INFORME SOBRE LA SITUACION DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL PERU DURANTE 1995 INTRODUCCION La violencia en el Peru ha disminuido sustancialmente durante este ultimo an~o. Desde todos los sectores del pais se reconoce esta situacion, que ha implicado una serie de cambios en la vida politica y el quehacer cotidiano de los peruanos. No menos cierto es que aun desarticulados en su aspecto fundamental los grupos terroristas no han desaparecido del todo y con ellos, subsisten en menor intensidad las acciones aisladas que causan gran destruccion al pais y temor en la poblacion. Asimismo, puede apreciarse una disminucion de las violaciones a los derechos humanos como producto del descenso de las acciones armadas. Sin embargo, a esta disminucion de desaparicion forzada de personas y de ejecuciones extrajudiciales, tambien hemos observado con indignacion la voluntad manifiesta de no investigar las violaciones los derechos humanos ocurridas durante estos an~os. En efecto, durante estos an~os diversas fueron las formas como se evito el juzgamiento y la sancion de los responsables de crimenes contra los derechos humanos. En varios casos se observo una clara voluntad de ocultar a los responsables, o juzgarlos en el fuero militar como si fuesen autores de delitos de funcion. Asimismo, se observaron casos en los que a traves de contiendas de competencia resueltas a favor del fuero militar se cortaba investigaciones contra militares en el Fuero Comun. No obstante ello, el hecho mas grave y que involucra a las mas altas autoridades gubernamentales del pais, se produjo recientemente, con la promulgacion de una ley de amnistia (conocida en el pais como ley de impunidad) que puso de manifiesto la voluntad del Gobierno de no investigar ni sancionar a los violadores de los derechos humanos en el pais a lo largo de estos 15 an~os. Esta ley de amnistia busca el olvido de una serie de crimenes cometidos por miembros de las fuerzas del orden a lo largo de estos an~os y cuestiona seriamente el compromiso del Gobierno Peruano para respetar los derechos humanos en el pais. ANTECEDENTES Luego de haber alcanzado cifras alarmantes en los primeros an~os de esta decada, los casos de ejecuciones extrajudiciales en el pais han sufrido una disminucion considerable en este ultimo an~o. En efecto durante 1990, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reporto 82 casos de personas ejecutadas extrajudicialmente en distintas zonas del pais[1]. Un an~o sumamente violento y de fuerte presencia senderista que resulta particularmente interesante pues si bien disminuyo el numero de personas desaparecidas; aumento el numero de ejecuciones sumarias respecto del an~o anterior (39 casos mas). Los multiples asesinatos en Huancayo, Ayacucho y otras zonas del pais daban cuenta de lo que fue catalogado como un "cambio perverso: asesinar en vez de desaparecer"[2]. Durante 1990 se produjo el cambio de Gobierno de Alan Garcia al Ingeniero Alberto Fujimori pero esto no hizo variar sustancialmente esta situacion. Para 1991 la cifra siguio en aumento y llego a 99 casos debidamente documentados[3]. Particularmente grave fue el asesinato de 17 personas en una fiesta por parte de un escuadron de la muerte (Matanza de Barrios Altos). El proceso seguido contra los miembros del grupo Colina, responsables de esta matanza, se encontraba en investigacion pero producto de la ley de amnistia la Corte Suprema habria decido archivarlo (segun informaciones periodisticas difundidas el 19 de octubre del presente an~o, la Sala Penal de la Corte Suprema habria tomado tal decision, sin embargo no existe aun notificacion oficial a los abogados). La cifra de ejecuciones iban en aumento, asi en 1992, an~o en que se produjo el autogolpe del Presidente Fujimori cerrandose el Congreso de la Republica y el despacho judicial, los casos llegaron a sumar 114. Gran parte de estos casos ocurrieron en la sierra central y en el norte del departamento de Lima. Ademas este an~o se produjo el vergonzoso caso de "La Cantuta", en el cual fueron secuestrados y luego asesinados un profesor y nueve estudiantes de esa casa de estudios por miembros de las fuerzas del orden ("Grupo Colina"). Fueron an~os sumamente violentos en el que las victimas