto de emergencia, según fuentes oficiales, el resultado de 683 operativos antidelincuencia fue 1.701 personas privadas de su libertad, de las cuales 615 tendrían antecedentes penales y 625 por sospecha, el resto son indocumentados y consumidores de droga.Sólo en la primera semana de vigencia del estado de emergencia en Guayaquil, 537 personas (principalmente jóvenes de sectores marginales) fueron aprehendidas en los operativos policiales y 47 en los operativos militares. La mayoría de ellas, por no portar documentos.Se recurrió nuevamente a los estados de excepción el 9 de marzo, pero esta vez en todo el país con el fin de contrarrestar el paro general de los días 10 y 11. Entre el 10 y el 20 de marzo, alrededor de 500 personas fueron detenidas en todo el país durante los paros y manifestaciones populares. Los siguientes hechos de arbitrariedad en el ejercicio del poder ocurrieron en Guayaquil. HOMICIDIO -El 10 de enero, durante un operativo frente a su domicilio ubicado en un sector suburbano de Guayaquil, Sergio Michael Zambrano, de 23 años, fue mortalmente herido en la espalda por un cabo de Policía. Sergio y su hermano Eduardo Zambrano se acercaron al patrullero para tratar de interceder por otro hermano menor de edad, quien momentos antes había sido herido en la pierna por un roce de bala, mientras éste y otro menor huían de la patrulla policial que intentó apresarles. Según el relato de un testigo, en ese momento Sergio fue golpeado en la cara con la cacha del revólver; esto le obligó a retroceder y, al voltearse, recibió un disparo cerca del hombro. -El 22 de enero, en el Guasmo Sur, mientras Carlos Jurado, en compañía de su esposa se disponía a guardar su taxi en el garage de su casa, el policía Luis Cuyán, en estado de ebriedad, casi provocó un choque; el incidente originó un cruce de palabras con el policía, quien se bajó del vehículo, golpeó a Jurado con la cacha del revólver y luego le disparó, causándole la muerte. También hirió a Manuel Espinoza, cuando éste quiso defender a su yerno. La Policía lanzó gases lacrimógenos contra los familiares y amigos. -En la madrugada del 28 de febrero, durante un operativo en el suburbio oeste, los miembros de una patrulla de la Armada Nacional dispararon y una bala impactó en el cuerpo de Joffre Rodríguez, de 17 años, causándole la muerte. Los familiares de Joffre aseguraron que el fallecido era estudiante nocturno y que éste salía de una fiesta de grado cuando fue mortalmente herido. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas dijo que los marinos dispararon para amedrentar a una pandilla juvenil. TORTURA -El 2 de febrero, elementos de la Marina dirigidos por Alex Casierra y policías detuvieron a Víctor Icaza, cerca de su vivienda ubicada en una zona suburbana de Guayaquil. El marino Alex Casierra acusó a Icaza de un presunto robo, ocurrido hace tres años. Los miembros de la Armada llevaron a Víctor en un camión de la institución hasta la Base naval San Eduardo. Durante el trayecto sus captores le agredieron mediante puntapiés y culatazos. Mientras se hallaba detenido en el recinto militar, a sus familiares y a un miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, fue negada información en relación a su paradero. Al día siguiente, Víctor fue ubicado en el Centro de Detención Provisional. Recuperó su libertad cinco días después cuando el causante de la detención desistió de la acusación, admitiendo que Víctor "no ha sido la persona que le ha robado". En seguida fue ingresado al Hospital hasta recuperarse de daños causados por los golpes recibidos en órganos genitales y tórax, mientras estuvo detenido en la Base naval. -Luis Farías, de 19 años, denunció al diario "El Universo" los apremios que sufrió el 19 de febrero. Siete infantes de Marina que patrullaban el sector suburbano le detuvieron en la puerta de su casa. En seguida, le ataron las manos y los pies, le taparon las fosas nasales y le vendaron los ojos. Lanzándole, boca abajo, en el balde de una camioneta oficial, le golpearon con un garrote en los glúteos, piernas y pies, mientras le pisaban las manos; también le pegaron con la culata del fusil. Fue obligado a autoinculparse del robo de un reloj; para evitar más torturas aceptó un delito que él no cometió. Cuando los marinos se percataron de un tatuaje con la leyenda "Comando", hecha durante el servicio militar, su comentario fue"Este es podrido en palo, no le duele nada". -El 6 de marzo, a la medianoche, mientras esperaba un carro para regresar a su casa después de libar con sus amigos, Cristóbal Chalén, de 23 años, sacó el reloj que llevaba y lo guardó; súbitamente apareció una camioneta con varios miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que realizaban un operativo de rutina por el puente de la calle Antepara, quienes le acusaron de robo del reloj y le llevaron en una camioneta, colocándole boca abajo. "Ahí comenzaron a golpearme con una manguera y cables; yo no podía levantar la cabeza, estuve más de media hora aguantando el castigo, mientras escuchaba que otras dos personas también eran maltratadas. Casi me desmayé. Fui llevado al sur de la ciudad; ahí me obligaron a hacer flexiones de pecho. Alrededor de las 3 y media de la madrugada, uno de los militares me puso una carabina en una de mis manos y me preguntó¿cuál dedo quieres que te vuele?; si no me dices, te dejaremos en el puente de la Perimetral, pero muerto. Yo nada le dije porque no aguantaba tanto palo que me habían dado. Ahí me dejaron y retorné a mi hogar en el Guasmo Sur". (Denuncia recogida por Diario Extra, 9-III-99). PROLONGADA INCOMUNICACION El 10 de febrero, en horas de la madrugada, el domicilio de la familia Castro Ovando fue violado por elementos del Grupo de Tarea Conjunta, quienes apresaron sin orden de autoridad a Iván Vargas y Roque Castro, acusándoles de presunta responsabilidad en el asalto al Banco Bolivariano, ocurrido en enero pasado. Desde el momento de su aprehensión éstos permanecieron bajo órdenes de inteligencia militar en la Base naval San Eduardo y luego en el Cuartel Huancavilca del Ejército; ahí fueron investigados. El 12 de febrero, Iván y Roque fueron mostrados en una rueda de prensa como "asaltantes del banco", luego entregados a la Policía. En las dependencias militares y de la Policía se negó información sobre su paradero. El 18 de febrero, sus familiares tuvieron acceso a los detenidos cuando éstos fueron pasados al Centro de Detención Provisional. Después de varios días recuperaron su libertad; según la investigación policial, no había pruebas en su contra.

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