iban en aumento. Si bien, varios de estos casos habian pruebas contundentes, que involucraban a miembros de las fuerzas del orden las investigaciones sufrieron serias limitaciones y obstaculos. Finalmente con la ley de amnistia se puso fin a toda investigacion y sancion de los responsables. En 1993, el numero de casos disminuyo a 34 en su mayoria provenientes de Junin, La Libertad y Lima. y para 1994 se reportaron 38 denuncias de ejecuciones extrajudiciales la mayoria de ellos campesinos que fueron victimados en el conocido operativo "Aries" en el Alto Huallaga. Asimismo puede apreciarse el extenso informe del relator especial para ejecuciones extrajudiciales en su visita al Peru, en el cual se detallan una serie de casos que no han sido resueltos y en los cuales el Gobierno no ha sabido dar una explicacion clara de lo ocurrido. CASOS REPORTADOS EN 1995 1.- Pomatanta Alvarran, Indalecio (17) Militares lo quemaron vivo. El hecho ocurrio el dia 02 de Abril de 1995, en el Departamento de Ucayali ubicado en la selva peruana. A las 06:00 a.m. aproximadamente, alrededor de 15 efectivos de la Marina de Guerra del Peru que realizaban un operativo "rastrillaje", llegaron al domicilio de la Familia Pomactanta ubicado en el distrito de Padre Abad, en el kilometro 99 de la Carretera Jorge Basadre. Luego de ingresar al domicilio sin mediar explicacion alguna, obligaron a los padres y hermanos de Indalecio a salir al exterior de la casa y ponerse en posicion de cubito ventral. Solo quedo en el interior del inmueble, Indalecio a quien interrogaron por varios minutos los efectivos militares. Segun denuncia el sen~or Juan Pomactanta, padre de Indalecio, al levantar la cabeza (estaba tendido en el suelo) vio que su casa estaba siendo incendiada y luego vio a su hijo envuelto en llamas que corria desesperadamente hacia los matorrales. Todavia con vida, Indalecio fue trasladado al Hospital Regional de Pucallpa, falleciendo el 06 de Abril como consecuencia de las graves heridas sufridas. El informe medico sen~ala que murio debido a un shock septico debido a que el 65% de su cuerpo presentaba quemaduras. El menor Indalecio fue victimado salvajemente delante de sus padres y sus dos hermanos quienes presentaron la denuncia respectiva. El trabajaba como agricultor junto con sus familiares. 2.- Jhoel Huaman Garcia (19) Muerto en dependencia policial. El 26 de Mayo de 1995, el joven Jhoel Huaman fue detenido por miembros de la Policia Nacional, cuando se encontraba en el Instituto Superior Pedagogico de Pasco "Gamaniel Blanco Murillo". El habia sido denunciado por delito de lesiones y robo de un arma de fuego. El denunciante lo implica unicamente por tener el cabello parecido a una de las personas que lo asaltaron. Ese mismo dia los familiares y el fiscal de turno constataron que Jhoel se encontraba en buen estado fisico. Al dia siguiente, por la man~ana sus familiares acuden a la dependencia policial pero alli les informan que habia sido trasladado al Hospital muy grave. Al llegar al Hospital les informan que el estudiante habia llegado cadaver, la causa de la muerte era traumatismo multiple por objeto contundente. Inicialmente, se fraguo una necropsia donde no aparecia la causa de la muerte a pesar de las lesiones evidentes que mostraba el cuerpo. Las crueles torturas a que fue sometido causaron la muerte del joven. El hecho viene siendo investigado por el juzgado penal de Pasco contra los efectivos policiales Edson Condor Arredondo, Rolando Huere Ore y Wilson Torralva Davila. 3.- Wilder Alex Osorio Palacios (21) deportista levado arbitrariamente por militares y asesinado en circunstancias extran~as. El 14 de mayo de 1995, Wilder Osorio fue levado por personal militar junto con otros 40 jovenes de una discoteca ubicada en la localidad de Cerro de Pasco. El joven Wilder estaba divertiendose con amigos en dicha discoteca cuando de pronto ingresaron militares y policias y detuvieron a todos los presentes. Los que mostraron sus documentos de identificacion tambien fueron detenidos y llevados a la dependencia policial y luego trasladados a la base militar de la zona. Wilder y los demas muchachos fueron victimas de insultos y maltratos y luego de una seleccion medica preliminar un grupo reducido, entre los que se encontraba Wilder, fue conducido al Hospital de Pasco para un examen medico mas minucioso. Al cabo de unas horas el carro portatropas regreso sin Wilder, quien habia sido internado en el Hospital gravemente herido. Segun las fuentes militares "se arrojo del camion militar en marcha". Segun los informes medicos el cadaver de Wilder Osorio presenta multiples fracturas en el craneo y hematomas en la espalda que no corresponden a una caida sino a golpes con objetos contundentes. Los demas detenidos no quieren atestiguar pues temen por sus vidas. Posteriormente, la familia Osorio ha recibido amenazas y han habido claras interferencias de bloquear las investigaciones. Parece ser que los propios militares temen que se sepa la verdad de los hechos, situacion que compromete a toda la institucion. Esta practica de detener (levar) de manera ilegal y abusiva a los jovenes en edad militar, para enrrolarlos en el servicio militar obligatorio, se ha vuelto muy difundida. En este caso ha cobrado una victima. Los medios de comunicacion resaltaron este hecho que a todas luces merece ser investigado, sancionando a los responsables. 4.- Jose Eugenio Chamaya Rumacharis Civil muerto en una comisaria policial en Lima. Jose Eugenio Chamaya Rumacharis, fue detenido por efectivos policiales de la comisaria de Santa Felicia, cuando realizaba servicio de taxi a dos adolescentes en las inmediaciones del distrito de La Molina. Fue llevado a la comisaria de la zona y sometido a maltratos fisicos, ocasionandose la muerte del mismo por un paro cardiaco que le sobrevino luego de haber sido sumergido reiteradamente en agua. Por orden de la Fiscal Flor Alva, titular de la 40 Fiscalia Provincial Penal de Lima, se traslado el cadaver a la Morge de Lima, donde el resultado de la necropsia fue muerte por traumatismo toraxico, politraumatismo abdominal y asfixia por sumersion. Los presuntos responsables de este homicidio son el suboficial PNP Aldo Sucno Luna y el teniente PNP Jose Zevallos Ortiz. Ambos policias fueron puestos a disposicion de la 40 Fiscalia en lo Penal de Lima. 5.- Amenazas a activistas de derechos humanos. Los activistas de derechos humanos han sido objeto de amenazas directas por el ejercicio de la profesion. Durante el proceso judicial del caso de Barrios Altos, no se hicieron esperar las amenazas contra las victimas, sus familiares y abogados, que se produjeron inmediatamente despues de la decision de la juez de declarar inaplicable la ley de amnistia. Asi, la Dra. Gloria Cano Legua abogada de Tomas Livias Ortega, uno de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos, recibio una llamada telefonica anonima el 10 de julio, a las 10 am. aprox., y le dijeron "No te metas con los militares, no te metas con los militares, mira que te vamos a chapar, te vamos a hacer el amor y vas a saber lo que es bueno". El numero telefonico de la Dra. Gloria Cano tiene menos de dos meses de instalado y muy pocas personas lo conocian. Pero no son estas las unicas amenazas que se han suscitado luego de la ley de Amnistia. El abogado de la Vicaria de la Solidaridad de la Prelatura de Juli, organismo de derechos humanos de la iglesia en Puno, Tito Guido Gallegos Gallegos recibio una carta y varias llamadas telefonicas anonimas con amenazas de muerte si no detenia su trabajo de defensa legal a victimas de violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la abogada de la Asociacion Nacional de Familiares y Victimas del Terrorismo, organizacion integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Dra. Juana Angelica Matias Ronceros, quien venia patrocinando a dos oficiales militares y un civil contra quienes se habia abierto proceso judicial por denunciar actos de corrupcion dentro del Ejercito, tambien fue objeto de actos de amedrentamiento desde mayo de este an~o. Ella recibio la visita en su domicilio de Miguel Rios Saenz, conocido como "Chito Rios", a quien conocio durante sus estudios universitarios. El se presento como personal del Servicio de Inteligencia Nacional y le pidio que le informara sobre el paradero de sus patrocinados, a lo cual se nego. En un primer momento le ofrecio dinero por la informacion, pues segun le manifesto con eso podia obtener una beca. Al no recibir la informacion, en actitud intimidatoria, le dijo que habia intercedido por ella para que no fuera desaparecida, ya que tal era la intencion del Servicio de Inteligencia. A partir de entonces, empezo a recibir amenazas escritas. 15 dias despues, dejaron bajo su puerta una hoja bond con una nota en maquina de escribir que decia "CUIDATE. CUIDATE MUCHO". El 20 de mayo, otra que decia "FALTA POCO TIEMPO". El 4 de junio, otra que decia "PROHIBIDO ENSUCIAR PENA DE MUERTE". El 20 de junio, una hoja bond en blanco. El 22 de junio, un familiar suyo recibio una llamada telefonica de un tal suboficial Wilson Vilcaburu, dejando un numero telefonico para que devolviera la llamada. Al devolver la llamada, le indicaron que contestaba el Cuartel Militar de Barbones, sin dar razon del suboficial Vilcaburu. Al verificar el numero con la compan~ia de telefonos, le indicaron que el numero telefonico del Cuartel era otro. Finalmente, el 16 de noviembre de 1995, aproximadamente a las 19.40 de la man~ana, en la sede de la Asociacion Pro Derechos Humanos, organizacion miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se recibio de manos de una sen~ora un arreglo floral funebre en forma de una cruz, el cual estuvo acompan~ado de un sobre conteniendo una tarjeta que indicaba textualmente la amenaza siguiente: I N M E M O R I A M En recuerdo de los que fueron y por la eterna calcinacion de sus restos: NADA SOMOS. * J. DIEZ CANSECO T. * S. VILLARAN * F. SOBERON * H. PEASE * E. DE LA JARA * G. ORTIZ * R. CONDOR * R. ROBLES * H. BENITEZ * G. MOHME CON MUCHO RECUERDO DE LA COMUNIDAD COLINA En la lista estan mencionados tres parlamentarios del sector de oposicion (Javier Diez Canseco T., Henry Pease y Gustavo Mohme), tres dirigentes de organizaciones de derechos humanos (Susana Villaran, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Soberon, Presidente de la Asociacion Pro Derechos humanos, y Ernesto de la Jara, Director del Instituto de Defensa Legal), dos familiares de victimas de violaciones de derechos humanos (Gisela Ortiz y Raida Condor), un abogado particular defensor de victimas de violaciones de derechos humanos (Heriberto Benitez) y un General en retiro del Ejercito Peruano que hizo denuncias de violaciones de derechos humanos (Rodolfo Robles). Por las caracteristicas de la amenaza esta provenia del grupo paramilitar "Colina", responsable de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas el asesinato multiple de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzman y Valle "La Cantuta". PREOCUPACIONES CONSTANTES Como lo han sen~alado reiteradamente en sus informes el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, continuan produciendose, aunque en menor medida, este tipo de practicas al amparo de los estados de emergencia aun vigentes en gran parte del territorio nacional y como parte de una actuacion indiscriminada de las fuerzas del orden, sin ningun control judicial efectivo. Asimismo, puede observarse que los miembros de las fuerzas del orden continuan actuado bajo la logica de la lucha antisubversiva y vienen causando victimas inocentes entre ciudadanos peruanos especialmente jovenes. Las amenazas a ciudadanos y las muertes producidas en dependencia policiales dan cuenta de una actitud reiterada de no respetar las mas elementales garantias que tienen todos los ciudadanos en el pais. Las investigaciones en curso para dar con los responsables de violaciones a los derechos humanos han sido quebradas con la promulgacion de la ley de Amnistia promulgada el 15 de Junio de 1995. Esta amnistia ha sido invocada en diversos procesos penales contra responsables de violaciones a derechos humanos para acogerse a ella. Por estas consideraciones, es importante que el relator de ejecuciones extrajudiciales pueda emitir un informe especial que de cuenta de la manera en que se viene aplicando las recomendaciones que formulara con motivo de su visita en 1993. Asimismo se pueda realizar un informe sobre la ley de amnistia y la ley interpretativa y sus implicancias en la comunidad internacional. Notas Finales 1. Ver informe sobre la situacion de los derechos humanos en el Peru en 1990. CNDDHH p.12. 2. Op.Cit. p.7. 3. Ver informe sobre la situacion de derechos humanos en el Peru en 1991. p.32.